En secuencia a la primera entrega de este artículo jurídico espacial conmemorativo de uno de los logros más grandes en la historia al cumplirse medio siglo de la primera caminata lunar, suceso convertido hoy en día en una epifanía en la construcción de la era espacial. Se comparte que la Administración Nacional de la Aeronáutica y del Espacio (NASA, por sus siglas en inglés), ha anticipado el regreso del ser humano a nuestro satélite natural, al anunciar la misión Artemisa, ‒hermana de Apolo y diosa de la Luna, según la mitología griega‒. Artemisa planea llevar a la primera mujer y a un equipo de astronautas a nuestro satélite natural a partir del año 2024, con el objetivo de que el ser humano permanezca ahí para dar el siguiente gran paso, la conquista de Marte.
Cabe aclarar que no solo EE. UU. tiene planes para alcanzar ambos cuerpos celestes, a ellos se unen China, Emiratos Árabes Unidos, India, Israel, Japón, Rusia, Unión Europea, entre otros.
En razón de lo anterior, el objetivo principal de esta reflexión es transmitir la importancia de impulsar a México al espacio exterior a través de las siguientes áreas de oportunidad:
- Recuperar los años perdidos desde que inexplicablemente México disolvió la Comisión nacional del Espacio Exterior (CONEE).
- Tomar conciencia de que tenemos un número importante de trabajadores capacitados y especialistas que dejan el país para ofrecer sus servicios en otros, por lo que se incrementa la fuga de gente capacitada y valiosa. Se deben otorgar lugares en nuestro territorio donde se promuevan los beneficios y crecimiento de los intereses de México. Aprovechar el ingenio mexicano en cosas positivas, en vez de capacitarlo y dejarlo ir. Asimismo, buscar repatriar a los connacionales y convencerlos de trabajar en nuestro país.
- A la Agencia Espacial Mexicana (AEM) le corresponderá ser la autoridad autónoma encargada de generar y desarrollar la actividad espacial y coordinar armónicamente las dependencias de Gobierno para complementar el área espacial.
- Crear el marco jurídico espacial que permita tanto la participación como la organización de los sectores público, privado, social y académico, con el objetivo de desarrollar las actividades espaciales e invertir recursos de forma que se logre una importante recuperación de la inversión con crecimiento económico y social, para hacer a México más competitivo y situarlo en la vanguardia a través de concentrar a técnicos y científicos tanto nacionales como extranjeros.
- Instituir más programas de colaboraciones nacionales e internacionales, conducidos por México, en el tema espacial.
“Es preciso fomentar la confianza con el sector industrial. Por lo cual, se sugiere favorecer el aumento de la inversión pública y privada para crear alianzas a través de la figura internacionalmente conocida como Public-Private Partnerships, con el propósito de trazar el desarrollo de proyectos de infraestructura espacial a largo plazo.”
No hay que perder de vista que la problemática en México del desarrollo del sector educativo en el área espacial se generó, entre otras causas, por la falta de interés y voluntad política, lo que ha traído rezago en esta área del conocimiento. En efecto, solo ha existido dependencia de tecnologías y servicios provenientes del exterior.
La asignatura de derecho espacial necesita ser incluida en la oferta académica de la licenciatura en derecho como mínimo, con el propósito de generar prospectiva jurídica para el desarrollo bien estructurado de las actividades espaciales que se analice la motivación y alcance de los instrumentos internacionales relacionados con el tema, al igual que las principales legislaciones para hacer un estudio de derecho comparado en beneficio de México.[1]
Es preciso fomentar la confianza con el sector industrial. Por lo cual, se sugiere como una solución más, favorecer el aumento de la inversión pública y privada para crear alianzas a través de la figura internacionalmente conocida como Public-Private Partnerships, con el propósito de trazar el desarrollo de proyectos de infraestructura espacial a largo plazo.
En este sentido, México cuenta con la Ley de Asociaciones Público Privadas que permite a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, a fideicomisos públicos federales no considerados entidades paraestatales, a personas de derecho público federal con autonomía derivada de la Constitución Mexicana a entidades federativas y municipios, establecer una relación contractual a largo plazo que puede ser de hasta cuarenta años entre instancias de las áreas públicas y privadas, con el propósito de prestar servicios al sector público, mayoristas, intermediarios o usuarios finales, en los que se utilice la infraestructura proporcionada total o parcialmente por los particulares, con objetivos que aumenten el bienestar social y los niveles de inversión en el país.[2]
Con ello el Gobierno incluiría en cada Plan Nacional de Desarrollo, así como en el Presupuesto de Egresos de la Federación, una partida específica para los proyectos espaciales.
