“La creación del padrón no solo resultaría ineficiente en materia de seguridad, sino que aumentará la cantidad de delitos de los que podemos ser víctimas. Podría aumentar el robo de teléfonos, la clonación de tarjetas SIM, así como la importación de tarjetas desde el extranjero.”
El pasado 16 de abril se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto que reforma varias disposiciones de la Ley Federal de Telecomunicaciones y que contempla la creación de un Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (PANAUT). El PANAUT fue propuesto con una supuesta intención de prevenir y perseguir delitos. Sin embargo, la medida ha sido fuertemente criticada por la sociedad civil, defensores de derechos humanos y gran parte de la ciudadanía.
¿De qué trata este Padrón?
El PANAUT es contemplado como una obligación de todos los usuarios de telefonía móvil para brindar datos personales con el fin de identificarlos. Los usuarios y titulares de telefonía móvil deberán proporcionar para la creación del padrón una identificación, comprobante de domicilio, así como sus datos biométricos.
Las reformas no solo imponen la obligación a los titulares y a los usuarios de brindar sus datos personales, también imponen obligación a los concesionarios de telecomunicaciones y/o autorizados de recabarlos.
Será el Instituto Federal de Telecomunicaciones el órgano encargado de instalar, operar, regular y mantener el padrón, a pesar de que ha expresado que no cuenta con los recursos suficientes para hacerlo (mientras no se decida eliminar este órgano).
¿Por qué la medida ha causado tanta alerta?
Aun cuando la medida se ha comunicado como de “buena fe”, es importante entender que el uso de datos personales puede resultar demasiado riesgoso, más tratándose de datos biométricos. Existe un gigantesco mercado negro de bases de datos en nuestro país, en los cuales nuestros datos se ponen en venta hasta por 100 pesos, dependiendo del tamaño de la base o los datos que se contemplen. Si nuestros datos personales llegan a personas maliciosas, podrían ser usados para extorsionar, amenazar, usurpar nuestra identidad, realizar fraudes y cometer toda clase de delitos en contra de nosotros o en contra de terceros.
La creación del padrón no solo resultaría ineficiente en materia de seguridad, sino que aumentará la cantidad de delitos de los que podemos ser víctimas. Lo anterior resulta más claro si comprendemos que la delincuencia encontrará las vías para no usar líneas registradas a su nombre para cometer delitos, es decir, podría aumentar el robo de teléfonos, utilizar la clonación de tarjetas SIM, así como la importación de tarjetas desde el extranjero.
“La consecuencia de no aportar nuestros datos biométricos en los plazos indicados en la reforma (seis meses para nuevos usuarios y dos años para usuarios ya existentes) se traducirá en una cancelación inmediata de nuestra línea telefónica.”
Nuestro país cuenta con una legislación robusta en materia de datos personales, pero esto no se ha traducido en una cultura de protección de datos suficiente para la protección de los datos recabados y derechos de las personas. Para la protección de datos personales adecuada, es necesario que quienes hacen el tratamiento de los mismos cumplan con todas las obligaciones de la ley, y que cuenten con medidas y sistemas de seguridad de la información y de ciberseguridad para mitigar riesgos relacionados con el uso e intercambio de datos personales. Lo anterior se traduce en gastos considerables para la adecuación de procesos, capacitación de personal, consultorías y acceso a las tecnologías adecuadas. Solamente gobiernos cuya estrategia de seguridad se basa en la vigilancia de sus ciudadanos, tienen un registro de los biométricos relacionados con líneas telefónicas.
Estos son solo algunos de los problemas que puede traer el padrón, los daños serán más y mayores.
¿Qué pasa si me niego a brindar mis datos?
Otra de las razones por las cuales esta reforma resulta en graves violaciones a los derechos humanos, es que ha sido contemplada como una excepción al consentimiento en materia de datos personales, ya que la obligación ha sido impuesta por ley. La consecuencia de no aportar nuestros datos biométricos en los plazos indicados en la reforma (seis meses para nuevos usuarios y dos años para usuarios ya existentes) se traducirá en una cancelación inmediata de nuestra línea telefónica.
Esta medida resulta desproporcional, no solo como medida limitativa de nuestros derechos humanos, también como violación a los principios establecidos en materia de protección de datos personales.
Quedamos a la espera de que se presente una acción de inconstitucionalidad contra las reformas que hemos platicado, así como que se sigan presentando demandas de amparo contra las mismas. Estará en manos del Poder Judicial poner freno a estas medidas arbitrarias, riesgosas y poco planeadas.
