El Presidente Nacional interino de Morena Alfonso Ramírez Cuéllar, propuso una reforma constitucional para facultar al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) para revisar el patrimonio inmobiliario y financiero de los mexicanos y que tenga acceso a su información fiscal, con la finalidad de cerrar brechas de desigualdad. No es para quitarles a los ricos, asegura irónicamente, sino para que se detecten las altas fortunas, como ocurre en cualquier lugar del mundo, y cooperen más lo que más tienen. Según declaró, la propuesta tiene una aplicación de “Progresividad Fiscal”, con lo que cada mexicano debe de contribuir a los gastos del estado y al financiamiento del «Estado de Bienestar». Como era de esperarse, las respuestas a esta idea no fueron vítores; de hecho calificaron la iniciativa como una táctica policial para convertir al Inegi en un órgano fiscalizador de la riqueza. Juristas la consideraron como antidemocrática e inconstitucional y la vislumbraron como autoritaria y peligrosa. La Coparmex también alzó la voz planteando que el cruce de información entre Inegi y SAT es nocivo para la confiabilidad de los datos pues se podría conducir sin falsear información. Por su parte, el Comité Nacional de Estudios Económicos del IMEF, dijo que la medida no serviría para medir la desigualdad. En otros casos, plantearon que la iniciativa podría ser viable, pero podrían violarse garantías individuales. Incluso al interior de Morena hubo rechazo. Resulta curioso que se haya recortado el presupuesto para el Instituto, pero se le quiera dotar de tal poder fiscalizador. Por lo pronto el propio AMLO se deslindó de la propuesta del presidente de su partido, el senador Ricardo Monreal.
