La justicia en México es inaccesible para millones de personas con discapacidad, por lo que resulta pertinente preguntar si es justo que estas personas no puedan acceder a ella.
La Carta Magna, instrumentos internacionales, leyes federales y locales, reconocen los derechos que todos y todas tenemos para acceder a la justicia.
El Estado debe garantizar el acceso a una justicia asequible para todos, pues de lo contrario, sería una discriminación.
Las personas con discapacidad se encuentran con diferentes obstáculos en el ejercicio de sus derechos al participar en procesos judiciales o administrativos.
