No es ningún secreto que el nuevo gobierno tiene muchos retos por afrontar. Para ello, seguramente se discutirán modificaciones a la legislación mexicana. Sin embargo, cualquier alteración a las leyes vigentes debe ser reflexionada y analizada detalladamente, en especial si se trata de cambiar la normatividad fiscal.
Las reformas en materia fiscal tradicionalmente se perciben como un tema sensible, independientemente de complejo. A lo largo de los años, los gobernantes en México y en el mundo han sido cuidadosos con las modificaciones a las leyes tributarias, precisamente para evitar el descontento de los electores que votaron por ellos.
Si se plantean modificaciones que buscan una mayor recaudación, ya sea a través de la creación de nuevos impuestos o mediante el aumento de los ya existentes, los gobernados sopesarán si la propuesta es justa, para posteriormente acceder a cumplirla. De lo contrario, la insatisfacción de los contribuyentes incrementará y surgirán los problemas sociales.
Debido a lo anterior, las propuestas de reformas fiscales deben ser planteadas por expertos y meticulosamente estudiadas para lograr que sean exitosamente aceptadas y obedecidas por los gobernados. No obstante, la necesidad de implementar cambios rápidos trae aparejado que en muchas ocasiones se expidan leyes defectuosas e ineficaces.
Por ejemplo, en el último trimestre del año pasado, en México se propuso una nueva ley para gravar ingresos procedentes de servicios digitales. Es evidente que la iniciativa de esta ley fue presentada de manera apresurada y sin un análisis escrupuloso de las implicaciones que podría tener una propuesta de este tipo.
Lo anterior, sin menoscabo de que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (ocde) aconsejó esperar a imponer este tipo de gravámenes hasta que se alcanzara un consenso más global, proyectado para 2020.
En resumen, la propuesta señala que su objeto es gravar los ingresos por la prestación de ciertos servicios digitales, evitando así que las empresas que prestan este tipo de servicios no paguen impuestos en México.
Es importante mencionar que la iniciativa es una copia defectuosa de una Directiva diseñada por la Comisión Europea (órgano responsable de elaborar propuestas de nueva legislación en la Unión Europea). En efecto, derivado de las presiones de los países miembros de la Unión Europea por implementar medidas unilaterales para gravar ciertos servicios digitales, la Comisión Europea presentó un paquete de propuestas, en las que se incluye una solución provisional mediante la implementación de un impuesto a servicios digitales. Sin embargo, independientemente de que esta propuesta ya ha sido tildada por algunos de insuficiente y populista, el proyecto está pensado exclusivamente tomando en consideración las características específicas de la Unión Europea.
Por ello, la iniciativa presentada ante el Congreso de la Unión, no tiene futuro en México. Además, la propuesta tiene un grave error que la torna absolutamente ineficaz para lograr el objetivo que se propone. A diferencia de la propuesta europea, el proyecto mexicano utiliza como único criterio de vinculación la residencia y la existencia de un establecimiento permanente en México (concepto definido en la normatividad fiscal).
En otras palabras, las empresas extranjeras (no residentes en México) que presten servicios digitales y que no tengan presencia en el país a través de un establecimiento permanente, no van a estar obligadas a pagar el nuevo impuesto que se propone. Este es sólo un ejemplo de muchos que nos recuerdan que es necesario diseñar leyes que hayan sido esbozadas y analizadas por especialistas.
En materia fiscal, la economía global exige que las reformas sean pensadas en esos mismos términos. Debe existir coordinación y coherencia entre las leyes tributarias de diversos países, si realmente se pretende evitar la elusión y evasión de impuestos. Por ello, México no debe actuar motu proprio con iniciativas deficientes y unilaterales que lo único que ocasionan es complejidad en el sistema impositivo, incertidumbre legal, mayores cargas administrativas y que inclusive desalientan la inversión, la innovación y el crecimiento económico.
Ahora bien, la nueva administración ha manifestado, desde antes de tomar posesión, que no habrá reformas fiscales ni nuevos impuestos. Sin embargo, es iluso pensar que las leyes fiscales se van a quedar estáticas. Por eso, cualquier propuesta de reforma deberá tener una base sólida si pretende ser exitosa. No hay que olvidar que en el sexenio anterior, las reformas que entraron en vigor en 2014 dieron lugar a la presentación de un sinnúmero de amparos y aunque en su mayoría las reformas de 2014 fueron avaladas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en última instancia, no debe pensarse que este escenario vaya a repetirse en este nuevo sexenio.
“En el último trimestre del año pasado, en México se propuso una nueva ley para gravar ingresos procedentes de servicios digitales. Es evidente que la iniciativa de esta ley fue presentada de manera apresurada y sin un análisis escrupuloso de las implicaciones que podría tener una propuesta de este tipo.”
