Finalmente, la Cámara de Diputados aprobó sin cambios la Reforma Fiscal-Penal que modifica la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, la de Seguridad Nacional, el Código Nacional de Procedimientos Penales, el Fiscal de la Federación y el Penal Federal, para combatir la defraudación fiscal, la emisión de facturas falsas y las empresas fantasma, conductas que ahora serán delitos graves de delincuencia organizada con prisión preventiva oficiosa. A pesar de que algunas organizaciones empresariales y profesionales señalaron que se trata de una reforma con la que se corre el riesgo de que la autoridad actúe de forma arbitraria y discrecional y la convierta en un instrumento de persecución y terrorismo fiscal y desaliente la inversión, no hubo ni un paso atrás. Expertos fiscalistas acusaron al gobierno de utilizar indebidamente la vía penal como medio de recaudación; además de que, sin revisar el funcionamiento de la administración pública, será poco efectiva y generará esquemas de corrupción y abuso de autoridad más robustos. La Coparmex acusó a los legisladores de dar “atole con el dedo”, enfatizando que los legisladores hicieron caso omiso a las propuestas del sector empresarial e informaron que de ser aprobada la reforma presentarán amparos y acudirán a instancias internacionales de protección de derechos humanos, a pesar de asegurar que están a favor del combate a las empresas fantasma, defraudadores y factureras. Los reclamos de los empresarios ni siquiera inmutaron al secretario de Hacienda, Arturo Herrera Gutiérrez, ni mucho menos al presidente, López Obrador, quien dijo que lo único que demostraban era que estaban de acuerdo con esos ilícitos, aunque no señaló a nadie, reiterando que no es un tema legal, sino moral. Mientras tanto la liguita se sigue estirando con un desencuentro más entre el gobierno y los empresarios.
