Dr. Alejo Martínez Vendrell
En la deficiente investigación de la PGR, pero también en el parcial diagnóstico de supervisión del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) enviado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), se ha eludido acercarse a un elemento fundamental que puede explicar a fondo lo sucedido en Iguala y Cocula el 26 y 27 de septiembre de 2014. Una vieja pugna se ha venido agudizando entre dos bandas criminales que tuvieron como origen el cártel de los hermanos Beltrán Leyva. A la muerte de Arturo, líder del cártel, en diciembre de 2009, el grupo perdió cohesión y ya nunca volvió a encontrar unidad. La principal escisión se dio entre las bandas de Guerreros Unidos y la de Los Rojos. Tradicionalmente éstos han dominado Chilpancingo y otras zonas aledañas, mientras que Guerreros Unidos ha asentado su principal sede de poder en torno a Iguala.
Antecedentes del Conflicto
La ciudad cuna de la bandera de México se ha convertido en un centro de singular importancia para el acopio y distribución de opio y heroína, derivados de la adormidera (Papaver somniferum) muy parecida a la amapola. En zonas cercanas operan laboratorios para el procesamiento de tales derivados. El reciente auge del narcotráfico en el Estado de Guerrero proviene en gran medida de que en la entidad se cosecha el 98% de la producción nacional de adormidera1. El asunto ha alcanzado tal dimensión que hasta el presidente Barack Obama ha manifestado su lamento de que sea ya México el primer proveedor de opio a su país y ese opio en gran medida proviene de regiones cercanas a la ciudad de Iguala, donde es empaquetada y enviada a EEUU.
El gigantesco margen de ganancias que genera esta ilícita actividad ha propiciado un extraordinario fortalecimiento de los narcotraficantes, que han orientado buena parte de sus esfuerzos a buscar alianzas con autoridades políticas y de seguridad pública, de manera que la corrupción y cooptación de tales autoridades ha florecido de manera paralela a la de la adormidera y sus derivados. La estrecha vinculación entre las autoridades de Iguala, la tercera ciudad en importancia del Estado de Guerrero, con los delincuentes de Guerreros Unidos parece encontrarse fuera de toda duda. Conviene tener además otros antecedentes relevantes en mente que han sido ineptamente soslayados tanto por la PGR como por el GIEI. Evoquemos la antigua y abierta pugna del Frente de Unidad Popular (FUP) y el Frente de Organizaciones Democráticas del Estado de Guerrero (FODEG) contra las autoridades del municipio de Iguala, que había venido siendo gobernado por el PRD desde 1993 hasta las recientes elecciones de 2015 cuando perdió la plaza en gran medida por las graves repercusiones de los sucesos que nos ocupan.
Tanto el FUP como el FODEG enarbolan una ideología de inspiración guerrillera y ostentan como héroes a Genaro Vázquez y a Lucio Cabañas, este último egresado de la Normal de Ayotzinapa. Por ello había sólidas coincidencias con los gremios de la Normal de Ayotzinapa, cuya trayectoria es conceptualizada con singular tino por Raúl Trejo Delarbre cuando sostiene que “se cultiva un proyecto político insurreccional que ha conducido a centenares o miles de jóvenes normalistas a mantenerse en movilización constante e incluso a cometer delitos”. De ahí que resulte lógico que el fup y el fodeg hayan encontrado aliados en la normal rural de Ayotzinapa para enfrentar a las nada pacíficas autoridades municipales de Iguala. Tales enfrentamientos terminaron siendo extraordinariamente violentos y mortíferos. Un antecedente que arroja luz y contribuye a explicar los sucesos posteriores lo encontramos el 21 de mayo de 2013, cuando normalistas encapuchados, encabezados por el líder del FUP Ing. Arturo Hernández Cardona, se lanzaron en contra de la alcaldía de José Luis Abarca Velázquez, inscribiendo pintas en las que lo acusaban de haber asesinado al síndico administrador de Iguala Justino Carvajal Salgado, con un serio agravante: la elevada posibilidad de que sea cierta la incriminación. Quedó así sólidamente establecido un fuerte antagonismo con el peligroso delincuente-alcalde. Pero el asunto no paró ahí, ya que pocos días después, nuevamente los normalistas en alianza con el FUP y el FODEG continuaron hostilizando a su común enemigo, el temible alcalde José Luis Abarca, respaldado por la banda criminal de Guerreros Unidos. Consolidada esa triple alianza opositora no sólo contra el edil sino también contra las serias aspiraciones de su ambiciosa esposa Ma. de los Ángeles Pineda Villa para sucederlo en el cargo, el 3 de junio de 2013, irrumpieron en Iguala para apedrear la alcaldía, donde rompieron ventanas y la pintarrajearon con leyendas acusatorias contra José Luis Abarca, inculpándolo de la desaparición de 8 de sus compañeros del FUP, incluyendo a su líder Arturo Hernández Cardona.
