Un tema recurrente en eventos académicos, espacios de debate, blogs y hasta charlas, es la crisis de la democracia o el desencanto social respecto de lo político. No son pocos los ensayos y artículos de opinión en que se aborda esta situación. Sin embargo, a la hora de reformar la norma, el enfoque legislativo suele obviar el contexto social.
Una idea común entre quienes hemos participado en distintos procesos electorales es que ninguna elección se parece a otra. Todas son diferentes. Tienen sus propias condiciones, méritos y deméritos.
Así, no es extraño que al concluir una elección se convoque a espacios de análisis y reflexión sobre la experiencia del proceso comicial, en los que se abordan temas encaminados a “perfeccionar” el marco normativo que los rige.
El proceso 2017-2018 no es la excepción. Siguiendo la lógica señalada, a principios del pasado mes de junio iniciaron los trabajos del Foro para la Reforma Electoral y del Estado, convocado por la Cámara de Diputados, cuyo eje de análisis es avanzar hacia la consolidación de un sistema democrático eficiente y más económico.
Entre los puntos a considerar, de arranque, está disminuir la integración del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) y la desaparición de los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLES). Propuestas que se inscriben en la política de austeridad que abandera el actual proyecto de gobierno nacional.
La idea de concentrar en el INE la organización y desarrollo de las elecciones federales y de 32 entidades federativas se ha justificado argumentativamente en la necesidad de tener procesos electorales austeros y eficientes. Reducir costos y aprovechar los recursos para la atención de otras necesidades sociales (obra pública, servicios, etcétera).
Como se podía esperar, durante las sesiones del Foro hubo posiciones a favor y en contra de los ejes temáticos que sustentan la propuesta de reforma, según el bagaje y ángulo de cada analista.
Naturalmente, la función esencial del Congreso es la legislativa y, en ejercicio de la misma, debe crear, actualizar y completar la normativa que rige un determinado aspecto de la vida social.
Tratándose de la materia electoral, sería ideal que cualquier modificación estuviera precedida de un análisis integral para detectar los supuestos que ameritan ser corregidos, las causas generadoras de la problemática y estar en condiciones de adoptar una medida adecuada.
Sin embargo, en este proceso la atención se ha centrado sobre la existencia e integración de las instituciones electorales, lo cual tiene un componente político y una finalidad económica, pero no necesariamente reportará beneficios en la organización y desarrollo de las elecciones.
Dicho en otras palabras, una cosa es eficientar recursos, lo cual obedece a razones económicas, y otra muy distinta es buscar que los procesos electorales sean eficaces.
Por ello, habría que dimensionar y precisar el objeto de la reforma en curso. Si de lo que se trata es mejorar el diseño institucional y el esquema organizativo de los comicios, no basta con adelgazar la estructura electoral.
Además, el proceso de reforma no puede abstraerse del contexto social. Ninguna modificación legislativa, por positiva que se considere, será suficiente para cambiar la percepción y entendimiento del sistema democrático electoral.
En México, como en varios países del orbe, tenemos un esquema formal de elecciones que, en cierta medida, respondió a movimientos políticos sociales de las tres últimas décadas del siglo anterior. El énfasis se ha dado en el establecimiento de un marco regulatorio, la creación de autoridades, así como la definición de etapas y procedimientos.
Con el devenir, ese modelo no ha respondido a las exigencias de una sociedad cambiante. La incorporación de nuevas generaciones a la base de electores y electoras con una mayor expectativa sobre los comicios, así como la diversificación de los canales de comunicación, ha alterado la percepción sobre los procesos electorales y sus resultados.
Cada vez es más frecuente escuchar referencias a una crisis de la democracia. El Informe Latinobarómetro 2018[1] reporta la situación en que se encuentran los sistemas de la región. Conforme a ese instrumento, la confianza en autoridades electorales, partidos políticos, Gobierno y Congreso ha tenido una tendencia a la baja en los últimos años.
Los bajos niveles de aceptación y confianza revelan desunión entre el sistema político-democrático y las necesidades sociales, lo que ha pasado factura al propio sistema. En suma, porque la elección de representantes populares no ha tenido como consecuencia una efectiva incidencia en el rumbo del país.
“Hoy como nunca es necesario asumir que la mejora de los procesos electivos no sólo implica la revisión de la legislación comicial. Se requiere revisar en forma integral el sistema político a la luz del contexto social vigente, sin perder de vista los instrumentos que dirijan a la ciudadanía hacia el ejercicio responsable e informado de sus prerrogativas y deberes.”
Por supuesto, la apreciación negativa involucra a instituciones electorales y los procedimientos seguidos para la elección de representantes populares, pero también incluye a actores políticos, gobiernos y la evaluación del desempeño de la función pública.
Por ello, hoy como nunca es necesario asumir que la mejora de los procesos electivos no sólo implica la revisión de la legislación comicial. Se requiere revisar en forma integral el sistema político a la luz del contexto social vigente, sin perder de vista los instrumentos que dirijan a la ciudadanía hacia el ejercicio responsable e informado de sus prerrogativas y deberes, no sólo cuando se trate de la emisión de un sufragio.
Aunque suene utópico, es menester idear un mecanismo de reconexión entre política y ciudadanía. Asumo que no es una tarea sencilla, pero de no hacerlo y continuar la tendencia a la baja, la percepción negativa tomará nuevas formas que, eventualmente, afecten incluso la renovación de cargos públicos.
[1] Disponible en: http://www.latinobarometro.org/lat.jsp
