- La perspectiva de género es indispensable en el momento de legislar, pero también a la hora de juzgar, porque de ese modo se abre la puerta del acceso real a la justicia, que debe reconocer diferencias y compensar las desigualdades: Ministro Luis María Aguilar Morales.
- Juzgar con perspectiva de género permite combatir la violencia en contra de las mujeres y contribuye a fortalecer la igualdad: Constancio Carrasco Daza
La igualdad no surge ni puede surgir por decreto, sino por virtud de un cambio cultural, de la renovación de la sociedad que nos permita la aplicación real y efectiva de la ley, señaló la Ministra Margarita Luna Ramos durante el Primer Encuentro Internacional Juzgando con Perspectiva de Género que se realizó durante los días 12 y 13 de noviembre en la Ciudad de México. Un evento convocado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el Consejo de la Judicatura Federal y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), con la participación del Comité Interinstitucional de Igualdad de Género del Poder Judicial de la Federación (PJF), que preside la Dra. Luna Ramos. El encuentro reunió a más de 300 juezas, jueces, magistradas y magistrados, tanto del ámbito local, como federal de México, Argentina, Brasil, Bolivia, Colombia, Costa Rica, España, Estados Unidos, Suecia, Australia y Camerún, así como a miembros de la judicatura y académicos.
Bajo un novedoso formato que rompe con el esquema tradicional de congresos sobre la materia, en el que además se contó con la participación de mujeres líderes en nuestro país, lo novedoso de este encuentro es que se analizaron sentencias de tribunales nacionales y extranjero en las que se introdujo la perspectiva de género, a fin de examinar cómo se están atendiendo esas exigencias en dichas resoluciones, cuidando de no caer en un actitud exacerbada de protección o desprotección injustificada a alguna de las partes (sean hombres o mujeres) en menoscabo del principio de igualdad.
En 16 mesas de trabajo organizadas por materia que fueron moderadas por ministros de la Corte, consejeros del CJF, magistrados de la Sala Superior del TEPJF, presidentas y presidentes de tribunales estatales y los titulares de la PRODECON, del Instituto de la Judicatura Federal y de la Defensoría de Oficio, se llevó a cabo un amplio debate del que surgieron interesantes conclusiones para encausar la perspectiva de género en las resoluciones judiciales.
Durante su mensaje de inauguración, el Ministro Presidente Luis María Aguilar Morales destacó la responsabilidad del PJF en la tarea de transformar los patrones de conducta que favorecen la desigualdad y la discriminación. Afirmó que si bien existen diferencias entre las personas por su sexo, su pertenencia a una etnia, sus creencias o estatus migratorio, ninguna diferencia puede menoscabar el ejercicio de un derecho. Los juzgadores y las juzgadoras, dijo, debemos colocar a la persona y a sus derechos como eje central de la impartición de justicia, ya que es su quehacer el que tiene la fuerza transformadora que deben utilizar en favor de quienes han sido relegados por la visión con la que se ha construido la historia y muchas de las instituciones jurídicas. Afirmó que cuando se habla de la necesidad de introducir la perspectiva de género en las decisiones judiciales y garantizarla en cada una de las etapas del procedimiento, no se trata más que de cumplir con la obligación constitucional de promover, respetar y garantizar los derechos humanos.