Durante el ataque a la alcaldía Bertoldo Martínez Cruz, líder del FODEG, recibió en su celular una llamada de Héctor Arroyo Delgado, uno de los 8 desaparecidos quien logró escapar y se enteran así de que tres de sus compañeros levantados han sido ya asesinados. Arrecian con renovada furia su ataque. Ignoraban todavía los verosímiles testimonios que le atribuyen a José Luis Abarca el haber matado él mismo de un balazo en la cabeza a Arturo Hernández Cardona. Ese era el nivel de despiadada peligrosidad de los enemigos con quienes se enfrentaban y que los directivos institucionales y los dirigentes estudiantiles de Ayotzinapa no podían ignorar.
Los Rojos, quienes dominan precisamente la región de Chilpancingo y de Tixtla donde se ubica la Normal Raúl Isidro Burgos, con menos coincidencias ideológicas que el FUP o el FODEG, pero con mayor pragmatismo y mucha mayor riqueza financiera, resultaría natural que hayan procurado alianzas y acercamientos con directivos académicos y dirigentes estudiantiles de esa híper-movilizada e influyente institución, con la cual compartían el mismo enemigo: la alcaldía de Iguala y su inseparable socio delincuencial Guerreros Unidos. De aquí que las declaraciones formuladas por integrantes detenidos de esta banda ante la PGR, señalando la vinculación de Ayotzinapa con Los Rojos, de ninguna manera debieron haber sido soslayadas, como lo hizo la PGR o abiertamente descartadas como tendenciosamente lo promueve el GIEI.
Los graves antecedentes expuestos contribuyen a explicar la abierta predisposición y enemistad de Abarca contra los normalistas de Ayotzinapa. Por ello resulta relativamente lógico, aunque de ninguna forma justificable que, al ser notificado de que desde las 8 de la noche del fatídico 26 de septiembre de 2014, habían llegado contingentes de la enemistada normal a Iguala, justo cuando se estaba celebrando un acto político de importancia para su esposa con la finalidad de preparar su lanzamiento como candidata del PRD para sucederlo en la alcaldía, el edil haya decidido adoptar una tan sanguinaria como exagerada, cruenta e irracional medida contra los normalistas. Más aun si se toma en cuenta que en su abrumadora mayoría eran tan sólo jóvenes adolescentes con menos de dos meses de haber ingresado a la normal, carne de movilización política inocente que ignoraba la vileza de la forma con que eran utilizados. Tampoco tiene justificación que se les manipule para que incurran en robo de uso de múltiples vehículos y en otras tropelías vandálicas. Ya lo ha expuesto con agudeza Luis de la Barreda Solórzano: “Los alumnos no tenían que haber sido enviados a Iguala ni a ninguna otra parte. La escuela en la que estudiaban es un internado. No iban a una práctica académica ni a un día de campo… Los alumnos fueron mandados a un lugar en el que se sabía que podían correr riesgo… Ese pecado es mayúsculo si sabían que en Iguala gobernaban los Macbeth, capaces de cualquier atrocidad… En la reticencia del procurador para indagar acerca de ese enigma quizá influyó una consideración políticamente correcta… tal indagación podría dar lugar a que los celosos centinelas de la corrección política clamaran al cielo —¡vive Dios!— que se estaba criminalizando la protesta social”. Por otro lado, aunque sin poder justificarlo, hasta se podría llegar a comprender que los dirigentes y/o los compañeros de grados superiores hayan manipulado a los normalistas de nuevo ingreso a cometer el robo temporal de 3 o 4 autobuses, dada la indebida impunidad que en la práctica tienen garantizada al efecto. Pero lo que resulta imposible de justificar es que les hubiesen encomendado, como las circunstancias apuntan, sabotear el evento de la presidenta del DIF de Iguala. En su versión parcial o en su verdad ideológica, el giei ha descartado por completo esta posibilidad sosteniendo que los atroces sucesos criminales se dieron después de que había acabado el evento de Ma. de los Ángeles Pineda, y sin tomar en cuenta que los primeros contingentes arribaron a Iguala desde las 8 de la noche, una hora antes de que finalizara el citado acto político, lo cual disparó la decisión del alcalde de ordenar la abominable represión.
Desde un principio se ha podido constatar que existe una manifiesta simpatía o solidaridad de quienes controlan al grupo de padres de los 43 con respecto al GIEI-CIDH.
