Debido a que consideran que no cumple con los requisitos legales necesarios y a que se corre el riesgo de normalizar la militarización de la vida pública del país, organizaciones civiles, académicos y activistas pidieron al Congreso de la Unión impugnar el Acuerdo por el que se dispone de la Fuerza Armada permanente para llevar a cabo tareas de seguridad pública.
Amnistía Internacional México, el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia y la Red por los Derechos de la Infancia en México, entre otras organizaciones, se pronunciaron para llamar a los órganos de dirección de las cámaras a que intervengan de manera urgente en el tema.
Para las organizaciones y expertos, el Acuerdo, emitido por el Presidente el 11 de mayo de 2020, no cumple con el régimen constitucional establecido en 2019, por el contrario, lo tergiversa, como consecuencia, se normaliza la militarización de la seguridad pública.
De esta manera, se exige al Congreso de la Unión “defender el pacto constitucional de 2019 e impugnar el Acuerdo ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación”. Asimismo, recordaron que en diversos fallos internacionales resueltos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) se establecieron criterios puntuales que el Acuerdo del Ejecutivo incumple.
Por ejemplo, las sentencias de la CoIDH establecen que la intervención de las Fuerzas Armadas en seguridad pública debe ser extraordinaria, excepcional, temporal y restringida a lo estrictamente necesario en las circunstancias del caso. Además de subordinada y complementaria a las labores de los cuerpos de seguridad civiles.
La propuesta de López Obrador indica la coordinación de la Guardia Nacional con la Sedena y Semar, y no la subordinación de las Fuerzas Armadas al mando civil y al ministerio público, como se establece en la Constitución.
Las organizaciones consideran que el problema de seguridad pública debe enfrentarse “conforme con una respuesta de Estado y con base en el marco constitucional acordado en 2019, y no de forma unilateral”.
