Diputados de Morena impulsan la iniciativa de Ley Federal de Combate a los Conflictos de Interés y fue conocida por la Comisión de Transparencia y Anticorrupción.
Argumentan que el marco normativo vigente en la materia no se adecua a los estándares internacionales y omite los conflictos de interés que podrían darse una vez que los servidores públicos se separen del cargo.
Al respecto, el secretario de Comisión, José Luis Montalvo Luna (PT), estimó que las consideraciones de académicos y abogados son relevantes para enriquecerla y que posteriormente se apruebe, con el objetivo de eliminar la corrupción en el servicio público.
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Por su parte, la diputada de Movimiento Ciudadano, Ruth Salinas Reyes inquirió respecto de la posibilidad de que esta iniciativa se contraponga con lo que establece la Ley General de Responsabilidades Administrativas, en cuanto a definiciones y sanciones, lo que generaría antinomias y subjetividades que impedirían enfrentar con eficacia los conflictos de interés.
En el mismo sentido, la diputada del PAN, Martha Elisa González Estrada se pronunció por perfeccionar la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
Expresó, “no porque existan más leyes habrá menos corrupción”, el argumentó lo apoyó la legisladora del PRI, Ximena Puente, ambas enfatizaron que es mejor perfeccionar las leyes existentes y sobrelegislar.
Consideraciones de especialistas
Max Kaiser Aranda, coordinador del Programa Anticorrupción del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), expresó su preocupación porque la iniciativa plantea que los servidores públicos deben separarse de sus bienes y patrimonio logrados durante toda su vida, así como de sus intereses, lo que originaría muchos problemas, como la simulación, o poner a nombre de alguien más sus propiedades.
Propuso enfocarse en la autonomía de los órganos incorporados al Sistema Nacional Anticorrupción para determinar a quién investigar, sin criterios políticos, y sancionarlos.
Sugirió tener una plataforma nacional digital y aplicar la inteligencia artificial para prevenir y detectar conflictos de interés.
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Tanto Kaiser como David Enrique Merino Téllez, coordinador general del Grupo de Investigación, Análisis y Opinión de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, sugirieron fortalecer la eficiencia y eficacia de las normas que hay.
“Se debe fortalecer la investigación y la judicialización de los procesos y lleguen a una condena conforme a la ley”, enfatizó Merino Téllez.
Señaló la necesidad de consolidar mecanismos tecnológicos para utilizar blockchain (cadena de bloques), identificación biométrica y firma electrónica para identificar a los beneficiarios finales de las compras públicas reales.