Si bien originalmente habían salido a “botear” o pedir dinero a Chilpancingo, no parece fundada la afirmación de que hicieran un gran desvío para llegar a “botear” a esa ciudad tan peligrosa y tan distante como 127 Kms. Además de ser horas poco propicias para el efecto, tenemos como prueba que en ningún momento botearon ni intentaron hacerlo. También se ha tratado de justificar que acudieron a Iguala porque iban rumbo al df para el 2 de octubre, pero esa versión tampoco resulta razonable no sólo porque el camino a esa ciudad constituía una gran desviación de la ruta al DF, sino también porque no iban equipados para ello y porque era una expedición sólo de novatos.
Otra de las diversas explicaciones que han intentado miembros del GIEI respecto a la presencia de los normalistas en la distante Iguala, radica en argumentar que en Chilpancingo ya tenían dificultad para apoderarse por la fuerza e ilícitamente de autobuses. Es necesario señalar que en la normal contaban ya con varios vehículos en ilegal posesión y que el sitio menos propicio para robar vehículos era precisamente Iguala, en función de los antecedentes ya expuestos, además de que faltaban bastantes días para el 2 de octubre. Pero todo ello es encubierto por el GIEI, que respalda y busca coincidir con las versiones de los parientes de las víctimas o de sus aprovechados representantes.
Unas ideas que pueden contribuir a esclarecer lo sucedido las aporta la destacada especialista en asuntos de seguridad nacional Ana María Salazar Slack, quien en un muy recomendable artículo4, sostiene: “En un tono políticamente correcto, el mismo GIEI justificó el robo de autobuses por parte de los normalistas para ‘botear’ — como que esto fuera una actividad normal de estudiantes en México o en otros países— … Parecería que tiene miedo el grupo de expertos de criminalizar a las víctimas…La única forma en la que se puede hacer justicia a las víctimas y sus familiares es que se tenga absoluta claridad de quiénes están usando a estos estudiantes normalistas adolescentes y cuáles son los objetivos. También estos estudiantes merecen protección por parte del Estado mexicano y tener el derecho a estudiar y no ser usados por grupos políticos y sociales. Y también debe de balconearse a los criminales que mandan a adolescentes a robar autobuses y exponerse al peligro que resultó en este caso en la desaparición de 43 muchachos”.
De acuerdo con los antecedentes expuestos, no parece razonable creer que existe un fundamento sólido para descartar, como lo hace el GIEI, la versión de Guerreros Unidos de que haya habido de por medio un aliciente económico otorgado por Los Rojos a determinados líderes de Ayotzinapa, como explicación de la incursión de los inocentes pero manipulados normalistas a esa Iguala dominada por el cártel de Guerreros Unidos y con el historial de enfrentamientos con el mortífero alcalde Abarca. Según el escrupuloso, detallista y muy profesional periodista investigador Esteban Illades, sólo los 6 de segundo año y los dos de tercero que guiaban a “los pelones” conocían el plan. El encargado de la organización del viaje fue uno del segundo grado, Bernardo Flores Alcaraz (a) El Cochiloco, quien es una de las lamentables víctimas. Iban unos 90 ó 100 de primer año a cargo de los otros ocho. Afortunadamente parece que al menos la mayoría de esos 8 conductores del grupo lograron salvarse de la escalofriante masacre.
Uno de los aspectos máscuestionables es el precario dictamen elaborado por el perito peruano José Torero.
Un dato que algunos analistas políticos han considerado relevante, estriba en hacer notar que en la conformación de los 5 integrantes del GIEI, en su selección por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a cargo del mexicano Mtro. Emilio Álvarez Icaza, ha sido de gran relevancia su influencia. El hoy Secretario Ejecutivo de la cidh ha tenido una muy brillante y destacada trayectoria profesional, cuya parte inicial fue sólidamente impulsada y fomentada por el PRD, el cual entonces incluía también lo que hoy constituye el partido morena. Fue así como en 1999, época del gobierno y pleno predominio del PRD y de Cuauhtémoc Cárdenas fue electo Consejero Electoral del Primer Consejo General del Instituto Electoral del Distrito Federal (IEDF), y en 2001, bajo el amplio predominio PRD-AMLO, fue elegido para el relevante cargo de Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), y ratificado para un segundo periodo de 2005 a 2009. Inclusive para el prominente cargo que hoy ocupa y que alcanzó en 2012, el PRD mantuvo su relativo apoyo para decidir la designación y mostró su entusiasmo a la consecución. Desde un principio se ha podido constatar que existe una manifiesta simpatía o solidaridad de quienes controlan al grupo de padres de los 43 con respecto al GIEI-CIDH, lo cual pareciera haber suscitado una reacción de empática correspondencia, de tal manera que es posible apreciar una tendencia a que haya coincidencia en posturas o versiones fundamentales sobre el asunto por ambas partes. Los dirigentes de la Coordinadora Estatal de los Trabajadores de la Educación de Guerrero (CETEG) que detentan amplio control tanto sobre la Normal de Ayotzinapa como sobre los dirigentes que movilizan a los afectados padres de las víctimas, tienden a rechazar toda versión del gobierno federal y a apoyarse en el GIEI-CIDH.