Aunado a las asociaciones público-privadas, en un análisis profundo en lo que atañe específicamente a la industria privada, siempre estará dispuesta a correr riesgos que el Gobierno no, esto es, los particulares compiten todo el tiempo para obtener un contrato con el Gobierno o conseguir una licitación, concesión o licencia y el Gobierno en estricto sentido escogerá asegurando las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes para el Estado.
A causa de la innovación propuesta, con el firme propósito de constituir tanto empresas como sociedades mercantiles que ofrezcan productos y servicios para incentivar la sana competencia creadora de infraestructura para lanzar a México al espacio exterior, se requiere la creación de: software y hardware, observatorios, robots, drones, satélites, plataformas de lanzamiento, sistemas de control de lanzamiento, lanzadores, servicios de cargas útiles, orbitadores, rovers, aeronaves, naves espaciales tripuladas o no, vehículos espaciales y turismo espacial.
En este orden de ideas, es precisa una reforma al artículo 28 de la Constitución Mexicana, un cambio que considere a las actividades espaciales como prioritarias en favor del Estado mexicano, con el objeto de fundamentar su actuar en el máximo cuerpo legal. Por razón de asentar la fuente generadora del sistema legal requerido para implementarlas mediante la creación de la legislación general y federal en la que también se le otorgue plena autonomía a la AEM y deje de ser un organismo que forme parte del sector coordinado de la SCT, para ser la piedra angular al habilitar y vencer los retos de México de una mejor manera, como sigue:
Por ello se sugiere iniciar a la brevedad posible la creación de un sistema legal que regule y fomente una política para el desarrollo, explotación y aprovechamiento de las actividades espaciales y los recursos de los cuerpos celestes de manera sostenible. Esto es un poderoso incentivo a fin de generar un cambio de actitud en nuestra sociedad.
En adición a los planteamientos previos, del mismo modo se puede abrir la energía nuclear al sector privado, así como realizar los cambios pertinentes en el ámbito mercantil para crear los nuevos destinos del comercio, los cuales no son explotados en nuestro país.
Lo antes señalado encuentra su sustento en que a más de sesenta años de haberse iniciado la era espacial, México no ha sido capaz de manera oficial de fabricar un solo lanzador para mandar al espacio exterior objetos útiles en beneficio del país, por lo que se tiene la necesidad de contratar servicios externos. Tampoco se ha destinado un lugar para la instalación de la infraestructura correspondiente.
“Desde la órbita del derecho es posible impulsar la materialización de las actividades espaciales, pero con el mayor esfuerzo en la exploración, a través de la reforma en el principal cuerpo legal de este país para generar la plataforma jurídica que permita su ejecución.”
Se propone establecer las metas que nuestro país debe trazar para alcanzar un congruente progreso legislativo, social, educativo, tecnológico e incluyente en todos los aspectos con la exploración espacial y demás actividades relacionadas, en virtud de que el espacio exterior admite a una gran diversidad de profesionistas y técnicos.
Como valor agregado, podremos innovar y colaborar con los países latinoamericanos, en consecuencia, nuestra región ingresaría a este importante sector, respaldado por la construcción del derecho de avanzada propuesto.
En el camino, conforme avancen tales actividades será necesario instituir autoridades especializadas, que además de crear las disposiciones jurídicas aplicables, también regulen las fases de observación, transportación, exploración y explotación de los recursos naturales, así como de la estancia en los cuerpos celestes.
Para ello se reflexiona que desde la órbita del derecho es posible impulsar la materialización de las actividades espaciales, pero con el mayor esfuerzo en la exploración, a través de la reforma en el principal cuerpo legal de este país para generar la plataforma jurídica que permita su ejecución. Ante todo, enfocarse en la economía del espacio exterior, puesto que será la siguiente etapa del comercio.
Finalmente, se ha demostrado que podemos ir a cualquier lugar cuando queramos, la humanidad en el siglo XXI está destinada a su expansión en el universo. Por lo tanto, entre todos debemos hacer que ¡México despegue!
[1] Asimismo se podrían hacer concursos anuales a nivel nacional con el objeto de ir adquiriendo experiencia para posteriormente concursar en los tribunales simulados, Manfred Lachs, organizados cada año por el Instituto Internacional de Derecho Espacial (IISL por sus siglas en inglés) desde 1992, en los cuales se llevan a cabo las competencias preliminares y los ganadores de las rondas regionales del mundo se reúnen en las finales mundiales, que se celebran conjuntamente con el coloquio anual del IISL sobre la Ley del Espacio Exterior. Por lo cual la ronda final es tradicionalmente juzgada por jueces de la Corte Internacional de Justicia, de ahí que dicho concurso de tribunales simulados de derecho espacial es de los más prestigiosos a nivel judicial en el mundo.
[2] Ley de Asociaciones Público Privadas, DOF, México, 16 de enero de 2012, arts. 2, 4, 12, 87 y 98.
