Marco Ríos
El Magistrado Constancio Carrasco Daza fue nombrado por sus pares Presidente de la Sala Superior del Tribunal Electoral Federal en sustitución de José Alejandro Luna Ramos, quién culminó su período constitucional. Previamente el pleno de los magistrados electorales se había reunido en sesión privada para establecer los lineamientos sobre la elección. Así, con un Acuerdo General aprobado por los integrantes de la Sala Superior, se determinó que sería el 13 de abril el día único para votar por quien dirigiría el instituto calificador de las elecciones.
En orden alfabético, dejando al al final al presidente saliente, se realizó la sesión de elección en la cual los magistrados expresaron verbalmente el nombre de quien debería estar al frente de tribunal electoral. Era necesario, según se acordó, una mayoría de al menos 4 votos, mismos que obtuvo el Mgdo. Carrasco Daza, procediendo de inmediato a rendir la protesta de ley.
Una vez investido, durante su discurso el Mgdo. Carrasco afirmó que ante un escenario social y político, como elque actualmente se presenta, sería impropio asumir esta encomienda, sin partir de la necesidad inaplazable de alcanzar legitimidad y credibilidad en las instituciones del Estado. “Los jueces electorales deben reconocer que la independencia judicial, la ética, la imparcialidad y la rendición de cuentas son exigencias mínimas de una sociedad democrática; situación que no puede darse sin el respaldo sólido y genuino de decisiones judiciales justas, convincentes para el sentido común y políticas administrativas acorde con una sociedad que pide hoy más que nunca moderación”.
Refirió que en la cooperación y respeto entre Poderes, es necesario impulsar una nueva Ley General de Medios de Impugnación, acorde con la perspectiva moderna del debido proceso, que incluya al juicio para la protección de los derechos político-electorales de los sistemas normativos internos. Además tomó en cuenta que en un proceso electoral las comunidades indígenas deben ser parte de este ejercicio cívico que es la votación. Por ello refirió que debe impulsarse una reforma orgánica que garantice la tutela efectiva de los derechos político-electorales de los integrantes de las comunidades indígenas mediante la Defensoría Pública Federal en forma gratuita.
El nuevo presidente del TEPJF aseguró que es impostergable consolidar la ley reglamentaria del artículo 134 de la Carta Magna, debido a que hoy los principios fundamentales consagrados en el propio precepto constitucional, esencialmente, transparencia y honradez, llevan a reflexionar sobre la pertinencia de regular la celebración de sesiones públicas de la Comisión de Administración en temas vinculados con el ejercicio del gasto público, para lo cual, parece necesaria, una reforma orgánica. Enfatizó que en lo concerniente a las facultades, deberes y exigencias de transparencia relacionadas con la forma de ejercer el gasto público, es necesario privilegiar la máxima publicidad.
Indicó que es necesario reglamentar la paridad en el ingreso y promoción en la Carrera Judicial Electoral, el Servicio Civil de Carrera en las áreas administrativas, transitar de manera firme hacia la independencia técnica y autonomía de gestión de la Contraloría Interna y certificación de auditores, mediante convenios que se celebren con la Auditoría Superior de la Federación (ASF). Se pronunció por robustecer los procesos de certificación periódicos a los servidores públicos que despliegan las actividades relacionadas con adquisiciones, arrendamientos, prestación de servicios y obra en general, realizadas por instituciones y organismos reconocidos en la administración pública. Con estas, entre otras acciones, “estoy convencido de que la única pretensión de este Tribunal, debe ser alcanzar una auténtica sociedad de derechos”.
