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La atención de las violaciones a Derechos Humanos, no concluye con la emisión de las recomendaciones: LRGP.
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En México la protección y el respeto a los Derechos Humanos no sólo es un deber constitucional, es un imperativo moral: EPN.
Ante un escenario de escepticismo social hacia las instituciones, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) busca cumplir su compromiso constitucional en defensa y protección de los Derechos Humanos (DH), señaló su Presidente Luis Raúl González Pérez, durante su primer informe de labores presentado en la Residencia Oficial de Los Pinos ante el Presidente de la República. El Ombudsman nacional refirió que los hechos ocurridos en Chalchihuapan, Tlatlaya e Iguala durante el 2014, llevaron a un despertar y toma de conciencia en la sociedad mexicana, así como hacia el nuevo paradigma de actuación que las autoridades deben asumir.
Uno de los temas que sobresalen en el informe es que, al menos durante el 2014, las fuerzas armadas no figuran entre las dependencias con más recomendaciones emitidas, ni siquiera entre las 5 primeras. González Pérez pidió al Presidente Peña Nieto acelerar los pasos para contar con las normas jurídicas que permitan la protección y promoción de los DH en nuestro país. Refirió que México sigue siendo una nación en donde quedan grandes retos en la materia. Brindó también una numeralia sobre el trabajo realizado por la CNDH durante el último año, con base en los datos y registros al asumir su titularidad el pasado 16 de noviembre.
González Pérez manifestó que la simulación, omisión, parcialidad y falta de apego para cumplir los procedimientos de responsabilidad administrativa, que emite la CNDH, constituye por sí misma una nueva violación a DH, pues se revictimiza a los agraviados y se incurre en una conducta que incide de manera directa en el aumento de la impunidad y debilita el Estado de Derecho. De ahí que pidió al Presidente Peña Nieto gire instrucciones para que las solicitudes de información y documentación formuladas por la Comisión a dependencias y entidades del Poder Ejecutivo Federal, sean debida y oportunamente atendidas, así como para que se revise el cumplimiento de las recomendaciones que se les han dirigido y, dado el caso, implementen acciones que aún estén pendientes para lograr su cumplimiento real e integral. También recibió el mismo exhorto el Presidente de la Conferencia Nacional de Gobernadores (CONAGO), Mariano González Zarur, al hacer extensivas esas mismas solicitudes de colaboración a todos los gobiernos locales, ya que la vigencia y protección de los DH, dijo, vincula, corresponde y beneficia a todos.
La atención de las violaciones a DH, no concluye con la emisión de las recomendaciones, aseveró Luis Raúl González. Es necesario, dijo, dar seguimiento y constatar su cumplimiento puntual en caso de que las autoridades responsables las acepten, así como denunciar pública y decididamente las negativas u obstáculos que se presentan para su cumplimiento. Aquí hizo referencia a 5 ocasiones en que las autoridades no aceptaron las recomendaciones del Ombudsman nacional. Se trata de los ayuntamientos de Alvarado, Veracruz, en 2 casos; de Ahuajotzingo y Florencia Villarreal, Guerrero; y Huachinango, Jalisco, en un solo caso, respectivamente.
Mencionó el Ombudsman nacional que durante los años 2013 y 2014 la CNDH presentó 148 denuncias administrativas por presuntas irregularidades imputables a servidores públicos federales y locales, de las cuales, al mes de diciembre de 2014, seguían en trámite 124 y se habían concluido 24. “Sólo en 7 casos se determinó la imposición de una sanción administrativa a los servidores públicos involucrados”. Explicó que en la mayoría de los casos, la sanción impuesta consistió en una amonestación o suspensión por 15 días, registrándose únicamente 2 casos de inhabilitación de servidores públicos. En los restantes 17, las autoridades no encontraron elementos suficientes para imponer alguna sanción o se alegó la prescripción de la facultad para tal efecto. De ahí que advirtió, serán más estrictos en la integración y seguimiento de las denuncias administrativas y penales que presente la CNDH, así como en el trámite de las mismas.
La CNDH siempre se
pronunciará por que se aplique
la ley, sin distinción o reserva,
a quien cometa un delito. No
hacerlo, violenta, de nueva
cuenta, a las víctimas.
