En columna diversa “Una Reforma Laboral Eclipsada”, escrita hace un par de meses, esta autoría expuso que sería titánicamente difícil cumplir con los términos determinados en el decreto del primero de mayo del año pasado, ¿esto por qué?, pues por la sencilla razón de que el año pasado no sabíamos que una pandemia azotaría al mundo entero, los sistemas de impartición de justicia no fueron la excepción.
Tal es el caso que, hacia finales del mes pasado, Esteban Martínez, titular de la Unidad de Enlace para la Reforma del Sistema de Justicia Laboral, anunciaba que ahora serían ocho y no diez los estados que deberán cumplir con el plazo establecido, mismo que estipulaba que debiera ser en octubre de 2020 cuando Baja California Sur, Chiapas, Tabasco, Durango, Estado de México, Guanajuato, Hidalgo, San Luis Potosí, Tlaxcala y Zacatecas ya tuvieran listos para entrar en funciones sus Centros Estatales de Conciliación y Registro Laboral, así como sus Juzgados Laborales adscritos al Poder Judicial de cada entidad.
Bien, pues se ha decidido que Campeche, Chiapas, Durango, Estado de México, Hidalgo, San Luis Potosí, Tabasco y Zacatecas, sean las Entidades Federativas que den nacimiento a la primera etapa de implementación de la Reforma Laboral, aunque con el detalle de que no será sino hasta noviembre de 2020 el plazo para dar cumplimentación, dejando fuera de este término a Baja California Sur, Guanajuato y Tlaxcala, quienes se sumarán a las dos etapas restantes (octubre de 2021 con trece estados y mayo de 2022 con los once restantes).
Lo anterior, solo esta evidenciando lo que era de anticiparse; el COVID-19 ocasionará que algunos plazos establecidos para la implementación de la Reforma Laboral se vean modificados y esto no es responsabilidad de ningún gobierno, de ninguna vertiente política, se trata de una causa de fuerza mayor. Lo que es incorrecto, es negar que algunas modificaciones son necesarias y que probablemente no se cumpla con todos los “deadlines”.
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La situación merece un análisis con mucho mayor detenimiento, con mayores prioridades a las simplemente asignadas por un cronómetro político internacional, entiéndase; cumplir con los compromisos adquiridos para el TMEC, ¿en realidad es suficiente solamente un mes más para que los Estados definidos cumplan el resto de los mandatos?, ¿no será esta la primera de muchas acciones postergadas? Esta Reforma tiene la oportunidad de subsanar todos los defectos que guardaban los sistemas anteriores de impartición de Justicia Laboral, pero debe llevarse a cabo con cuidado, aceptando que habrá imprevistos como esta pandemia y no dejándose presionar por los mismos, ya que pudiera generar más errores que aciertos e involuntariamente quizás, caer en las deficiencias que estamos tratando de eliminar en los nuevos sistemas, coloquialmente diríamos: “no por hacerlo rápido, lo hagamos mal”.
