Marco A. Ríos
Luego de un polémico y complicado proceso para su elaboración y aprobación, finalmente el pasado mes de mayo el Presidente de la República promulgó la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Destacó que cierra espacios de opacidad y discrecionalidad, al mismo tiempo que abre una nueva etapa de transparencia y rendición de cuentas en todo el país. Acompañado por representantes de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Gobiernos estatales y del Distrito Federal (DF), órganos autónomos, partidos políticos, legisladores y representantes de la sociedad civil, el Primer Mandatario los exhortó a trabajar juntos para hacer del servicio público una actividad más abierta y más cercana a los ciudadanos. Los conminó a lograr que la gestión pública sea más transparente a fin de generar mayor confianza en la democracia.
El Presidente Enrique Peña Nieto aseguró que con este nuevo ordenamiento legal, México fortalece y amplía los mecanismos de acceso a la información en todo el país. Tras señalar que esta Ley es un avance institucional muy significativo, toda vez que la transparencia y la rendición de cuentas son indispensables para generar confianza y seguir perfeccionando nuestra democracia. El Primer Mandatario subrayó, “la transparencia es sólo uno de los elementos de un paradigma más amplio: el Gobierno Abierto”. Asegurando que los mexicanos tienen derecho a conocer cómo y en qué se invierten los recursos públicos; qué hacen sus autoridades y cuáles son sus resultados.
Explicó EPN que los Gobiernos Abiertos son la nueva frontera de la democracia, un modelo colaborativo que transforma el modo en que interactúan ciudadanos y autoridades. En él, añadió, “se requieren sociedades democráticas, gobiernos transparentes y tecnologías que los acerquen. Es un paradigma de autoridades proactivas, que publican la información en formatos útiles y amigables, incluso antes de que les sea solicitada”. Se trata, explicó, de un paradigma de ciudadanos con espíritu constructivo, que aprovechan la información para generar conocimiento, soluciones y aplicaciones de beneficio social. “Es el nuevo estándar de corresponsabilidad al que aspiran los gobiernos y sociedades del mundo, y en el que México hoy tiene una responsabilidad mayor, como Presidente de la Alianza para el Gobierno Abierto”. La transparencia, comentó, fomenta la honestidad y la integridad en el servicio público, ayuda a prevenir y a combatir la corrupción, promueve la responsabilidad y la eficacia en la gestión pública, y empodera a los ciudadanos para evaluar a sus autoridades y exigirles que rindan cuentas. El Presidente refirió que, congruente con ello, en febrero pasado expidió el Decreto por el que se Establece la Regulación en Materia de Datos Abiertos. De esta forma, se pondrá a disposición de la población, de manera digital y en línea, la información de carácter pública generada por las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal. “Estoy seguro de que la Ley General que hoy se promulga permitirá que no sólo el Gobierno de la República, sino el Estado mexicano en su conjunto, adopte el nuevo paradigma de los Gobiernos Abiertos”, resaltó.
Los mexicanos tienen derecho
a conocer cómo y en qué se
invierten los recursos públicos;
tienen derecho a saber qué
hacen sus autoridades y
cuáles son sus resultados.
El Acceso a la Información es un Derecho Humano
Algunos de los puntos más relevantes de la Ley General de Transparencia es que en su artículo 4º se reconoce como Derecho Humano el acceso a la información, solicitarla, investigarla y difundirla. Por lo tanto, no podrá clasificarse como reservada aquella información que esté relacionada con violaciones graves a DH o delitos de lesa humanidad, de conformidad con el derecho nacional o los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte. “Con la publicación del Decreto el IFAI cambia su denominación a Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI)”.
Se obliga a cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en los ámbitos federal, de las Entidades Federativas y municipal, a transparentar y permitir el acceso a su información. En caso de no cumplir, ahora se establecen medidas de apremio como la amonestación pública o multas que van de los 150 mil, hasta mil 500 veces el salario mínimo general vigente en el Área geográfica de que se trate; además, el incumplimiento de los sujetos obligados será difundido en los portales de obligaciones de transparencia de los Organismos garantes y considerados en las evaluaciones que realicen éstos.
Para verificar su cumplimiento, los organismos garantes realizarán verificaciones virtuales en los portales de internet de los sujetos obligados. La Ley prevé los instrumentos necesarios para asegurar el principio Constitucional de Máxima Publicidad. Se reconoce que toda la información pública generada, obtenida, adquirida, transformada o en posesión de los sujetos obligados, será accesible a cualquier persona. Y en este sentido, se elevan los requisitos para reservar información temporalmente. Se amplía la obligación de transparentar información pública de oficio, y se facilita el acceso a ella. En ésta se reconoce que toda la información pública generada, obtenida, adquirida, transformada o en posesión de los sujetos obligados será accesible a cualquier persona. Se elevan los requisitos para reservar información temporalmente. Además, no podrá clasificarse como reservada la información que esté relacionada con violaciones graves a DH o delitos de lesa humanidad, redobla los mecanismos de transparencia en materia energética; las autoridades y empresas productivas del Estado estarán sujetas a las más altas exigencias de publicidad de la información.
