Nuevamente el Presidente López Obrador arremete contra el Poder Judicial al publicar recientemente un video en su cuenta de twitter, en el que señala que algunos juzgadores «quieren corregir la plana» y que están «legislando sin respetar la constitución», reaccionando molesto por una suspensión que concedió la Primera Sala de la Corte contra la disminución de salarios de algunos funcionarios de organismo autónomos, entre ellos la CNDH.
Una vez más, el diferendo tiene su origen en la polémica Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, que establece que «ningún servidor público debe ganar más que el presidente», cuyo salario neto es de 108 mil pesos, lo que ha sido impugnado por muchos servidores públicos a través de juicios de amparo y por instituciones públicas en Acciones de Inconstitucionalidad. Y no obstante que López Obrador ha declarado que su gobierno respeta la División de Poderes, en los hechos se demuestra lo contrario.
Lo cierto es que, en los poco más de 7 meses que van del actual gobierno, el Presidente ha demostrado que su estilo personal de gobernador se basa en muchas ocurrencias mañaneras y en un evidente desprecio por el cumplimiento de la ley y del respeto al Estado de Derecho, y que no le gusta que nada ni nadie lo contradiga ni cuestione.
En este escenario, sin duda que el único bastión institucional que tenemos para frenar sus caprichos y apetitos populistas, son justamente los jueces federales y los Ministros de la Corte, que tiene la trascedente función de velar por que se cumpla la Constitución y las leyes que de ella emanan. Por ello, un amplio sector de la población que no voto por AMLO (más del 50% del electorado), y que le interesa México y sus instituciones, está preocupado por los reiterados intentos de tratar de minar la independencia y autonomía del Poder Judicial.
Es importante mencionar al respecto, que existen varios criterios internacionales en defensa de la independencia del Poder Judicial. Por ejemplo, la ONU ha proclamado la obligación de los Estados miembros de garantizar la independencia de la judicatura y que todas las instituciones gubernamentales deben respetarla y acatarla. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha sostenido formalmente que debe existir una real independencia de los poderes judiciales y una clara separación respecto de los otros poderes, que debe ser respetadas y garantizadas por el Ejecutivo y el Legislativo, insistiendo en que “el principio de separación de poderes debe manifestarse en la práctica, entre otras formas, en evitar la dependencia financiera en las asignaciones presupuestales realizadas por el parlamento”. Ambos organismos multinacionales coinciden en la necesidad de la independencia judicial para que se garantice el derecho humano, universalmente reconocido, del debido acceso a la justicia de todas las personas.
Habría que recordarle al Presidente que si bien es cierto que el artículo 127 Constitucional establece que nadie puede ganar más que el presidente (reforma que impulso Felipe Calderón y no AMLO), también lo es que otro artículo, el 94, tutelando la división de poderes, dice que “la remuneración que perciban los ministros y los magistrados y jueces federales, no podrá ser disminuida durante su encargo”. Habría que agregar la facultad constitucional que tienen ministros y magistrados federales para emitir jurisprudencias, que tienen el mismo alcance y obligatoriedad que la ley. Es decir, que esta es material y prácticamente una facultad legislativa que tiene el Poder Judicial Federal.
