El diputado de Morena, Armando Contreras Castillo aseguró que existen ocho mil indígenas en prisión con muchas inconsistencias legales y fallas en su proceso.
“(…) en cada caso es la falta de un intérprete”, señaló el legislador y planteó exhortar al fiscal general a garantizar el debido proceso proporcionándoles defensores e intérpretes que tengan conocimiento de su contexto sociocultural.
De esa forma desde su detención se les informaría de sus derechos, entre ellos contar con un intérprete. El punto de acuerdo remitido a la Comisión de Pueblos indígenas, insta a la CNDH a realizar un programa de difusión para orientar e informar a la comunidad indígena sus derechos en caso de detención.
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Contreras Castillo mencionó que la asistencia de un intérprete no se debe condicionar al nivel de castellanización al reconocerse como indígena y solicitar ejercer sus derechos debe ser atendida de inmediato por la autoridad jurisdiccional, a menos de que existan pruebas en contrario respecto de su condición de no indígena.
Sin embargo, comentó el diputado que, en la práctica, al ser detenidos no se les indica su derecho al intérprete, generando lagunas jurídicas o de improcedencia dentro del juicio por no entender lo que les dicen, lo que los condena a perder su libertad por meses o años.
A pesar de estar reconocido su pleno acceso a la justicia en diferentes instrumentos internacionales y en la misma Constitución Política, “se continúan violando los derechos procesales de los indígenas y esta sigue siendo una constante en nuestro sistema judicial”, concluyó el diputado.
Datos estadísticos
Armando Contreras, también integrante de la Comisión de Justicia, indicó que México es un país diverso, prueba de ello es el reconocimiento de 68 lenguas indígenas; sin embargo, sólo 6.5 por ciento de la población de 3 años y más habla alguna de esas lenguas; es decir, 7 millones 382 mil 785 personas. De ellos, cerca de 1 millón hablan una lengua indígena y no se expresan en español, son monolingües.
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Refirió que de acuerdo con la que fue Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, en 2017 en el país más de ocho mil indígenas se encontraban privados de su libertad por la comisión de diversos delitos con la particularidad de que la mayoría de los procedimientos generalmente están plagados de irregularidades, no solamente por la falta de traductores, intérpretes y defensores capacitados, sino porque el ministerio público y los jueces suelen desdeñar sus casos.
Las entidades federativas que concentran el mayor número de población indígena en el sistema penitenciario nacional son Oaxaca, Chiapas, Puebla, Veracruz, Ciudad de México, Chihuahua y Guerrero. Las lenguas con las que se identifican son el náhuatl, zapoteco, maya, tzeltal y tzotzil, precisó.
