Una vez que se declaró ganador en los últimos comicios en Bolivia, Evo Morales enfrentó las acusaciones de fraude y después de varias semanas de manifestaciones y por la presión del comandante de las Fuerzas Armadas, Williams Kaliman, Morales anunciaba el domingo 10 de noviembre su renuncia después de 14 años en la presidencia. “No estoy escapando”, dijo en un mensaje el expresidente boliviano, y pidió “dejen el ataque a las hermanos y hermanas”. Ante los hechos, el gobierno mexicano ofreció asilo político para salvaguardar la vida de Morales. Así, el Canciller y el Presidente AMLO pusieron a disposición una nave oficial que haría “periplos”, diría Marcelo Ebrard, para poder “sacar” a Evo de su país natal. A su arribo, Evo agradeció a López Obrador por haberlo salvado, fue nombrado huésped distinguido en la CDMX. Bajo la consigna constitucional y los tratados internacionales en materia de asilo, el gobierno justificó el bombo y platillo con el que se recibió y el trato para el exmandatario, por supuesto, desde su perspectiva las críticas son actos de “mezquindad conservadora”, la cita sale sobrando. Desde Bolivia, la presidenta interina, Jeanine Añez, quien por cierto se autoproclamó presidenta, anunció que presentarían un reclamo diplomático ante México por dejar que Morales haga actos políticos desde el asilo, la “ruptura de ese protocolo” por permitirle realizar conferencias de prensa, además de la actividad en su cuenta de Twitter. En repetidas ocasiones Evo ha dicho que si su pueblo lo pide regresará a Bolivia como presidente. Lamentablemente, la violencia en ese país no ha cesado. Mientras tanto, hay partidiarios del exmandatario, teorías de intervención extranjera en el golpe de estado, y el pueblo boliviano sigue en la incertidumbre.
