En un país donde asesinan en promedio a 9 mujeres al día, donde el 56% del territorio mexicano tiene alerta de violencia de género, donde según el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio el 60% de los feminicidios quedan impunes, las mujeres parecemos simplemente no importar…
Estos datos son solo un reflejo de una cruda realidad y de la real y urgente necesidad de impulsar políticas públicas que garanticen la prevención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres; a pesar de existir una Ley General de Acceso a las Mujeres a una vida libre de violencia en México, esta no ha sido implementada de manera adecuada toda vez que existe un déficit en la coordinación interinstitucional y homologación en los estados.
El Estado no solo no protege adecuadamente el goce y pleno disfrute de los derechos humanos de las mujeres, sino que, además, se convierte en quien comete las mayores violaciones contra ellas al no brindar justicia y no reconocer la gravedad de la situación.
Parece que se nos han olvidado casos emblemáticos como el caso Gonzalez y otras vs. México, donde se señaló entre otras cosas que “los hechos sucedidos han sido influenciados por una cultura de discriminación contra la mujer (párr. 164)”. Esta cultura “ha incidido tanto en los motivos como en la modalidad de los crímenes, así como en la respuesta de las autoridades frente a estos” (párr. 164).[1]
Ha sido por medio de la Circular Uno de fecha 14 de febrero de 2019 firmada por el Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, Andrés Manuel López Obrador, que se suspendió la convocatoria pública para la asignación de subsidios para la prestación de servicios de refugio para Mujeres, sus hijos e hijas, que viven violencia extrema y, en su caso, a sus centros de atención externa 2019, esto con el fin de NO TRANSFERIR RECURSOS del presupuesto a ninguna organización social, sindical, civil o del movimiento ciudadano.
Los refugios salvan vidas y son hasta ahora el mecanismo más articulado para prevenir los feminicidios.
El estar operando sin recursos como lo están haciendo hasta el momento pone en riesgo la vida de mujeres, niños y niñas víctimas de contar con un espacio de protección como lo marca la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia y la recomendación de la CEDAW al Estado Mexicano.
No somos prioridad para el gobierno actual, es muy clara la postura que se tiene frente a nosotras. Sin embargo, hemos notado en este gobierno más que en ningún otro como se toma en cuenta la voz del pueblo para tomar algunas decisiones -esto no siempre resulta positivo, es más, diría que en muy pocas ocasiones es positivo, pero esa es otra historia-; por ello tenemos que aprovechar todos los canales que se encuentren a nuestro alcance para que seamos escuchadas, para que no seamos vistas como una cuota que cumplir, o un discurso bonito que dar en campaña.
Necesitamos alzar la voz, continuar con nuestra lucha donde nuestras integridades personales, físicas y jurídicas sean respetadas, donde podamos salir a la calle sin miedo a que nos acosen, violen, o nos maten.
Es hora. Es hora como Mujer de dejar a un lado los prejuicios y las asociaciones implícitas que pueden constituir un obstáculo no pretendido y a menudo invisible para la igualdad de oportunidades; como Hombre de trabajar junto a las mujeres y las niñas para lograr la igualdad de genero y mantener con ellas relaciones respetuosas y saludables.[2]
[1] http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_205_esp.pdf.
[2] https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/wp-content/uploads/sites/3/2016/10/5_Spanish_Why_it_Matters.pdf
