Como todos los años, El Instituto para la Economía y la Paz (IEP), un centro de investigación independiente y apartidista que busca promover una mayor comprensión de los factores sociales y económicos que dan lugar a una sociedad más pacífica, lanzó su reporte del Índice de Paz 2019. Foro Jurídico presenta una síntesis de dicho estudio.
El Índice de Paz México se basa en una metodología similar a la de otros índices que el IEP ha elaborado, entre ellos el Índice de Paz Estados Unidos y el Índice de Paz Reino Unido; sin embargo, se incluyeron mediciones adicionales para reflejar con mayor precisión el contexto nacional de México
En el Índice de Paz México se emplearon cinco indicadores para estudiar el nivel de paz: la tasa de homicidios, delitos con violencia, delitos cometidos con armas de fuego, cárcel sin sentencia y crímenes de la delincuencia organizada. Cabe destacar que el informe se llevó a cabo bajo la dirección de un panel de expertos provenientes de diferentes instituciones, como el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), World Justice Project, México Evalúa, Stanford University, Observatorio Nacional Ciudadano y Jurimetría. El Índice de Paz México utiliza datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) y del Inegi.
Lo Destacable del Estudio
El nivel de paz en el país se deterioró 4.9% en 2018, registrando un retroceso en 22 estados y mejorando sólo en 10.
La inversión de México en su sistema de justicia penal aún es insuficiente, lo que deriva en que 97% de los delitos no se castiguen. Es el país de los 33 miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) que dedica menos presupuesto a su fuerza policial y sistema judicial, como porcentaje del PIB, y menos de la mitad que otros países de América Latina.
En 2017, los estados mexicanos registraron una mediana de 110 elementos de seguridad pública por cada 100,000 habitantes, lo que muestra la falta de recursos humanos suficientes. De acuerdo con los datos más recientes, México tiene tan solo 3.5 jueces y magistrados por cada 100,000 habitantes, muy por debajo del promedio global de 16. El déficit de jueces se traduce en que menos casos vayan a los tribunales y contribuye a que haya bajas tasas de condenas.
El impacto económico de la violencia se elevó 10% en 2018, alcanzando los 5.16 billones de pesos (US$268 mil millones), lo que equivale a 24% del PIB del país. Los costos relacionados con los homicidios representan 51% del impacto económico.
Si México redujera su índice de violencia general al nivel de sus cinco estados más pacíficos, generaría un dividendo de paz de 2.5 billones de pesos al año. Esto equivale a más de 11 veces el gasto actual del gobierno federal en seguridad interna y justicia.
En los tres estados con mayores mejoras en el Índice de Paz México 2019 —Baja California Sur, Sinaloa y Sonora— los gobiernos pusieron en marcha programas específicamente creados para atender los retos locales. Dichos programas incorporaron mecanismos intergubernamentales, con la participación de empresas y de la sociedad civil.
“La inversión de México en su sistema de justicia penal aún es insuficiente, lo que deriva en que 97% de los delitos no se castiguen. Es el país de los 33 miembros de la OCDE que dedica menos presupuesto a su fuerza policial y sistema judicial, como porcentaje del PIB, y menos de la mitad que otros países de América Latina.”
La corrupción sigue siendo una gran preocupación para muchos mexicanos: en 2018 casi 70% de ellos creían que los jueces eran corruptos y más de 65% tenían la misma percepción del Ministerio Público.
La violencia afecta de diferente forma a hombres y mujeres. Es más probable que los hombres sean víctimas de homicidio, ya que fueron hombres las víctimas en nueve de cada diez homicidios, mientras que 44% de las mujeres informaron haber sufrido violencia por parte de su pareja en algún momento de su vida. La violencia afecta más a los jóvenes que a los adultos, ya que la tasa de homicidios de jóvenes de entre 15 y 29 años fue 42% más alta que la de la población en general. Durante 2018, por lo menos una de cuatro víctimas de trata de personas fueron niños, niñas o adolescentes.
“El impacto económico de la violencia se elevó 10% en 2018, alcanzando los 5.16 billones de pesos (US$268 mil millones), lo que equivale a 24% del PIB del país. Los costos relacionados con los homicidios representan 51% del impacto económico.”
Resultan alarmantes los 850 actos de violencia ocurridos contra políticos entre el 1 de septiembre de 2017 y el 31 de agosto de 2018, de los cuales el 75% estuvieron dirigidos a políticos de nivel municipal. El 81% de los ataques se dirigieron a integrantes de partidos compitiendo desde la oposición. De los 175 asesinatos registrados, el mayor número sucedió en Guerrero y Oaxaca: 32 y 29 homicidios, respectivamente.
Los periodistas también fueron blanco de los crecientes índices de violencia. En 2017 se documentaron 507 casos de agresión contra profesionales de la comunicación. Hacia julio de 2018 ya se habían registrado 389 ataques, un 40% más que en el mismo periodo del año anterior.
Este informe estudia, asimismo, la fortaleza de los factores de Paz Positiva de México. Se trata de los factores comunes que se asocian a las sociedades altamente pacíficas y consisten en ocho pilares: buen funcionamiento del gobierno, distribución equitativa de los recursos, libre flujo de información, entorno empresarial sólido, altos niveles de capital humano, aceptación de los derechos de los demás, bajos niveles de corrupción y buenas relaciones con los vecinos.
El informe revela que México es débil en varios pilares clave como: niveles de corrupción, funcionamiento del gobierno y libertad de los medios. La debilidad en estos pilares se manifiesta, entre otras cosas, con los ataques a políticos y periodistas, y los altos niveles de impunidad.
“En los tres estados con mayores mejoras en el Índice de Paz México 2019 —Baja California Sur, Sinaloa y Sonora— los gobiernos pusieron en marcha programas específicamente creados para atender los retos locales. Dichos programas incorporaron mecanismos intergubernamentales, con la participación de empresas y de la sociedad civil.”
