Con el fin de garantizar los derechos de las víctimas, la senadora del PRI, Claudia Edith Anaya Mota, presentó una iniciativa que obligaría a las autoridades a proteger los derechos de intimidad y vida privada de las víctimas.
De esa manera, evitar “filtración” de información sensible. Asimismo, señala que los medios de comunicación tienen el derecho de informar a la sociedad, siempre y cuando o dañen los derechos de las víctimas.
En referencia al feminicidio de Ingird Escamilla, la senadora argumenta que la filtración imágenes, así como de sus datos personales y vida privada no eran de interés general, por lo que debieron ser salvaguardados para evitar la revictimización.
Debido a que tal crimen y la forma de manejo de las autoridades fue muy controversial, la iniciativa establece que, “Las autoridades competentes de investigar los delitos y violaciones graves a los derechos humanos de las víctimas deben proteger los datos personales, en particular aquellos sensibles”.
Por esas razones, Anaya Mota plantea la reforma a la Ley General de Víctimas para proveer un marco jurídico que proteja este derecho y establezca una responsabilidad directa para los servidores públicos,
En caso de que un servidor público comparta información sensible sin autorización del agraviado, tendrá sanciones administrativas o penales.
La iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el artículo 25 Bis a la Ley General de Víctimas, fue turnada directamente a las Comisiones Unidas de Gobernación; y de Estudios Legislativos
