Con motivo del informe final de los expertos del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), presentado el pasado mes de abril, Foro Jurídico entrevistó al Subprocurador de Derechos Humanos Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad de la Procuraduría General de la República, el Dr. Eber Omar Betanzos Torres, quien ante las acusaciones formuladas a la institución, afirma que en ningún momento se obstaculizó el trabajo del equipo enviado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para investigar los hechos suscitados con los estudiantes normalistas de Ayotzinapa. Aseveró que, por el contrario, siempre hubo una colaboración cercana con ellos. Un ejemplo, destacó, es que de 941 solicitudes de información que, el 85% ya fueron desahogadas y el 15% restante están en vías hacerlo, porque fueron entregadas entre los meses de marzo y abril. Por lo que hace al tema del peritaje sobre el incendio en el Basurero de Cocula, el Dr. Betanzos Torres aseguró que la versión del perito peruano José Torero no se sostuvo, ya que el tercer dictamen, elaborado por consenso por 6 peritos – incluido el propio Torero–, determinaron que sí hubo fuego durante los días 26 y 27 de septiembre, en donde se demostró que al menos 17 cuerpos fueron calcinados en el lugar. Explica además, que las denuncias de tortura, son motivo de diversas indagatorias que se iniciaron desde el momento en que la autoridad competente tuvo conocimiento. Reveló que se tienen integradas 6 averiguaciones previas con responsabilidad de 34 servidores públicos, además, se investigan 22 denuncias en 13 averiguaciones en la Visitaduría, en las que aparecen imputaciones y señalamientos hacia servidores públicos de la PGR. Presentamos a nuestros lectores la parte sustancial de la entrevista.
¿Por qué razón la PGR ha mantenido abierto el caso Iguala, si ya se han consignado más de 150 personas ante el juez federal competente?
Porque el compromiso con las familias y con la sociedad mexicana es que se esclarezcan completamente estos lamentables hechos y se lleve ante la justicia hasta el último responsable.
¿Cuál ha sido el desarrollo de esta investigación?
El caso Iguala representa la investigación más exhaustiva y transparente de la historia de la procuración de justicia en México. Los hechos ocurridos el 26 y 27 de septiembre del 2014 han contado, además, con la asistencia técnica de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Hay una minuciosa labor ministerial a cargo de la Oficina de Investigación, creada de manera específica para atender este caso, que sigue abierto.
¿Porqué considera que ésta es la investigación penal más exhaustiva de nuestra historia?
Durante estos meses se ha conformado, hasta la fecha, un expediente de 201 tomos y 14 anexos. Dentro del mismo se han consignado ante el Juez Penal a 168 personas y se han detenido a 136 personas; 54 pertenecientes a la policía municipal de Iguala, 19 a la policía municipal de Cocula y 49 vinculadas a la organización delictiva “Guerreros Unidos”. Además, se han realizado 850 acciones de búsqueda haciendo uso de tecnología de vanguardias y se han pedido colaboraciones a expertos de una mundialmente acreditada autoridad científica para sus opiniones periciales como ocurrió en materia de dinámica de fuego a través del estudio cuyas bases acordaron la PGR y el GIEI.
¿Qué relación han tenido los expertos del GIEI con la PGR y porqué razón no se prorrogó su mandato?
La PGR siempre ha tenido una relación de colaboración plena con la coadyuvancia técnica que solicitó el Estado mexicano a la CIDH, pues al ser el propio gobierno quien los invitó, siempre fue de su interés que el GIEI desarrollara su trabajo con todas las facilidades para cumplir su mandato. Su presencia sí se prorrogó, de hecho, por el doble de tiempo de lo acordado en primer término, porque venían por un periodo de 6 meses y se desarrolló por 6 meses adicionales, además de una prórroga administrativa de 60 días. Naturalmente, luego de una extensión de su mandato, la cual fue solicitada en modo conclusivo, es menester que se llegara a un informe final para que las autoridades mexicanas, que por disposición constitucional y legal tienen la obligación de investigar los delitos, contaran con sus aportes de coadyuvantes técnicos para fortalecer la indagatoria.
¿Cuál fue la secuencia de los 3 peritajes en materia de incendios aplicados en el Basurero de Cocula?
Cuando se conoce de los hechos, surge la información de lo sucedido a los estudiantes de la escuela normal de Isidro Burgos. De acuerdo con declaración de los acusados, los cuerpos fueron incinerados en el basurero de Cocula. Sin embargo, dado que estamos en una investigación ministerial, era necesario contar con elementos científicos que corroboraran esta declaración, por eso, en un primer momento peritos de la PGR acudieron al lugar para confirmar los hechos. Este es el primer dictamen que se tiene. Es el que da a conocer el ex Procurador Jesús Murillo Karam. Se habla de un fuego controlado, en donde pudo haber hasta 17 cuerpos quemados de acuerdo con la evidencia odontológica levantada en el lugar.