El objeto de una recomendación cuando busca deslindar las responsabilidades administrativas de servidores públicos, detalló Luis Raúl González, no se satisface con el mero formalismo del inicio de un procedimiento, tampoco con la imposición de sanciones que generalmente no son proporcionales a la gravedad y magnitud de las violaciones a DH en que se haya incurrido. “La simulación, omisión, parcialidad y falta de apego de la ley en los procedimientos de responsabilidad administrativa, constituye, por sí misma, una nueva violación de DH, pues se revictimiza a quienes fueron objeto de la violación que dio origen a la recomendación y se incurre en una conducta que incide de manera directa en el aumento de la impunidad, y debilita nuestro Estado de Derecho”.
El Ombudsman, no es antagónico a las autoridades, ni a los poderes públicos. A través de su actividad y del ejercicio de sus atribuciones, dijo, coadyuva a la lucha contra la impunidad, así como a depurar, fortalecer y consolidar las instituciones. “Su voz siempre llamará al diálogo, a la concordia y a la paz. De ninguna manera busca dividir o polarizar a la sociedad, ni evitar que se aplique la ley. La CNDH siempre se pronunciará por que se aplique la ley, sin distinción o reserva, a quien cometa un delito. No hacerlo, violenta, de nueva cuenta, a las víctimas”.
Destacó que la prevención y persecución del delito, es compatible con el respeto pleno a los DH. El cumplimiento de la ley, significa respeto a estos derechos. De aquí que advirtiera como responsabilidad de las autoridades aplicar la ley con todo su rigor, en un marco de respeto a la dignidad humana. “No se puede hacer justicia violentando los DH”. Advirtió que no se debe propiciar ni tolerar la impunidad, tampoco aceptar la venganza o justicia a mano propia, y enfatizó que es obligación de la autoridad dar cauce a las muestras de descontento, escuchar las necesidades y generar canales o vías adecuadas para responder a ellas eficazmente. También lo es, dijo, la oportuna y debida aplicación de la ley. “La ilegalidad, la violencia y el delito deben ser prevenidos y sancionados por la autoridad en cualquier parte del país”. Tenemos el compromiso, dijo, de generar mecanismos para evaluar la incidencia real del trabajo del Organismo nacional ante la sociedad y transparentar la gestión. “La atención integral a las víctimas, el cumplimiento de la ley y la solución efectiva de los casos planteados –aseguró— serán parámetros que nos orienten para ello, dando igual importancia a lo cualitativo que a lo cuantitativo”.
Luis Raúl González recordó que la Reforma Constitucional de 2011 ubicó a los DH como eje y justificación básica del Estado y de su actividad; sin embargo, denunció que uno de los mayores retos es su operatividad, es decir, hacerlos efectivos. “A casi 4 años de esta trascendente reforma, la situación de los DH en México no corresponde a un cambio normativo de tal envergadura, ya que algunas partes del país atraviesan una crisis. No debemos propiciar ni tolerar la impunidad, así como tampoco aceptar que se busque venganza o se ejerza justicia por propia mano. Nuestras instituciones y la ley son el medio por el cual se debe procesar todo reclamo de justicia”. Es obligación de la autoridad, destacó, dar cauce a las muestras de descontento, escuchar las necesidades y generar canales o vías adecuadas para responder a ellas eficazmente. También lo es la oportuna y debida aplicación de la ley, lo cual lleva implícito el respeto a los DH: aseveró que la ilegalidad, la violencia y el delito deben ser prevenidos y sancionados por la autoridad en cualquier parte del país.
Advirtió que las violaciones a la dignidad humana se inscriben en la inobservancia de la ley, lo cual ha ocasionado, que la sociedad no confíe en las instituciones. “Desconfianza que alcanza, inclusive a la CNDH; la gente ve los DH a veces más como un elemento meramente discursivo, que como un ejercicio práctico y cotidiano”. Nadie, aseveró, debe caer en la tentación de la violencia. El diálogo, el entendimiento y el respeto a la ley deben prevalecer como las vías para la solución de los conflictos. Sólo de esta forma se supera la desconfianza y podremos construir el espacio común que se requiere para hacer efectivos todos los derechos. Se ha dicho que Iguala marca un antes y un después para México y los mexicanos. La gravedad y trascendencia de estos hechos nos deben hacer reflexionar y replantear el futuro que queremos para nuestro país.
