La presidenta de la Cámara de Diputados, Laura Rojas, del Partido Acción Nacional (PAN). solicitó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) revisar la constitucionalidad del acuerdo del gobierno federal que instruye a las Fuerzas Armadas a realizar tareas de seguridad pública en apoyo de la Guardia Nacional. La fracción del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) votará en contra.
Laura Rojas interpuso una controversia constitucional ante la Corte en la cual expone que el acuerdo no respeta los parámetros que establece la Constitución, dejando de esta manera al Ejército y a la Marina sin un marco jurídico sobre su actuación.
De acuerdo con la diputada, el acuerdo del Ejecutivo federal contradice la Constitución en los temas de complementariedad y subordinación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública, al establecer que el Secretario de Seguridad Pública, Alfonso Durazo, debe coordinarse con la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Secretaría de Marina (Semar).
Por su parte, la fracción del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) en la Cámara de Diputados advirtió que la controversia constitucional interpuesta por Laura Rojas no representa la opinión de la mayoría parlamentaria; considera falsas sus afirmaciones y creen que detrás de esto hay una intencionalidad política y con tintes partidistas.
Por lo que el pleno de San Lázaro votará contra dicho recurso ante la Suprema Corte de Justicia. “Toda decisión de la presidenta está sujeta al criterio de la asamblea, dice nuestro marco jurídico”. Y calificó de grave que la diputada Laura Rojas acuse al Presidente de pasar por alto al poder reformador y volver al esquema planteado en un inicio de la iniciativa presentada por Morena.
Agregó que este gobierno ha sido el primero en dar pasos firmes para regularizar la presencia de las fuerzas armadas en funciones de apoyo a la seguridad pública y disponer su carácter excepcional y transitorio. Las decisiones del presidente están sustentadas en los artículos quinto y sexto transitorios del decreto de reforma constitucional por el que se creó la Guardia Nacional. Además, el decreto del Ejecutivo excluye a las fuerzas armadas de realizar la mayoría de las acciones asignadas en la ley a la Guardia Nacional.