La Igualdad de Género sigue siendo para muchas Mujeres algo Irreal: Margarita Luna Ramos
Al dar la bienvenida a los participantes y a las invitadas que acudieron a este encuentro de otros países, la Ministra Margarita B. Luna Ramos, mencionó que es deber social de los Estados vencer las grandes desigualdades que estigmatizan a su población y propician la existencia de grupos vulnerables, como sucede con la disparidad de género. Sostuvo que la igualdad no surge ni puede surgir por decreto, sino por virtud de un cambio cultural, de la renovación de la sociedad que permita la aplicación real y efectiva de la ley, detallando algunas de las acciones que, por instrucciones del Ministro Presidente de la SCJN y del CJF, se han puesto en marcha al interior del PJF para cristalizar la paridad de género, como el impulso a la capacitación y profesionalización para hombres y mujeres en igualdad de oportunidades y el otorgamiento de licencias de paternidad. Además, señaló la Dra. Luna Ramos “vivimos un mundo en el que la igualdad de género, aun en presencia de leyes avanzadas sigue siendo para muchas mujeres una realidad no asible, algo irreal”. Citó como ejemplo estadísticas de 173 países que recoge el Informe del Banco Mundial sobre Mujeres, negocios y las leyes 2006, según el cual, en 90% de estos países existe al menos una ley que discrimina a las mujeres y casi 60% de ellos tienen leyes que limitan su desarrollo productivo. En México, dijo, aun y cuando se han promulgado leyes en favor de la no discriminación, la eliminación de la violencia, la ampliación obligatoria de la participación de la mujer en ámbitos como el electoral, la creación de organismos y el diseño de mecanismos de protección y apoyo, “este discurso de avanzada no ha permeado cotidianamente en todos los terrenos y para muchas de nuestras compatriotas, desafortunadamente”. Aunque surge a partir del reconocimiento de los derechos de la mujer a una vida libre de violencia y el acceso a la justicia en condiciones de igualdad, un compromiso de introducir en los órganos jurisdiccionales la perspectiva de género en la impartición de justicia, como un método que pretende detectar y eliminar todas las barreras y obstáculos que discriminan a las personas por condición de sexo o género, es decir, juzgar considerando las situaciones de desventaja que por cuestiones de género discriminan e impiden igualdad. En otras palabras tener en cuenta los actores de desigualdad real de quienes enfrentan un proceso judicial adoptando medidas de compensación que contribuyan a reducir o eliminar los obstáculos y deficiencias que impidan o reduzcan al defensa eficaz de sus intereses.
Vivimos un mundo en el que
la igualdad de género, aun en
presencia de leyes avanzadas
sigue siendo para mucha
mujeres una realidad
no asible, algo irreal:
Margarita B. Luna Ramos.
Por ello, señaló la importancia del compromiso de introducir en los órganos jurisdiccionales la perspectiva de género en la impartición de justicia como un método para juzgar considerando las situaciones de desventaja que por cuestiones de género discriminan e impiden la igualdad. “En otras palabras, tener en cuenta los factores de desigualdad real de quienes enfrentan un proceso judicial, adoptando medidas de compensación que contribuyan a reducir o eliminar los obstáculos o deficiencias que impidan o reduzcan la defensa eficaz de sus intereses”. Aclaró la ministra que juzgar con perspectiva de género no implica dar la razón a la mujer por el solo hecho de serlo, ni eximir a los juzgadores de atender en sus resoluciones los principios que rigen su función, sino simplemente: “resolver con apego a derecho conforme a la técnica procesal, como la vía que desde la Constitución se da al juzgador para salvaguardar la seguridad jurídica, sustento del Estado de derecho”.
En Latinoamérica Existe un Patrón de Impunidad Judicial en Violencia contra las Mujeres: Constancio Carrasco Daza
Durante su intervención el Magistrado Constancio Carrasco Daza, Presidente del TEPJF, sostuvo que el juzgar con perspectiva de género es un problema real e impostergable en una sociedad democrática. Presentó algunos resultados del Informe de acceso a la justicia para las mujeres de las Américas, elaborado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), según el cual varios países de la región presentan un patrón de impunidad sistemática en el procesamiento judicial y las actuaciones en torno a casos de violencia contra las mujeres. En la mayoría de los casos compartió el Magistrado se carece de investigación, sanción y reparación efectiva, y la impunidad en estas violaciones tiene un fuerte impacto social. Se trata de barreras insuperables que enfrentan las víctimas al intentar acceder a los mecanismos judiciales de protección. Su atención se ha centrado en analizar los obstáculos para cumplir la obligación de debida diligencia y los problemas que impiden combatir de manera efectiva la impunidad en contra de las mujeres. En este informe, señaló, se analizaron casos paradigmáticos, se destaca que en varios países existe un patrón de violencia sistemática en el procesamiento judicial y en las actuaciones en los casos de violencia en contra de las mujeres, fundamentalmente en los lugares más alejados de los centros urbano. Estos hechos, dijo, “perpetúan la aceptación social del fenómeno de la violencia contra las mujeres, incrementan el sentimiento y la sensación de inseguridad que estas manifiestan y hace prevalecer una persistente de desconfianza en el todo de los sistemas de administración de justicia”.