El Precario Dictamen de José Torero
Uno de los aspectos más cuestionables de la tendenciosa evaluación realizada por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) se encuentra en el aval que le ha otorgado al técnicamente precario dictamen elaborado por el perito peruano José Torero, quien concluyó —con base en un análisis superficial y apoyándose en elementos de escaso valor científico, que van en abierta contradicción no sólo con evaluaciones de múltiples expertos ampliamente reconocidos, sino también con muchos de los testimonios, peritajes y pruebas que se consignan en el voluminoso expediente del caso— que era imposible que un solo cuerpo humano haya sido incinerado en el basurero de Cocula. El crucial asunto de las ideológicas dudas sobre la versión gubernamental de la incineración en el basurero de Cocula, se ha convertido en un elemento que ha puesto en evidencia la enorme falta de credibilidad que, por indiscutibles méritos propios, padecen no sólo el gobierno federal sino los tres niveles de gobierno y los estratos políticos en su conjunto. Es así que aun cuando el gobierno emita una verdad, ésta resulta para demasiados sectores de la colectividad nacional poco creíble o falaz. Pero también es cierto que otros sectores mucho más reducidos pero específicamente interesados en lucrar con alguna tragedia o en sacar ventaja de esa falta de credibilidad gubernamental, a menudo tienden a jalar agua para su molino, aun cuando sea a costa de la verdad y la justicia, como es el caso concreto de la incineración en Cocula.
Para quien esté interesado en dilucidar o adentrarse un poco más en este tema, me atrevo a remitirlos a la síntesis que traté de elaborar, aprovechando aportaciones de diversos periodistas y estudiosos que me permitieron forjarme una opinión al respecto y que fueron difundidas en 2 recientes colaboraciones que tiene a bien publicarme cada lunes “El Sol de México”. Éstas se pueden encontrar en los siguientes sitios de la red de internet:
- 127.- Predomina grotesco dictamen sobre los 43 de Ayotzinapa (I) Oct.5/15. http://oemenlinea. com.mx/columnas/37764-predomina-grotescodictamen- sobre-los-43-de-ayotzinapa-i-alejomartinez- vendrell Brutal desprestigio y falta de credibilidad gubernamentales propician que prevalezca falaz y rupestre peritaje de J. Torero.
- 128.- Predomina grotesco dictamen sobre los 43 de Ayotzinapa (II) Oct.12/15. http://oemenlinea. com.mx/columnas/41909-predomina-grotescodictamen- sobre-los-43-de-ayotzinapa-ii-alejomartinez Asumir como válido el peritaje de Torero conduciría a exonerar a los 111 inculpados sujetos a juicio y al narcotráfico.
Este deplorable caso ha puesto en evidencia no sólo la falta de credibilidad sino también la falta de autoridad moral de nuestros desprestigiados gobiernos, de manera que aun cuando enarbolen veracidad, ésta se estrella contra una intransigente incredulidad. Queda así puesto en claro que nuestros gobiernos debieran esforzarse por impulsar un cambio radical en sus estrategias de relación con la sociedad. En particular sería deseable que dedicaran especial y esmerada atención a todo lo que concierne a la operación de policías, ministerios públicos y jueces.
El crucial tema Iguala-Ayotzinapa y en especial las ideológicas dudas sobre la versión gubernamental de la incineración en el basurero de Cocula, se ha convertido en un elemento que ha puesto en evidencia la enorme falta de credibilidad.
De acuerdo con la experta y conocedora visión del profesor de psicología y derecho en Yale, Tom R. Tyler 6, la experiencia de la relación que tiene un ciudadano con esos representantes del poder público, con un policía, que puede ser el contacto más frecuente, propicia que el concepto que ahí se forma se extienda al conjunto del aparato gubernamental. Ello explicaría perfectamente el deplorable nivel de credibilidad gubernamental en el Estado de Guerrero y en muchas otras partes y sectores sociales de la República. En fin, valdría mucho la pena que se intentara poner en práctica varias de las estrategias que comenta y recomienda la muy lúcida Ana Laura Magaloni en torno a los métodos propuestos por Tyler. Ojalá nuestros desacreditados gobiernos pusieran pronto manos a la obra en tal sentido. Ello ayudaría a transformar positivamente a México.
