El Proyecto Mundial de Justicia (WJP) es una organización internacional multidisciplinaria e independiente, con sede en Washington, que realiza anualmente en 126 países una evaluación sobre los niveles y la adherencia al Estado de Derecho, desde una perspectiva ciudadana, con base en encuestas que hace directamente en 120,000 hogares y a 3,800 expertos, en los 126 países, con el propósito de avanzar en el cumplimiento del Estado de Derecho en el mundo.
Con esos datos mide el desempeño con respecto al Estado de Derecho utilizando ocho factores: Límites al Poder Gubernamental, Ausencia de Corrupción, Gobierno Abierto, Derechos Fundamentales, Orden y Seguridad, Cumplimiento Regulatorio, Justicia Civil y Justicia Penal. El resultado de esa investigación anual se contiene en un documento denominado Índice de Estado de Derecho, que se desglosa para cada uno de los 126 países, y que es una referencia para identificar fortalezas y debilidades en estos temas para implementar políticas públicas con el fin mejorar y posteriormente sean medidos los resultados o cambios.
En el año 2109 los países con mayores niveles de Estado de Derecho fueron Dinamarca (posición 1 de 126 países), Noruega (2) y Finlandia (3); los últimos República Democrática del Congo (124), Camboya (125) y Venezuela (126). En América Latina, Uruguay es el mejor posicionado (23), seguido de Costa Rica (24) y Chile (25), y los peores Honduras (115), Bolivia (119) y Venezuela (126).
Desde el 2018 se viene haciendo esta evaluación en México y por segundo año consecutivo aparecimos reprobados con una calificación de 0.45, en una escala que va de 0 a 1 (1 significa el mayor respeto por el Estado de Derecho), ubicándonos en el lugar 99 de los 126 países. En 2019 bajamos dos posiciones y en América Latina y el Caribe ocupamos la posición 26 de 30 países.
Las áreas con más baja calificación son corrupción, seguridad y justicia penal, son sin dudad las que requieren mayor atención. En las dimensiones sobre Ausencia de Corrupción (factor 2) y Orden y Seguridad (factor 5), México se ubica en la posición 117 de 126 países incluidos en el índice mundial. En Justicia Penal (factor 8), México es el lugar 115 de 126 países; no obstante, el subfactor que mide la efectividad del sistema de impartición de justicia aumentó de 0.29 a 0.31. El factor mejor calificado fue gobierno abierto, en el que México se ubicó en la posición 35 de 126 países.
Estas estadísticas coinciden plenamente con la percepción ciudadana sobre los problemas más graves que padecemos en México y llaman la atención a las autoridades de los tres niveles de gobierno sobre las áreas que requieren mayor atención: corrupción, seguridad y justicia penal, incluido en este último las investigaciones penales y el sistema penitenciario que alcanzaron en el Índice puntajes de 0.22 y 0.18, respectivamente.
Un dato importante del Índice de Estado de Derecho en México es que incluye el análisis desglosado de las 32 entidades federativas y se ha significado como una de las mediciones más completas sobre nuestro desempeño institucional, utilizando la misma metodología que el WJP utiliza para sus evaluaciones mundiales.
En el Índice de Estado de Derecho en México 2019–2020, los estados con los puntajes más altos son Yucatán (0.46), Aguascalientes (0.45) y Zacatecas (0.43); los más bajos son Guerrero (0.33), Puebla (0.35) y Quintana Roo (0.35). Entre 2018 y 2019 los puntajes aumentaron en 15 estados, descendieron en 11 y permanecieron sin cambios en 6.
No obstante que una vez reprobamos a nivel nacional en cuanto al Índice de Estado de Derecho, esta herramienta es muy importante y útil para identificar fortalezas y debilidades en estas materias en el país y en cada entidad federativa, y para impulsar acciones públicas que fortalezcan el Estado de Derecho en México; además, puede ser utilizada por organizaciones de la sociedad civil, académicos y comunicadores.