El caso Iguala representa la
investigación más exhaustiva y
transparente de la historia de la
procuración de justicia en México.
Sin embargo, desde la óptica del GIEI, a partir de los contrastes que hay en los diferentes testimonios, existe la necesidad de realizar un nuevo estudio de dinámica de fuego.
Es un estudio realizado por el GIEI con base en su mandato técnico de asistencia que tiene suscrito con el Estado mexicano. Se acude de parte de ellos, mutuo propio, al experto peruano José Torero. Cabe destacar que la PGR siempre, no sólo para el desarrollo de este estudio, sino en todas las peticiones del GIEI, ha brindado todas las facilidades, por ejemplo, el acceso a los expedientes al basurero de Cocula.
La conclusión del experto José Torero, en términos de lo que se tiene en el informe del GIEI, es que no pudo existir el evento del fuego controlado que expresa la conclusión del dictamen de la PGR, en donde se habla de hasta 17 cuerpos en ese lugar, por una serie de resoluciones contenidas en el informe, y lleva aquí un punto muy importante. Dice el informe de Torero que, dada la complejidad del evento, es necesario que se realice un estudio del más alto nivel técnico para poder determinar con certeza que fue lo ocurrido el 26 y 27 de setiembre en términos de una quema de cuerpos.
Lo que refiere es que, de acuerdo con sus estudios, no hay una posibilidad de que esto haya ocurrido, pero sí sugiere que es necesario que se realice un estudio que nos ayude a tener esta conclusión. Por eso, cuando se emite este informe del GIEI, la PGR sólo manifiesta que lo incluirá dentro del expediente de la averiguación previa, sino también llevaría a cabo este tercer estudio, en el cual participa por supuesto el propio José Torero, precisamente con el propósito de tener una opinión conclusiva. Se suman además Mario Saldaña Nolasco, perito mexicano egresado del Instituto Politécnico Nacional, con experiencia en el área de Servicios Periciales de la PGJDF; James Quintire, Doctor en Ciencias por el Instituto Nacional de Ciencia y Tecnología de EU; Ricardo Damián Torres; miembro de la firma PT&CLWG; los norteamericanos John DeHaan, consultor que ha trabajado para el Departamento de Justicia de California, el Departamento del Tesoro de EE.UU y Frederic Mowrer, Doctor investigador y profesor asociado emérito de la Escuela de Ingeniería de la Universidad de Maryland.
La PGR siempre ha tenido una
relación de colaboración plena con la
coadyuvancia técnica que solicitó el
Estado Mexicano a la CIDH.
Este tercer peritaje analizó durante 6 semanas si las condiciones contenidas en los testimonios y estudios periciales realizados con anterioridad, permitían determinar la presencia o ausencia de episodios de fuego en este sitio, con el fin de cumplir científicamente con los objetivos de la investigación del caso Iguala. Del estudio y análisis practicados se puede concluir que existe evidencia suficiente para afirmar que efectivamente existió un evento de fuego controlado de grandes dimensiones en el lugar. La recolección de restos óseos corrobora evidencias suficientes y coinciden entre los equipos forenses, tanto de la PGR como del Equipo Argentino de antropología forense, lo que permite determinar que al menos 17 seres humanos adultos fueron quemados en el lugar.
¿Por qué se solicitó un tercer estudio en materia de fuego sobre los hechos?
La necesidad del tercer estudio de fuego fue planteada en el propio primer informe del GIEI, específicamente en el estudio del perito peruano Dr. José Torero, al señalarse que, “La complejidad de los presuntos hechos ocurridos el 27 de septiembre sumados a las circunstancias en las cuales la evidencia material fue recogida… conlleva a la necesidad absoluta de realizar una investigación de altísimo nivel, con peritos de un nivel de formación y experiencias consistentes con la magnitud del problema”. A partir de ello, la PGR propone al GIEI, y así se acuerda, realizar este estudio, fijando ambos de común acuerdo las bases de su realización y la conformación del grupo colegiado.
¿Qué elementos concretos aporta a la investigación del caso iguala, este tercer estudio?
En primer lugar, concluye que existe evidencia suficiente, inclusive observable físicamente, para afirmar que sí existió un evento de fuego controlado de grandes dimensiones en el lugar denominado Basurero de Cocula. En segundo lugar, que la recolección de restos óseos corrobora evidencia suficiente y coincidente entre los equipos forenses, tanto de la PGR, como del Equipo Argentino de Antropología Forense, lo que permite determinar que al menos 17 seres humanos adultos fueron quemados en el lugar.
¿Las consignaciones se apoyaron fundamentalmente en estos estudios periciales?
