Parece que también resultó tardía la promulgación de la Ley General de Mejora Regulatoria por parte del Presidente Enrique Peña Nieto, que pretende ser un antídoto contra la corrupción, ineficacia, falta de ética en el servicio público y la poca transparencia que enmarca la etapa final de su administración.
Aunque al publicar esta Ley General el pasado 15 de mayo, expresamente EPN señaló que no llegaba tarde, a seis meses de concluir su gobierno, lo cierto es que estas bases legales obligatorias para los tres niveles de gobierno (federal, estatal y municipal), debieron ser promovidas cuando menos a la mitad del sexenio y evitar los cientos de actos de corrupción que marcaran la administración del actual presidente y de al menos una docena de gobernadores que lo acompañaron en este tramo. Lo positivo del asunto es que la nueva legislación sienta las bases para combatir actos de corrupción y opacidad en todo el país, pretendiendo dar certidumbre a empresas y permitir el crecimiento económico en todo el país. Los 4 ejes centrales de esta ley son: 1) Se eleva a rango de política de estado la mejora regulatoria obligando a las autoridades de todo el país a simplificar trámites y optimizar servicios; 2) genera un Sistema Nacional que vinculará a todas las autoridades púbicas; 3) El Sistema Nacional concentrará en un portal de internet los requerimientos federales, estatales y municipales y; 4) Se creará un Observatorio Nacional de Mejora Regulatoria que vigilará el cumplimiento de la ley. Con ello se pretende empoderar al ciudadano con certeza jurídica en los trámites administrativos y abrir un expediente único para tramites acabando con duplicidades. Eso queremos que Peña Nieto impulse, éste sistema antes de que se vaya y no suceda lo que con el Sistema Nacional Anticorrupción que lo ha frenado el propio gobierno federal.
