El gobierno de Veracruz asumió la responsabilidad institucional por la tortura y ejecución de cinco jóvenes que fueron detenidos arbitrariamente por policías estatales coludidos con el cártel Jalisco Nueva Generación en el municipio de Tierra Blanca.
“Reconocemos que el Estado les falló”, aseveró el día de ayer en el Acto de Reconocimiento de Responsabilidad y Disculpa Pública encabezado por el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez, que se llevó a cabo en el Museo de Memoria y Tolerancia en la CDMX.
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Por los crímenes contra Susana Tapia Garibo, José Alfredo González Díaz, Mario Arturo Orozco Sánchez, José Benítez de la O y Bernardo Benítez Arróniz, el gobernador añadió, “no hubo capacidad de darles seguridad ni proteger a sus jóvenes. Todos deben saber que elementos de seguridad de Veracruz detuvieron arbitrariamente y desaparecieron a sus hijos, dejándoles a ustedes un inmenso dolor (…). Hoy reconocemos públicamente la responsabilidad del estado y su gobierno”.
El acto se dio a consecuencia de la recomendación que hizo la Comisión Nacional de Derechos Humanos y al dictamen de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, y en especial a las familias de las víctimas.
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Ante familiares, funcionarios del gobierno federal, CNDH, CEAV y FGR, miembros de organizaciones civiles y de la Oficina en México del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, el gobernador ofreció disculpas por las siguientes razones:
“Porque no se detuvo a tiempo la colusión entre policías del estado y el crimen organizado; por el sufrimiento que vivieron los cinco jóvenes; porque no regresaron a sus hogares; por la impunidad; por los obstáculos que han enfrentado las familias en su búsqueda de justicia; por la falta de una respuesta estatal diligente frente a esos crímenes; por el intento de criminalizar a los muchachos (al relacionarlos con grupos delincuenciales), y porque la estructura del gobierno estatal ocultó y tergiversó la verdad.”
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Y reconoció la inocencia de los jóvenes que murieron a manos de los miembros de la policía estatal.
Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, aceptó que miles de casos más son ejemplo de la colusión del crímen organizado con autoridades en todos los niveles de gobierno.
Sin embargo, afirmó que “no seguirá sucediendo. Este país ya cambio y el primer paso es que esta autoridad asuma su responsabilidad”, también dijo que la disculpa pública no repara el daño, pero es importante para construir un Estado más justo y combatir la violación a los derechos humanos.