La transparencia es un valor
fundamental del Estado
Democrático de Derecho.
La Ley fortalece los medios de defensa de los particulares que solicitan información, y es rigurosa contra quienes incumplan sus obligaciones de transparencia. De ahí que, se incorporan 15 nuevas causas para sancionar a los servidores públicos que oculten, inutilicen o nieguen deliberadamente información pública. Para dar certeza a la aplicación de esta Ley General, se establece su prevalencia sobre cualquier otro ordenamiento en la materia. Así también, amplía la participación ciudadana en favor de la transparencia ya que habrá Consejos Consultivos en todos los organismos garantes integrados por consejeros honoríficos, provenientes de organizaciones de la sociedad civil y la academia, con experiencia acreditada en la materia.
Sistema Nacional de Transparencia
En la ley se establece la creación de Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, con la finalidad de coordinar y evaluar las acciones relativas a la política pública de transparencia, acceso a la información y protección de datos personales, así como establecer e implementar los criterios y lineamientos de conformidad con lo señalado en la nueva Ley y demás normatividad aplicable. En este sentido, se homologa el acceso a la información pública, estableciendo los fundamentos que regirán en todo el país. De esta manera, se regulan los medios de impugnación y se establecen las bases de coordinación entre el instituto garante nacional; los organismos garantes de las entidades federativas; la Auditoría Superior de la Federación; el Archivo General de la Nación; y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía.
El Sistema Nacional, estará conformado a partir de la coordinación que se realice entre las distintas instancias que, en razón de sus ámbitos de competencia, contribuyen a la vigencia de la transparencia a nivel nacional, en los 3 órdenes de gobierno. Sus funciones serán entre otras: establecer lineamientos, instrumentos, objetivos, indicadores, metas, estrategias, códigos de buenas prácticas, modelos y políticas integrales, sistemáticas, continuas y evaluables, tendientes a cumplir con los objetivos de la presente Ley. Así también aprobar, ejecutar y evaluar el Programa Nacional de Transparencia y Acceso a la Información; establecer los criterios para la publicación de los indicadores que permitan a los sujetos obligados rendir cuentas del cumplimiento de sus objetivos y resultados obtenidos, Además, dicha información deberá estar a disposición del público y mantenerse actualizada en medios electrónicos, teniendo como sustento tecnológico la Plataforma Nacional de Transparencia que habrá de desarrollarse. Con esta nueva ley, destacó el Presidente Peña Nieto, se cierran espacios de opacidad y discrecionalidad, y se abre una nueva etapa de transparencia y rendición de cuentas en todo el país.
La Transparencia: Valor Fundamental
El Ministro Luis María Aguilar Morales, Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), aseveró que para el Poder Judicial de la Federación resulta de capital importancia generar información y otorgar el acceso a los ciudadanos con pleno respeto a la ley y a los derechos de terceros, para garantizar así que la información, la transparencia y la rendición de cuentas sigan siendo los pilares de la justicia federal en nuestro país. Dijo que la transparencia es un valor fundamental del Estado democrático de derecho, y un mecanismo que debe ser el resultado de la forma en cómo se gobierna, administra y gestiona el Estado. Aseguró que colaborarán con los otros Poderes de la Unión y con el Sistema Nacional de Transparencia, Acceso e Información Pública y Protección de Datos Personales para dar cumplimiento expedito al derecho inmanente de toda persona de acceder a la información con la transparencia, rendición de cuentas e integridad que la sociedad de nuestro México espera de todas sus instituciones.
La Ley de Transparencia es un logro de la sociedad
Ximena Puente de la Mora, Comisionada Presidenta del Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos (INAI), calificó la nueva Ley de Transparencia como una norma de vanguardia que marcará un antes y un después en el camino de la transparencia. Representa dijo, un logro de la sociedad, cuya entrada en vigor permitirá al INAI, consolidarse como una institución autónoma, independiente y ciudadana. Agregó que se logrará dar paso a la construcción del Sistema Nacional de Transparencia, mismo que mediante el trabajo coordinado con el Sistema Nacional Anticorrupción, contribuirá a impulsar la democratización de México, poniendo el derecho de acceso a la información al servicio de todas las personas y convirtiéndolo en una herramienta fundamental para la transparencia y el combate a la corrupción.
Destacó que ahora, los titulares de los organismos e instituciones del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, sindicatos, partidos políticos y fideicomisos jugarán un papel fundamental mediante su incorporación a la plataforma nacional de transparencia mediante la herramienta electrónica que desarrollará el INAI para acercar aún más el derecho de acceso a la información a toda la población. “Será importante que los órganos garantes de las entidades federativas inicien desde hoy mismo un diálogo abierto y franco con las legislaturas de sus estados, para asegurar que la armonización de las leyes locales con la Ley General se cumpla dentro de los plazos previstos para el inicio de las actividades del Sistema Nacional de Transparencia”.
Se incorporan 15 nuevas
causas para sancionar
a los servidores públicos
que oculten, inutilicen o
nieguen deliberadamente
información pública.
