En compañía de la Senadora Citlalli Hernández Mora, hoy en el Senado de la República, EQUIS Justicia para las Mujeres y WOLA, dos grupos de defensa de los derechos humanos, lanzan la campaña: #LiberarlasEsJusticia: El Contexto es la Única Diferencia, que pide al Estado mexicano establecer un mecanismo legal que permita la liberación de las mujeres que han sido víctimas de una política de combate a las drogas que ha causado mucho daño a nuestro país y, en cambio, implementar estrategias integrales de reinserción social. Esto debido al impacto severo y desproporcionado que las políticas de drogas prohibicionistas y punitivas tienen sobre las mujeres, sus familias, y comunidades.
“Cuando una mujer es encarcelada por delitos relacionados con drogas, hay graves consecuencias para su familia, su comunidad, y su entorno general”, dice Ana Pecova, Directora Ejecutiva de EQUIS Justicia para las Mujeres, y precisa: “Al encarcelar a una mujer por delitos contra la salud, el Estado no toma en cuenta las condiciones de vulnerabilidad que la han llevado a realizar tales actividades o las historias de violencia, sobre todo sexual, que muchas de ellas han sufrido. Ellas son presas políticas, presas de una política de seguridad que, hasta ahora, no ha funcionado.”
Actualmente en México, existen 3,018 mujeres investigadas, procesadas o sentenciadas por delitos contra la salud, las cuales, en su mayoría, fueron víctimas de violaciones de derechos humanos. Madres, embarazadas, indígenas, y trabajadoras del campo con dependientes económicos son las más afectadas, pues el Estado no toma en cuenta su identidad, ni las condiciones que las llevan a involucrarse en estos delitos no violentos, desempeñando roles de bajo nivel. Muchas mujeres se ven obligadas a hacerlo debido a la falta de oportunidades y la necesidad de apoyar a sus dependientes económicos; otras consideran una obligación obedecer a sus parejas o familiares que están involucrados en el tráfico de drogas.
Estas mujeres no son una amenaza para la sociedad; la mayoría son detenidas por realizar tareas de bajo nivel, pero de alto riesgo. Su encarcelamiento no tiene ningún impacto en disminuir el trafico de drogas o mejorar la seguridad publica.
“La guerra contra las drogas es una estrategia fallida que ha resultado en la encarcelación injusta de miles de mujeres en México y las Américas. Otros países como Ecuador, Bolivia, e incluso, los Estados Unidos han adoptado mecanismos para reducir la población carcelaria por delitos de drogas”, dice Coletta Youngers, Asesora Principal en WOLA. “México se encuentra hoy en un momento político que posibilita cambiar el rumbo y tener una política de drogas más eficaz, humanitaria y respetuosa de los derechos humanos.”
EQUIS Justicia para las Mujeres y WOLA proponen la liberación de estas mujeres y reorientar los recursos del estado a la implementación de estrategias integrales de reinserción social, para que las mujeres tengan más opciones de vida.
La campaña destaca que el contexto es la única diferencia para quienes terminan encarceladas debido a situaciones de vulnerabilidad, subrayando que todos y todas debemos ocuparnos de la situación que viven las mujeres privadas de libertad, en especial a aquellas que están encarceladas por delitos no violentos contra la salud, como resultado de un enfoque represivo de políticas de drogas que, en palabras del Presidente de México, ya no está vigente.
“Cuando se castiga con prisión el tráfico de drogas, no se está castigando solo un delito, se está castigando la pobreza, la ignorancia, la falta de oportunidades”,puntualizó Beatriz Maldonado, mujer exprivada de la libertad y miembro de la Red de Justicieras.
