Desde que se hizo el anuncio sobre la extinción de fideicomisos públicos para que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHyCP) disponga, a criterio propio, de los recursos que les correspondían, encendieron las alarmas distintos grupos y organizaciones de la sociedad civil, incluso los que apoyaron la llegada de la 4T; decidieron levantar la voz y quejarse por todos los medios disponibles, artistas, cineastas, científicos, deportistas, docentes, investigadores, defensores de derechos humanos, periodistas, víctimas de la violencia, entre otros. Se manifestaron en contra del asalto del grupo mayoritario y sus aliados que, para lograr su propósito, pretendieron convocar a un período legislativo extraordinario; era cuestión de esperar a los tiempos parlamentarios.
Fue tal el escándalo mediático -nacional e internacional- que el coordinador de los morenistas, Mario Delgado, convocó a sesiones de Parlamento Abierto, solo para simular que se escuchaba, analizaba y discutirían las inquietudes y preocupaciones de las y los afectados, ante la futura supresión de los fondos. Se presentaron argumentos técnicos, jurídicos y de impactos social para evitar que se cometiera una injusticia legislativa.
Muchas y muchos legisladores de la mayoría se sensibilizaron y se comprometieron a reducir el riesgo de extinguir muchos fideicomisos. Parecía entonces que habían sido atendidas las legítimas inquietudes. Sin embargo, desde Palacio Nacional se dio el reclamo y la orden para eliminar todos y cada uno de ellos.
No queda ninguna duda del enojo, desesperación y sentimiento de engaño de muchos de los participantes en el Parlamento Abierto, al escuchar los argumentos (¿cuáles?) de la Mayoría Parlamentaria y sus aliados, que desde el primero de octubre han expuesto para extinguir los fideicomisos. Toda medida se justifica en el combate a la corrupción, por lo que la SHyCP entregará recursos de manera directa, es decir, se eliminarán “los intermediarios” y no se afectarán los objetos de gasto, solo la forma de proporcionarlos, porque en palabras presidenciales, «…quien recibe apoyo, lo seguirá recibiendo si realmente lo justifica, lo merece».
En ese sentido se aprobó en lo general, con 242 votos a favor, 178 en contra y 7 abstenciones, el dictamen que reforma y deroga diversas leyes en materia de fideicomisos. Vale la pena señalar que se reservó, para discusión, la totalidad del articulado.
Por desgracia, nada se podía hacer ante la instrucción que recibieron las y los legisladores de la mayoría, lo que hizo que en las tres últimas sesiones en la Cámara de Diputados se escucharan las palabras: “no se admite a discusión la reserva presentada; se desecha y se reserva para su votación nominal en conjunto, en los términos del dictamen”, que en buen español significa que el grupo mayoritario rechazó el debate, en estricta obediencia a las órdenes presidenciales, muestra de disciplina política, característica de un régimen autoritario que dicen combatir.
Las voces oficiales argumentaron, una y otra vez, que los fideicomisos, al ser cajas oscuras e inservibles por el salitre corrosivo de la corrupción, había que desaparecerlos, de raíz y de manera arbitraria, sin importar qué, cómo y a cuántos se afecta.
No puede entenderse cómo se puede afirmar lo anterior, si el «orgullo» de Palacio Nacional es que ya se erradicó la corrupción y ahora se gobierna desde la honestidad, aunque la realidad de las cosas es que no se ha visto la capacidad de esta administración para manejar la economía, la salud, la seguridad pública, la transparencia y rendición de cuentas. Se pretende dejar de lado que para el manejo de ese dinero, hay reglas específicas y sujetos de auditorías para seguir la ruta del ejercicio administrativo bajo criterios de regulación y asignación.
Lo cierto es que este despropósito legislativo le permitirá al gobierno contar con unos 68 mil millones de pesos adicionales para el año venidero y continuar con sus programas electorales… perdón, sociales, y con la construcción de esas obras que no son prioritarias (la construcción del aeropuerto de Santa Lucía, el tren Maya y la refinería de Dos Bocas).
Ante esta lamentable decisión, muchas y muchos se preguntan para qué sirvió el Parlamento Abierto. Sencillo: fue sólo el marco para el desahogo de especialistas y activistas. Por un instante, fue quizás una señal que albergó alguna esperanza, pero a la hora buena, no dejó de ser una hoguera de frustraciones.
