La renuncia de Eduardo Medina Mora a su cargo como Ministro de la Corte no solo resultó sorpresiva, también es un hecho inédito, al menos desde la reforma de 1994 que transformó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). El exDirector del Cisen, exProcurador de la República y exSecretario de Seguridad Pública, fue electo por el Senado como Ministro de la SCJN en 2015, impulsado por su amigo Enrique Peña Nieto, cumpliendo solo 4 años y medio de los 15 que duraba su encargo. El pasado mes de junio, la Unidad de Inteligencia Financiera inició una carpeta de investigación en su contra por enriquecimiento ilícito y días antes de su renuncia se filtró a los medios que sus cuentas habían sido congeladas. Aunque el también exEmbajador, aseveró que no dejaría de cumplir con sus obligaciones en el Alto Tribunal, a inicios de octubre presentó su renuncia al Presidente de la República, en un contexto político agitado. AMLO la aceptó, días después el Senado, sin pedir a Medina Mora, como lo exige la ley, su comparecencia y justificar las “causas graves” de su renuncia al cargo mejor pagado de la burocracia. La Constitución establece que la renuncia de un Ministro sólo puede darse por causas graves. Si Medina Mora había negado las acusaciones hechas por la UIF y según él no había motivos para abandonar el cargo, su renuncia presentó al menos dos dudas mayores: si las acusaciones pueden ser ciertas, entonces, y con tal de evitar una acción judicial en su contra, sucumbió ante la presión del Ejecutivo; además, como sus cuentas bancarias fueron congeladas, aceptó renunciar a cambio de que fueran “liberadas” por la UIF, lo que aconteció inmediatamente después de su renuncia, no obstante que el titular de la UIF declaró que en un proceso de investigación de este tipo, el congelamiento y descongelamiento de cuentas es normal. El Ministro Presidente de la SCJN, Arturo Zaldívar, dijo que no daría declaraciones acerca de la renuncia de su colega. Lo cierto es que la salida repentina del exMinistro dejó más dudas que certidumbre en el proceso de limpia y de combate a la corrupción del gobierno federal. La cuestión ahora es ver lo que decide la Corte sobre este asunto, conceder el beneficio de la duda al ahora Ministro en retiro y declararlo cosa juzgada o esperar si la UIF tiene guardada otra sorpresa.