Las consignaciones, como en todo proceso penal, están fundamentadas en una concatenación de indicios que permitan dar coherencia a la imputación. Desde confesionales y testimoniales, hasta elementos periciales, científicos y lógicos adecuados; todos ellos serán valorados por el juez.
Los expertos del GIEI afirman que varios de los detenidos fueron torturados. ¿Qué nos podría comentar al respecto?
Se reitera que las actuaciones de toda autoridad deben respetar el marco constitucional protector de los Derechos Humanos, por lo que cualquier denuncia de violación de ellos debe ser investigada. De esta manera, los señalamientos referidos sobre supuestos actos de tortura son motivo de indagatorias en curso desde el momento mismo en que éstos son puestos en conocimiento de la autoridad competente.
Cabe señalar que de 136 casos que hay de personas detenidas, el GIEI presenta información sobre 17 casos; la PGR tiene integradas 6 averiguaciones previas con responsabilidad de 34 servidores públicos de otras dependencias del Gobierno Federal que están a cargo de la Unidad Especializada para la Atención de Delitos Federales y también investiga 22 denuncias en 13 averiguaciones previas en la Visitaduría judicial en donde aparecen imputaciones y señalamientos hacia servidores públicos de la PGR. Estos elementos lo que indican es el interés de la PGR que desde que tiene conocimiento de acusaciones de este género, son investigadas hasta sus últimas consecuencias aplicando el máximo estándar internacional que es el Protocolo de Estambul. Sus resultados serán puestos a consideración del juez para que valore lo que estime conducente.
¿Qué nos podría comentar sobre la queja que no se les permitió interrogar a militares y policías federales que han declarado en la averiguación previa?
La colaboración con el GIEI siempre tuvo la mayor apertura. Naturalmente, el límite que teníamos, tanto ellos como nosotros, es el marco legal y constitucional del procedimiento penal mexicano. En ese sentido, la ley señala que es el Ministerio Público la única autoridad que puede investigar los delitos y, por tanto, declarar a cualquier persona. Si se hubiese hecho de una manera distinta a como la ley manda se hubiese vulnerado el debido proceso.
Los integrantes del GIEI señalaron al despedirse que la PGR obstaculizó sus trabajos. ¿Qué podría decirnos al respecto?
La PGR colaboró de manera permanente con el GIEI y no obstaculizó su investigación. Los números lo ilustran. De 941 solicitudes de información y diligencias que se remitieron a la PGR, el 85% se cumplió totalmente y el resto está en vías de atención conforme a su naturaleza. De éstas, debo decir que muchas fueron recibidas entre los meses de marzo y abril, lo cual implica que se encuentra en un trámite de desarrollo que es cotidiano para solicitudes de información que requieran la participación de distintas autoridades.
Aprovecho para señalar que la conformación de la Oficina de Investigación en el Caso Iguala, ocurre a petición de los propios padres de los jóvenes, del GIEI y a de la CIDH. Ellos solicitaron que el caso fuera atendido por la Subprocuraduría de DH de la PGR, situación que ocurrió de manera excepcional, lo cual también da cuenta de este trabajo cercano al GIEI.
De 941 solicitudes
de información
y diligencias que
se remitieron a la
PGR, el 85% se
cumplió totalmente.
En el expediente de este caso, en sus 201 tomos en las versiones públicas que están colocadas en las páginas de internet de la propia PGR, referentes a la primera y segunda parte, se pueden encontrar las diferentes solicitudes que hizo el grupo de expertos. La forma en la cual se desahogó y el trabajo cotidiano que sostuvimos en reuniones que llevan a un objetivo común, esclarecer los hechos y que éstos no queden impunes.
¿Cuál será el destino del informe complementario del GIEI del pasado 24 de abril?
Se integrará a la indagatoria y se aprovecharán de él todas las aportaciones que ayuden a fortalecer la investigación a cargo de la PGR a través de la Oficina de Investigación del Caso Iguala.
¿Qué sigue en la PGR después del GIEI?
Continuar con su responsabilidad legal de esclarecer los hechos con todas las atribuciones que nuestro sistema jurídico le brinda para procurar justicia en este y todos los demás casos.
La PGR sigue y seguirá poniendo todo su empeño para la procuración de justicia eficaz de este caso, que es prioridad nacional.
Reitero que se trata de una investigación abierta, con una Oficina de Investigación exclusiva para atender el caso dentro de la Subprocuraduría de DH de la institución.
Es una investigación que tiene como propósito esclarecer los hechos, por eso, todos los esfuerzos institucionales están dirigidos a que así suceda con un estándar de procuración de justicia eficaz, eso quiere decir que no haya vía hacia la impunidad y que se caracterice también por la cercanía con los padres y con las víctimas. Es una cuestión en donde la confianza es lo que fortalecerá el trabajo de investigación.