No debemos esperar, ni como autoridades ni como sociedad, a que ocurran otros hechos graves para iniciar el cambio hacia el cumplimiento efectivo de la ley. El asunto de Iguala no está cerrado, enfatizó, y se debe buscar la verdad. Lograr que los derechos de las víctimas sean reparados, que todos los responsables sean sancionados y evitar a toda costa su repetición. Nadie, sostuvo Luis Raúl González, puede sustraerse del respeto a la ley y a los DH. Quien desde el poder incumple la ley, viola DH y atenta contra nuestras libertades e instituciones democráticas.
Compromiso indeclinable con el respeto y la protección de los DH: EPN
Al recibir el Informe de Actividades 2014, el Presidente Peña Nieto subrayó que los DH deben ser protegidos y respetados por todos los sectores y las autoridades. Quien quebrante, advirtió, este precepto fundamental del Estado de Derecho tiene que asumir las consecuencias legales que correspondan. Expresó su reconocimiento a la CNDH por su aportación a la construcción de una sociedad más libre, justa e incluyente. Dijo que el Gobierno de la República seguirá actuando en el marco de la ley, con total disposición de atender y dar cumplimiento a sus recomendaciones. En este sentido, informó que las recomendaciones de la CNDH a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, se redujeron en un 60% del periodo de 2013 a 2014.
Toda autoridad, dijo el Presidente, está obligada a respetar la ley. Con esta convicción, Peña Nieto aseguró que el Gobierno de la República ha articulado una verdadera política de Estado en materia de DH concentrado 3 grandes ámbitos:
- La difusión de una amplia cultura social de conocimiento y de respeto a los derechos humanos.
- Prevenir la violación de DH. Con este propósito, el año pasado se puso en marcha el Programa Nacional de Derechos Humanos, que incorpora a los programas y políticas públicas una perspectiva de defensa y promoción de las libertades fundamentales de las personas. En este marco, se promueve su salvaguarda a partir de un esfuerzo integral de capacitación a los servidores públicos.
- La protección de los derechos de las personas. México cuenta con innovadores instrumentos jurídicos en esta materia, entre los que destacan la nueva Ley de Amparo, la Ley General de Víctimas y la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, con sus respectivos mecanismos institucionales para asegurar su instrumentación.
La gente ve los DH a veces
más como un elemento
meramente discursivo,
que como un ejercicio
práctico y cotidiano.
Recordó EPN las medidas en favor de los DH anunciadas en noviembre del año pasado, a saber:
- La creación de leyes generales en los rubros de tortura y desaparición forzada, para lo cual envió una Iniciativa de Reforma Constitucional que faculta al Congreso de la Unión a expedir estos ordenamientos.
- La renovación de los protocolos y procedimientos institucionales para erradicar y sancionar los casos de tortura, desaparición forzada y ejecución extrajudicial.
- La creación de un Sistema Nacional de Búsqueda de Personas No Localizadas y de una Base Nacional de Datos Genéticos.
En este segundo y tercer punto, Peña Nieto informó que actualmente, un grupo de trabajo integrado por la Secretaría de Gobernación, la PGR y la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, define los lineamientos de este sistema con el respaldo de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. Adelantó que esto ha permitido armar un esbozo de lo que será el proyecto de Ley General de Personas No Localizadas y Desaparición Forzada. “Todas estas medidas y acciones han surgido de un diálogo constructivo entre autoridades y organizaciones de la sociedad civil promotoras de los derechos humanos. Sus aportaciones han sido esenciales en el Consejo Ciudadano para la implementación de la Reforma Constitucional de Derechos Humanos y de la Comisión de Política Gubernamental de esta misma materia”.
Patentizó su reconocimiento al trabajo conjunto que se está desarrollando con la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, el Comité Internacional de la Cruz Roja y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para avanzar en la puesta en práctica de mejores políticas públicas. “Además, se colabora con la Oficina del Alto Comisionado, el Programa Universitario de Derechos Humanos de la UNAM y la propia CNDH, para diseñar un Sistema Nacional de Evaluación que nos permita conocer con mayor objetividad y transparencia la condición de los derechos humanos en nuestro país”, dijo.
