La diputada Lorena Villavicencio, coordinadora de la Subcomisión para la Atención de Feminicidios y Violencia contra la Mujer, de la Comisión de Justicia, encabezó la presentación del “Informe Violeta” que da cuenta de las acciones legislativas en materia de igualdad de género, acciones contra los feminicidios, penas vinculadas a las violencias infantil, familiar y obstétrica, y de abuso sexual.
También, sobre la regulación contra la violencia política y el reconocimiento del cuidado digno y tiempo propio. Destacaron que se haya avalado que ninguna persona con antecedentes como agresor sexual, acosador o deudor alimenticio pueda ser candidato a ningún puesto de representación popular.
Villavicencio Ayala afirmó que, “no podemos seguir participando políticamente con tutelas; necesitamos lograr la plena igualdad de derechos de las mujeres. Que la paridad se convierta en tema de igualdad sustantiva.”
“Si queremos acabar con la impunidad y dar respeto a la dignidad y el derecho a una vida libre de violencia, no podemos convalidar ninguna decisión que lleve a un agresor al poder”, subrayó.
La presidenta de la Comisión de Justicia, diputada Pilar Ortega Martínez (PAN), mencionó que ha quedado de manifiesto la existencia de problemas graves en el sistema de justicia, como la falta de capacidades para una correcta investigación de delitos en razón de género o relacionados con alguna forma de violencia contra las mujeres.
Patricia Olamendi Torres, abogada y fundadora de #NosotrasTenemosOtrosDatos, puntualizó que será complicado lograr la armonización legislativa, si no se establece un Código Penal Único.
En su intervención hizo un llamado “porque es evidente que esta impunidad que existe, no sólo en la incorrecta clasificación del tipo penal de feminicidio, sino también en el acceso a la justicia y procedimientos, tiene como responsabilidad la nula o precaria actuación de las y los servidores públicos”.
Por su parte, la también abogada Ana Katiria Suárez Castro refirió que se debe establecer como tipo penal un delito de género que englobe no sólo un tema de discriminación o una situación violenta en la calle por razón de género, sino que abarque todas las conductas normalizadas en el país que nadie sabe cómo señalarlas.
Añadió que las fiscalías locales deben establecer protocolos específicos de actuación y puso sobre la mesa la salud mental de los procuradores de justicia para darles contención y puedan investigar y perseguir un delito con una visión objetiva y apegada a la ley.
La presidenta de la Comisión de Igualdad de Género, diputada María Wendy Briceño Zuloaga (Morena), señaló que el reto de la instancia que encabeza ha sido etiquetar el presupuesto con un enfoque de perspectiva de género, visibilizar, promover y garantizar los derechos políticos y el reconocimiento de los derechos humanos en las primeras etapas educativas, así como el empoderamiento económico y la igualdad salarial.
La directora de la Red Nacional de Refugios, Wendy Figueroa, dijo que a pesar de los avances en materia de género es necesaria la correcta aplicación de las leyes y combatir los altos niveles de impunidad, ya que esto perpetúa todas las modalidades de violencia que viven las mujeres.
Además de impulsar la economía de las mujeres, su inclusión financiera, salario igualitario, y promover la autonomía física relacionada con los derechos sexuales y reproductivos, y la política enfatizando su importancia en la toma de decisiones del país.
