No han transcurrido ni dos meses desde que AMLO asumió la presidencia y los conflictivos y beligerantes maestros de Michoacán de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), están generando un problema con graves implicaciones económicas y jurídicas, ya que desde el 14 de enero han bloqueado las vías del ferrocarril impidiendo el libre tránsito de los trenes que proceden, con todo tipo de mercancías, del puerto de Lázaro Cárdenas, Michoacán, con destino al centro del país y el Bajío, acción que realizan so pretexto de exigir el pago de salarios y prestaciones atrasados del 2107. A pesar de que las autoridades les han ofrecido un pago de 200 mdp, se empeñan en extorsionar al gobierno local y a la Secretaría de Educación Pública, exigiendo cantidades exorbitantes por encima de los 2,2000 mdp, a lo que el secretario Esteban Moctezuma no ha dicho ni pío. El presidente de la Confederación de Cámaras industriales (Concamin), Francisco Cervantes Díaz, ha solicitado al secretario de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriú, su pronta intervención, ya que hasta la fecha se reportan pérdidas superiores a los 8 mmdp y están en riego muchas fuentes de empleo y el posible cierre de plantas industriales por la falta de las materias primas que se encuentran en los más de 150 contenedores varados; asimismo, se reporta que hay barcos en alta mar que no pueden descargar sus mercancías, asegurando que con estas acciones los maestros atentan contra las vías generales de comunicación y contra la economía pública, lo cuales están previsto como delitos federales. Por su parte, el gobierno federal ha respondido que “no reprimirá a nadie, ni hará uso de la fuerza pública”. La pregunta que queda en el aire es: ¿en dónde quedó el compromiso de AMLO de respetar el Estado de Derecho y de que durante su gobierno nadie estará por encima de la ley? ¿Será que nadie en su gabinete conoce el concepto de uso legítimo de la fuerza?
