Hoy en día, existen programas de cómputo que pueden predecir los resultados de un juicio con una precisión absoluta, también existen algoritmos capaces de revisar contratos con una efectividad superior a la de abogados experimentados y, con lo populares que son los juicios “en línea”, se están creando “apps” que litigan más rápido que cualquiera de nuestros colegas.
Los avances tecnológicos han hecho que muchos técnicos afirmen que se podrá programar un sistema que sustituya a los “abogados”. Los empresarios reciben con aplausos estas propuestas y los estudiantes de Derecho (así como aquellos colegas recién egresados), sufren de ansiedad porque sienten que se van a quedar sin “chamba”. Después de todo, si un robot puede hacer nuestro trabajo entonces, ¿qué significa esto de ser jurista en el siglo XXI?
Aquellos que entendemos la práctica de la profesión jurídica, así como la tecnología actual, sabemos que la idea de sustituirnos con una máquina es, cuando menos, ilusa. Sin embargo, el estado que guarda la tecnología invita a esbozar algunas consideraciones filosófico-jurídicas para tratar de determinar la forma en la que nuestra profesión debe evolucionar acorde con nuestra sociedad.
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Para contestar la pregunta planteada, propongo que partamos de la siguiente definición inspirada en los escritos del maestro Luis Recaséns Siches. Jurista es la persona que estudia e interpreta una norma jurídica vigente en un tiempo espacio determinados, desentrañando su significado y sentido para aplicarla a un caso concreto, con el objetivo de alcanzar justicia en las relaciones sociales.[1]
De acuerdo con la definición anterior, el primer paso para un jurista es entender la conducta sujeta a análisis para identificar la norma positiva aplicable a la misma. Después, el jurista debe de interpretar dicha norma, es decir, debe desentrañar y entender su significado, extrayendo el contenido normativo para delinear las consecuencias legales que, de manera implícita o explícita, el Derecho atribuye a la conducta sujeta a su análisis. Habiendo hecho esto, el jurista debe aplicar la norma interpretada, el material jurídico extraído y las consecuencias de Derecho, al caso concreto que se analiza. Esto debe hacerse de una forma precisa, armónica y coherente con la totalidad del orden jurídico positivo vigente y con un objetivo claro, el de alcanzar la justicia en las relaciones sociales.
Así, tenemos que la justicia es la brújula que orienta al jurista. Esta última característica, en mi opinión, es la más importante para el ejercicio de la profesión en el siglo XXI. La sociedad demanda que seamos garantes de la justicia en las relaciones sociales. No importa el tipo de Derecho que se practique, tenemos el deber ético de preguntarnos si nuestra interpretación legal, además de ser fundada e idónea, apunta a la construcción de una sociedad más justa.
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Este principio es el que nos diferenciará de las máquinas y su aplicación será nuestra responsabilidad profesional absoluta. Los colegios de abogados deben de incluir estas consideraciones en su códigos de ética, los gobiernos locales y el gobierno federal deben colaborar con la construcción de un sistema de colegiación que asegure que la práctica de la profesión se ejerce acorde con estos principios y los juristas debemos de preguntarnos, en cada momento, si la interpretación y aplicación que hacemos de la norma se adapta este requisito fundamental.
Cumplir con este marco ético es lo que nos llevará al debido ejercicio de la profesión en el nuevo milenio.
[1] Cfr, Recaséns Siches, Luis, ¿En qué consiste esto de ser jurista?, Ciudad de México, Ediciones Coyoacán, 2014, pp. 13-18, 37.
