Jaime Díaz Limón
Especialista en propiedad intelectual en el ámbito digital
En Internet, el Derecho es el mecanismo menos usado para resolver las controversias.
En el marco de la presentación, estudio y promulgación de la Ley Fintech en nuestro país, con la cual se pretende regular y dar certeza jurídica a las nuevas plataformas de servicios financieros por Internet, existen voces que alertan de su poco funcionamiento. Uno de ellos es el especialista en Propiedad Intelectual y experto en derechos de autor en el ámbito digital, Jaime Díaz Limón. Más que una norma, advierte, bastaría instituir una Norma Oficial Mexicana a la cual se obligue que a los operadores de comercio electrónico o E-Commerce a certificarse en este tipo de mecanismos, lo cual, asegura, tendría mucho más peso que cualquier ley.
Hay naciones en donde se cuenta con este tipo de certificaciones que son obligatorias, algunas como PCI[1] o SOX[2], que permiten acreditarle al consumidor que sus datos bancarios están bien cuidados al igual que los servidores; de ahí que las personas no tienen miedo de compartirlos. Aquí en México, comenta, no se te dice cómo se van a cuidar, quién los guardará, por cuanto tiempo, ni en dónde, mucho menos quién tendrá acceso a ellos. De no hacerlo, jamás migrarán a una plataforma en línea y continuarán comprando en la tienda de la esquina. Si logramos que esas certificaciones se institucionalicen, sería un gran paso para dar confianza para que la gente deje sus datos en estas plataformas.
México cuenta con un marco legal para el comercio y pagos electrónicos. Tenemos, recuerda Diaz Limón, un Código de Comercio con la suficiente fuerza jurídica, en donde se abordan específicamente, los actos de comercio en materia electrónica. A esto se suman los distintos parámetros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en donde analizan cómo funcionan las transferencias electrónicas y su valor probatorio; es decir, sí hay precedentes y sí hay leyes, asegura. Sin embargo, para el especialista el tema es que no se les da el peso debido. Es necesario recordar, comenta, que nuestro país funciona mediante un sistema legislativo en donde, entre más leyes existan, menos operable se vuelve.
Debemos de entender que el derecho hoy en día no necesariamente es el mecanismo idóneo para regular las interacciones en Internet. Las nuevas tecnologías están siendo desarrolladas con mecanismos de autorregulación. Tenemos, explica, en el ejemplo del bitcoin el caso del blockchain que cuenta desde su concepción con un mecanismo de autorregulación que ha permitido el que no pierda el valor virtual este tipo de moneda. Esta tecnología no necesita de ninguna autoridad centralizada para regularse ya que son los mismos “mineros” los que certifican las transacciones. Éstos son personas, o programas computacionales, que ganan bitcoins al resolver las ecuaciones que certifican cada una de las transacciones. Por eso, insisto, “no sería la vía adecuada el imponer una ley sin antes entender a fondo cómo funciona el Internet y estas nuevas tecnologías y sobre eso, ver los mecanismos institucionales que puedan llegar a servir, para que lo que ocurra en online, tenga un reflejo jurídico en materia offline”.
Por eso, analizando las diversas prácticas internacionales, yo estoy más a favor de los protocolos y las certificaciones de seguridad para que lo que se regule sea la seguridad de los pagos. Otros países entendieron cómo es que se tienen que regular esos pagos, no hacia el comercio electrónico, sino hacia las instituciones que deben de cuidar y resguardar los datos bancarios. En México sólo cuentan con certificaciones PCI y Sox 2 de las grandes empresas del retail el línea, Walmart y Amazon. “No se puede pretender regular los mecanismos electrónicos de pago ya que de esos surgirán cantidad infinita de modalidades y posibilidades, lo que se tiene que regular es quiénes van a emitir esos pagos para poder tener resguardados no solamente los datos bancarios sino evitar también el lavado de dinero.”
Si bien la Ley Fintech no regula el comercio electrónico, sí regula una de las pequeñas partículas de éste que son los monederos electrónicos porque en el comercio electrónico podemos pagar con dinero del sistema financiero tradicional o con dinero electrónico. No pretendamos regular todas las monedas electrónicas porque se van a encontrar con pared. Hay más de un mecanismo para regularse en Internet y el derecho es sólo uno de ellos. En el mundo offline el derecho es el que manda pero en Internet no; hay muchos mecanismos de arbitraje y autorregulación y es ahí en donde la ley no puede llegar a imperar.
No estoy muy de acuerdo con la Ley Fintech porque es una ley hecha por abogados y para abogados sin considerar a expertos lideres en la materia. “No entendemos cómo opera el E-Commerce, tampoco cuáles son las reglas de Internet; se nos olvida que Internet funciona a otro ritmo.”
La norma tiene muy buen espíritu, asegura el especialista. Está llena de buenas intenciones, pero poca practicidad. Comenta que hay países en donde las legislaciones en materia de Bitcoin, por ejemplo, están muy avanzadas, en Estados Unidos, incluso, hay cajeros de esta moneda virtual. Lo primero que debe hacerse, propone, es generar confianza en los consumidores, en los usuarios para que usen el comercio electrónico, porque en estos momentos hay muy pocas operadoras de E-Commerce en México como para generar un gran impacto considerable de esta ley.
Estamos bajo pretensiones muy alejadas de la realidad en la cual nosotros como abogados queremos llegar a imponer nuestra ley y en Internet hay muchos mecanismo para resolver las controversias; el Derecho es tan sólo uno de ellos, y la realidad es que es de los menos usados.
Se debe regular a través de protocolos y certificaciones la seguridad de los datos de los usuarios de servicios financieros Online pero no pretendamos tener una ley para tecnologías como el Blockchain que son auto regulables por definición.
Hay más de un mecanismo para regularse en Internet y el derecho es sólo uno de ellos.
[1] Acrónimo de “Payment Card Industry Data Security Standard” (Norma de seguridad de datos de la Industria de tarjetas de pago) del Consejo de la PCI.
[2] La ley Sarbanes Sox nació como respuesta a una serie de escándalos corporativos que afectaron a empresas estadounidenses a finales del 2001, producto de quiebras, fraudes y otros manejos administrativos no apropiados, que mermaron la confianza de los inversionistas respecto de la información financiera emitida por las empresas.
