De los 20 penales federales, existen ocho que son administrados por particulares en los cuales la Auditoría Superior de la Federación encontró que el costo de operación tiene un sobrecosto de 41 mil millones de pesos.
Estos ocho penales, con un costo de 10 mil millones de pesos al año operan al 43.2 por ciento por debajo de su capacidad.
Durante el gobierno de Felipe Calderón se justificó su adquisición por falta de espacios en las cárceles federales. Y seguirán pagándose hasta 2032.
Además, estas cárceles carecen de suficiente personal: oficiales de prevención penitenciaria, custodios, médicos, criminólogos y juzgados.
A partir del 2010, la Secretaría de Hacienda autorizó el pago de 9 mil 973 millones 830 mil millones de pesos anuales a un plazo de 20 años.
En 2017, el Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social pagó 11 mil 532.6 millones de pesos que representa 49.3 por ciento del total del gasto en la operación del sistema penitenciario federal.
