El viernes pasado, la Revista Foro Jurídico llevó a cabo un foro de análisis de la Reforma Penal Fiscal 2019. El panel de analistas lo conformaron el Dr. Rodolfo Félix Cárdenas, abogado penalista; y el Dr. Luis Manuel Pérez de Acha, especialista en Derecho Constitucional y Fiscal, y el Dr. Elías Huerta Psihas, especialista en Derecho Constitucional y presidente de la Asociación Nacional de Doctores en Derecho (ANDD).
La reforma que perseguirá a empresas fantasma y factureras ha generado un ambiente de incertidumbre, así como controversia. Los panelistas acuerdan que el combate a la evasión y defraudación fiscal es necesario, sin embargo, la reforma que ha implementado esta administración está fuera de lugar y será poco efectiva si no se revisa el funcionamiento de la administración pública, en referencia a las empresas contratadas por el mismo gobierno e instarlas a actuar en la legalidad.
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Rodolfo Félix Cárdenas expuso que el delito fiscal no se puede equiparar a la seguridad nacional, como la han hecho, y considera que no es una reforma necesaria, pero la han hecho válida vinculándola a un problema de seguridad nacional. La reforma está dirigida a personas morales, esto no se puede dictaminar como delincuencia organizada, “es para fines delictivos, no para tributarios, porque no se paga impuestos por venta de armas u órganos”.
El penalista expresó que hay riesgos de arbitrariedad y ejercicio abusivo de la autoridad para amedrentar al contribuyente utilizando la vía penal como recaudatoria.
Para el Dr. Pérez de Acha, el gobierno actual “se colgó del daño que se le hace a la hacienda pública” para sobredimensionar el tema y que es un mensaje de simulación: “`ahora sí vamos contra los factureros`, pero estamos dejando un hueco en el concepto de la autoridad”, agregó que esta reforma es para generar terror colectivo porque el SAT pondrá en duda todas las operaciones realizadas por los contribuyentes y en lo que deben actuar es en la corrección institucional.
Enfatizó que el Código Fiscal ya contaba con sanciones de hasta 9 años de prisión y se pueden aumentar hasta en 50% en caso de empresas fantasma. Tipificarlo como delincuencia organizada es irracional, “hay un afán persecutorio desmedido por parte del Estado mexicano con una disposición de este tamaño, y sobre todo parece que quiere crearse un ambiente para generar terrorismo fiscal”, consideró.
En su turno, el Dr. Elías Huerta señalo que esta reforma está desproporcionada porque “a la defraudación fiscal se aumentan penas sin precedentes.” Puntualizó que los artículos 108 y 109 tienen elementos vigentes para perseguir este delito. El gran problema de corrupción en el SAT es un fenómeno que no contempla la reforma y están buscando cuadrar la evasión con la delincuencia organizada con mecanismos torcidos, puntualizó el abogado.
Además, considera que el sistema judicial se verá “atascado” por los problemas técnicos que generarán una lluvia de amparos por esta reforma que no tiene métodos efectivos para recaudar.
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Los especialistas en derecho Constitucional, Penal y Fiscal concuerdan en que el gobierno es el primero que ha abusado de los instrumentos legales, consideran la reforma como terrorismo fiscal y que existían penas suficientes para combatir la evasión fiscal, que no se han instrumentado eficientemente. Agregaron que esta reforma no será útil en casos del pasado sino futuros y que es una manera de evadir la responsabilidad e ineficiencia institucional en el combate a las empresas fantasma y evasión. Los especialistas concluyeron que la reforma puede propiciar esquemas de corrupción más poderosos.
