El senador Ricardo Monreal Ávila presentó dos iniciativas para combatir los actos de corrupción y nepotismo, la primera en el Congreso de la Unión y la segunda en el Poder Judicial de la Federación.
La iniciativa que reformaría la Ley Orgánica del Poder Judicial busca establecer sanciones para aquellos que utilizan su cargo dentro del Poder Judicial para gestionar nombramientos, promociones, ratificaciones que creen conflicto de interés.
Para familiares consanguíneos o afines hasta el cuarto grado o parientes civiles.
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O para quien tenga relaciones profesionales, laborales o de negocios, o para socios o sociedades de las que el servidor público o las personas antes referidas formen o hayan formado parte.
La reforma propone también que quienes aspiren a ingresar a alguna categoría deban hagan pública su declaración de intereses, la cual deberá incluir, en su caso, los vínculos familiares y de afinidad con integrantes del Poder Judicial de la Federación.
Con respecto a la Ley que Regula las Actividades de Cabildeo en el Congreso de la Unión para prevenir la corrupción y fomentar el buen desempeño de las actividades legislativas, dice el comunicado del Senado.
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La Ley contemplará crear un padrón de cabilderos, asimismo, el nombre de las nombres de los órganos directivos, administrativos y comisiones de las cámaras del Congreso ante los que ejercen o ejercerán sus actividades, así como el nombre de legisladores y servidores públicos de las cámaras que prevén entrevistar.
Además pedirán que se establezcan los objetivos del cabildeo y los temas a tratar en su gestión.
De esa forma, los cabilderos sólo podrán ejercer con una constancia de registro en el padrón, que estará autorizada por los presidentes de la Mesa Directiva y de la Junta de Coordinación Política.
Y deberán estar debidamente identificados dentro de las instalaciones del Senado.
La Ley prevé sanciones administrativas y multas que irán de los 80 a los 400 mil pesos para los que sustraigan, destruyan o alteren información que tengan bajo su custodia.
Y para los que reciban dádivas en beneficio de cualquier naturaleza que trate de influir en las decisiones de las funciones constitucionales y legales de los funcionarios.
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