En días pasados la LX Legislatura mexiquense remitió para su análisis a comisiones cuatro iniciativas presentadas por el Poder Judicial del Estado de México, entre ellas se encuentra la propuesta de fortalecer a la justicia alternativa en materia familiar; propuesta de reforma diseñada a partir del encargo del Presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) del Estado de México, Ricardo Sodi Cuéllar, a una Comisión de Magistrados, iniciativa que se concretó después de numerosas sesiones virtuales desarrolladas durante el periodo de confinamiento.
En dichas sesiones además de los magistrados que integramos la Comisión, se contó con la participación de los operadores directos, se invitó también a juzgadores y académicos de España, Costa Rica, Argentina y Perú, a efecto de conocer experiencias exitosas y enriquecer la iniciativa que finalmente fue aprobada por el Pleno del TSJ el pasado mes de agosto. Así, por primera vez en la historia del Estado de México el Poder Judicial ejercía su facultad Constitucional de iniciativa legislativa.
La propuesta consiste en una reforma al Código de Procedimientos Civiles y a la Ley de Mediación, Conciliación y Promoción de la Paz Social, en la cual se pretende que se adicione la obligación de las personas involucradas en conflictos familiares a asistir a juntas informativas e invitarlas a participar en procesos de Justicia Alternativa, tales como la mediación, conciliación y justicia restaurativa familiar, en forma previa a la audiencia principal.
Lo anterior, contrario a algunas opiniones, no significa que se vulnere el principio de voluntariedad de la mediación, se busca contar con una etapa intraprocesal para que los involucrados conozcan de primera mano y por parte de personas capacitadas en generación de ambientes adecuados, las ventajas y beneficios de los mecanismos de justicia alternativa, sin que esto obligue a las partes a llegar a un convenio o acuerdo de manera forzada, es decir, al principio de voluntariedad debemos entenderlo como la facultad de los involucrados en un proceso de mediación para llegar al acuerdo y no la voluntad de asistir al mismo, pues como ha quedado claro en otras materias, por ejemplo la laboral, acudir a una etapa conciliatoria puede ser un requisito de procedibilidad.
La verdadera intención es privilegiar el diálogo y fomentar al interior de la familia la solución de sus conflictos con plena consciencia de sus posiciones, intereses, necesidades y posibilidades. Se logra, además de su sensibilización, un efecto pedagógico, en virtud de que se les proporcionan herramientas necesarias para gestionar la solución de futuras controversias.
En la propuesta se especifica la mediación, conciliación y la justicia restaurativa, esta última, con la posibilidad de que pueda contar con un equipo multidisciplinario, que por lo general estará constituido por expertos en psicología y trabajo social.
Lo anterior en aras de propiciar la atención y el mapeo integral del conflicto desde la perspectiva que la multidisciplinariedad ofrece, así como abordar distintas prácticas restaurativas como los círculos, encuentros, reuniones familiares, entre otros y, en consecuencia, abarcar los tres ejes de la justicia restaurativa en la materia: jurídico, humano social y psicoemocional, para brindar un adecuado acompañamiento judicial a las familias en conflicto.
La propuesta prevé que el sistema no colapse con dichas sesiones o juntas informativas, pues el número de juicios anuales en la materia es cercano a los 80 mil, por lo cual el Poder Judicial dará la opción de llevar a cabo dichas sesiones en forma virtual, además de que iniciará su vigencia en forma gradual considerando el personal y la capacidad instalada en las diferentes regiones del Estado.
La propuesta advierte que, en caso de no llegar a un acuerdo, una vez que les fueran informadas y explicadas las opciones de justicia alternativa, los participantes deberán exhibir constancia expedida por el Centro Estatal de Mediación, con la que acrediten haber acudido a dicha fase, para así estar en posición de continuar con el proceso jurisdiccional. La propuesta es también una invitación a los litigantes y miembros del foro para acudir a la mediación en forma previa al inicio de un proceso jurisdiccional. Evitará costos, tiempo y desgaste emocional a todos los involucrados.
“En la mediación se logra que, reconocidas las diferencias y necesidades, con ánimo solidario, responsablemente se pondere la mejor de las alternativas para cada uno de los integrantes del núcleo familiar.”
Es importante mencionar que la iniciativa se encuentra en armonía con el Decreto que contiene la iniciativa de Ley General de Mecanismos de Solución de Controversias, que ante una injustificada omisión legislativa de tres años aún se conversa en la comodidad del Senado de la República.
Han transcurrido doce años desde la incorporación de los Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos a nuestra Constitución y sus beneficios no llegan aún a las familias mexicanas. Los MASC ampliaron las posibilidades de defensa y argumentación reflexiva-directa de nuestros derechos.
En la mediación los miembros de la familia son quienes confeccionan los alcances de la que será su sentencia, se motiva el diálogo entre las partes en conflicto. Logra que, reconocidas las diferencias y necesidades, con ánimo solidario, responsablemente se pondere la mejor de las alternativas para cada uno de los integrantes del núcleo familiar.
¿Vale la pena lograr un acuerdo en la etapa de mediación?, la respuesta está en la persona que somos. En las vidas que afectamos. En las familias que se convierten en la sociedad que merecemos.
