Además de ahondar las diferencias entre el Instituto Nacional Electoral (INE) y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), al darle este último el pase automático a la boleta electoral a “El Bronco”, Jaime Rodríguez Calderón, el cuestionado y dividido fallo del Tribunal abrió la discusión sobre la reestructuración de la Suprema Corte que desde hace
varios años se viene planteando en el foro, en la academia y en diversas instancias políticas. El inexplicable fallo que aprobó una precaria mayoría, 4 de los 7 magistrados de la Sala Superior, provocó una crítica generalizada de analistas, actores políticos y sociales, intelectuales y representantes de los medios de comunicación, incluidos un gran número de operadores de “redes sociales”. Alentó las especulaciones que existen sobra la existencia misma del tribunal, en su composición e integración actual, proponiendo su desaparición al concluir el proceso electoral de 2018.
En efecto, tal parece que la consecuencia más evidente del referido fallo es el reclamo anticipado para una nueva reforma electoral que corrija tantas fallas e incongruencias que se han visto en este proceso, empezando por la
compleja fórmula para seleccionar candidatos independientes, pasando por la eliminación del excesivo financiamiento público para las campañas y el sostenimiento de los partidos –en crisis y repudiados por la sociedad– y por la reducción de diputados y senadores plurinominales, hasta la desaparición del TEPJF, que bien podría transformarse en una sala electoral del tribunal constitucional, por el que algunos candidatos quieren sustituir a la SCJN
También es preciso modificar el modelo de cuotas partidistas con el que se eligen magistrados electorales y ministros de la Corte y extender a este sector la fórmula democrática prevista en el artículo 102 de la Constitución para la elección del Fiscal General de la República: el Senado selecciona 10 candidatos por mayoría calificada, los envía al Presidente para escoger
una terna y la regresa al Senado para que nombre por mayoría calificada al Fiscal. Esto daría pauta para ampliar el abanico de opciones en la designación de los funcionarios judiciales de más alto nivel, apoyados en las prácticas de parlamento abierto.
