La Oficina en México del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos (ONU-DH) hizo un llamado a las autoridades del estado de Chiapas a garantizar el debido proceso y el respeto a los derechos humanos de los 95 estudiantes de la Escuela Normal Rural “Mactumactzá” detenidos y a investigar las denuncias de abusos por parte del funcionariado público estatal.
Este domingo, un juez vinculó a 74 normalistas mujeres, sin embargo, llevarán el proceso en libertad y como medida cautelar deberán firmar cada 15 días hasta que se resuelva el caso, mientras que 19 varones que siguen detenidos y tendrán audiencia el próximo martes.
De acuerdo a la información recibida, las protestas se habrían producido en rechazo a la decisión de las autoridades educativas de establecer que el examen de admisión a la escuela normal rural fuese exclusivamente por internet, como parte de las medidas para contener los contagios de COVID-19, con lo cual se corre el riesgo de negar su acceso a la educación a personas que no tengan acceso a computadoras, internet y/o electricidad.
“La pandemia ha agudizado las desigualdades. Es responsabilidad de las autoridades evitar que sus medidas profundicen esta brecha. Las medidas de respuesta a la pandemia deben poner los derechos humanos en el centro para garantizar que ninguna persona sea dejada atrás. Las jóvenes y los jóvenes indígenas, que han enfrentado la discriminación estructural y muchas veces viven en condiciones de exclusión y pobreza, tienen derecho a acceder a todos los niveles educativos sin enfrentar barreras que en la práctica constituyen discriminación”, afirmó Guillermo Fernández-Maldonado, Representante de la ONU-DH en México.
En un comunicado publicado el día de ayer, la ONU-DH detalla que recibió de parte de testigos de los hechos, organizaciones acompañantes y abogados de las personas detenidas alegaciones sobre actos de posibles detenciones arbitrarias, malos tratos, violencia sexual, abusos de poder y uso excesivo de la fuerza, entre otras. Asimismo, recibió información sobre acciones que habrían dificultado el acceso de las personas detenidas a contar con representantes legales de su elección. La ONU-DH ha sido informada también sobre posibles violaciones a los derechos de las personas detenidas durante su estancia en instalaciones de la Fiscalía General de Chiapas y en el Centro Estatal de Reinserción Social para Sentenciados 14, “El Amate”.
El llamado de la ONU-DH a garantizar el debido proceso a todas las personas detenidas incluye el absoluto respeto a los principios de presunción de inocencia, la individualización de las conductas que puedan ser calificadas como violatorias de la ley y el acceso al derecho a la defensa. En el caso de las personas hablantes de lenguas indígenas, se debe incorporar la perspectiva intercultural a la investigación, así como garantizar su derecho a contar con servicios de traducción e interpretación que les permitan seguir todo el proceso y participar en el mismo en su propio idioma, para garantizar su derecho de acceso a la justicia.
De igual forma, piden investigar de manera imparcial a los funcionarios públicos que se encuentren involucrados en la detención y durante todo el tiempo que las personas detenidas permanezcan bajo el control de las instituciones del estado.
De acuerdo con la información recibida por la ONU-DH, el 18 de mayo 2021, en la caseta de cobro de la autopista de Tuxtla a San Cristóbal de las Casas, fueron detenidas 97 personas, 93 de ellas estudiantes de la Escuela Normal Rural “Mactumactzá” (72 mujeres y 21 hombres) y cuatro personas parte de las familias desplazadas del ejido Puebla, Chenalhó (todos hombres, dos de ellos adolescentes). Las detenciones se dieron en el contexto de las protestas en contra de los cambios en la prueba de acceso a la escuela. Posteriormente, los dos adolescentes habrían sido puestos en libertad y las 95 personas restantes puestas a disposición del juez, quien declaró legal su detención.
