Autora: Alexa Nicole Marin Valencia[1]
El artículo 3° de nuestra constitución reconoce el derecho de todos los mexicanos para poder acceder a la educación y obliga al Estado a garantizarla bajo los supuestos de la universalidad, inclusividad, gratuidad, laicidad y publicidad; no obstante, no teníamos prevista una situación como la que atravesamos el día de hoy, una pandemia que debido a su gravedad y alto grado de contagiosidad ha llevado a las autoridades sanitarias a tomar medidas de confinamiento estrictas que han obligado a las instituciones educativas a cerrar sus puertas.
La nueva forma a la que nos ha obligado a vivir la emergencia sanitaria nos permite darnos cuenta de la situación real en la que cada uno de los estudiantes nos encontramos y, asimismo, deja entrever la amplia brecha que aún existe entre el texto constitucional y la aplicación en la sociedad.
De nada sirve tener un artículo entero dedicado al tema, redactado de la manera más precisa y hasta cierto punto poética si, va a ser letra muerta, este ha sido durante años uno de los asuntos más importantes a tratar por el derecho; más que la modificación o adición de texto, lo que el derecho debe fijarse actualmente es el cómo hacer que estas disposiciones funcionen y la manera de prevenir ciertos acontecimientos, pues la función del derecho no se limita únicamente a la creación y aplicación de normas a través de un poder judicial o legislativo, sino que posee además esta facultad preventiva que es la base para que lo anterior pueda llevarse a cabo.
En definitiva, ningún país se encontraba preparado para atravesar por este tipo de situaciones, empero, se han visto obligados a cambiar sus políticas a fin de seguir dando cumplimiento a sus funciones y; en un mundo globalizado donde la tecnología ha rebasado cualquier expectativa, resulto ser la herramienta ideal para la solución a muchos problemas, posicionándose de manera pronta y radical el uso de aparatos electrónicos e internet para el desarrollo de la gran mayoría de las actividades.
La educación no se quedó atrás y modifico relativamente rápido su sistema a fin de continuar con la impartición de cátedras a través de estos medios electrónicos, sin embargo, nos encontramos aquí con el problema que nos atañe; ¿Cómo garantizar la universalidad de la educación cuando existen comunidades que ni siquiera tienen servicio de energía eléctrica o internet?; ¿Cómo garantizar la inclusividad de personas que jamás han tocado una computadora o que no tienen las posibilidades de acceder a una?; ¿Cómo garantizar la gratuidad de un servicio de educación si para ello se debe de pagar el servicio de internet, el aparato electrónico o bien, la renta de uno de ellos?
Tres de los principios sobre los cuales se rige la educación en nuestro país están siendo vulnerados; en México, 43 mil localidades que componen cerca de 500 mil viviendas no cuentan con electricidad, principalmente comunidades indígenas y rurales; el 33% de la población nacional no cuentan con acceso a redes de internet sea por los costos elevados o por la infraestructura tan limitada; mientras que 4.7 millones de personas no cuentan la alfabetización digital necesaria para su desarrollo educativo, económico y social.
En este contexto nacional resulta notorio lo indefenso que esta nuestro derecho a la educación, pues no se nos proporcionan las herramientas mínimas necesarias para garantizarlo; se requiere entonces de una serie de disposiciones nuevas que contribuya a:
- Acelerar a través de la Comisión Federal de Electricidad la electrificación en las comunidades faltantes del servicio.
- Proporcionar la infraestructura necesaria para dotar a las localidades de internet gratuito o a bajo costo.
- Organizar un plan de financiamiento de equipos tecnológicos a personas de escasos recursos o con amplia demanda de aparatos eléctricos.
- Iniciar una campaña de alfabetización digital en la que los mismos sujetos de la región sean quienes apoyen para la capacitación y uso de estas herramientas.
Si se lograse realizar de manera rápida, eficaz y eficiente los puntos con antelación descritos, me atrevo a afirmar que el derecho a la educación se vería realmente garantizado por el Estado, pues, bajo estas condiciones, todos los estudiantes del país tendrían acceso a este derecho humano que considero tan importante y fundamental sobre todo en estos tiempos de incertidumbre que la pandemia nos ha traído.
[1] Licenciada y Maestrando en Derecho por la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, México, encaminada al área de derechos humanos, medios alternos de solución de controversias y cultura de paz.