La CoIDH ha identificado que la violencia y la discriminación contra las mujeres en muchos casos son aceptados en la sociedades de la región, lo cual se refleja desafortunadamente, en la respuesta de algunos funcionarios encargados de atender este tipo de violencia, se ha llegado al extremo, concluye el informe, de minimizar los casos d violencia contra las mujeres por considerarlos conflictos de orden domestico que deben ser resueltos con la mínima intervención del Estado. Igualmente, reconoció el Mgdo. Carrasco Daza, la Corte Interamericana tiene vacíos e irregularidades en la investigación, de flagelos hacia las mujeres, deficiencia en las sanciones de los casos de violencia y falta de ejemplaridad en la punición, barreras insuperables que enfrentan las víctimas al procurar acceder a las instancias judiciales de protección. En México la scjn ha desplegado una función pro activa en torno a ese desequilibrio original que conoce el sistema interamericano; el Máximo Tribunal del país ha delineado, a través de la jurisprudencia, imperativos básicos que hoy en el Estado mexicano a todos los juzgadores les exige al juzgar, desterrar todo estereotipo de género, afirmando que la perspectiva de género va más allá de lo establecido en la ley, insistiendo en que, al impartir justicia se deben desterrar todos los estereotipos de género y reconocer relaciones asimétricas, prejuicios así como patrones determinados que puedan producir una desventaja en la decisión de los jueces.
Culminó el Mgdo. Carrasco enfatizando en la importancia de la realización de foros como éste, ya que el diálogo y el análisis que se llevan a cabo permiten realizar un balance efectivo respecto de la idoneidad de funciones de los juzgadores de cara a una sociedad democrática. Se aborda el delicado tema de las mujeres sujetas a prisión, porque constituye un asunto esencial en el juzgamiento con perspectiva de género, debido a que su situación trasciende al núcleo familiar y a los derechos de la niñez. Destacó durante el desarrollo del encuentro el panel de Mujeres Líderes, moderado por la Ministra Luna Ramos, en el que participaron las ex candidatas a la Presidencia de la República Josefina Vázquez Mota y Patricia Mercado Castro, actual Secretaria de Gobierno del GDF; la ex primera dama y pre candidata presidencial del pan, Margarita Zavala Gómez del Campo, la senadora del PRD Angélica de la Peña Gómez, esposa de Jesús Ortega, ex presidente de ese partido y Beatriz Paredes Rangel, ex presidenta del PRI y actual embajadora de México en Brasil.
En México, aun y cuando se
han promulgado leyes en favor
de la no discriminación, este
discurso de avanzada no ha
permeado cotidianamente
en todos los terrenos y para
muchas compatriotas.
Se contó con la colaboración en este Primer Encuentro Internacional Juzgando con Perspectiva de Género, además de las personas ya señaladas, los ministros de la Corte Olga Sánchez Cordero, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Fernando Franco González Salas y Eduardo Medina Mora Icaza, los Consejeros de la Judicatura Federal, Martha María del Carmen Álvarez, Rosa Elena González Tirado, Alfonso Pérez Daza, Felipe Borrego Estrada y Ernesto Saloma Vera, los magistrado de Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Flavio Galván Rivera, Pedro Penagos López, Manuel González Oropeza, María del Carmen Alanís Figueroa y Salvador Nava Gomar, las magistradas de de Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa Zulema Mosri Gutiérrez y Nora Urby Genel y la titular de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, Diana Bernal Ladrón de Guevara.
