Derivado de las declaraciones del señor Lozoya, se ha destapado o mejor dicho se revivieron viejas acusaciones y se confirmaron otras, aunado a los señalamientos diarios en los discursos del presidente de actos de corrupción ocurridos en sexenios pasados, se ha puesto en la mesa la posibilidad de enjuiciar a los ex mandatarios señalados por corrupción, por lo menos de citarlos a que declaren. Las últimas semanas de agosto se intensificó la propuesta de realizar una consulta ciudadana para llevar a cabo o no dicho juicio. El presidente AMLO ha sido muy insistente y desde su plataforma ha informado las vías e incluso los plazos para que fuera válida, para después repetir que él no es partidario de que se enjuicie a los ex presidentes, porque no es vengativo, pero, porqué relacionar la palabra a lo que debería ser en sentido estricto justicia, sobre todo cuando se ha reformado la Constitución en ese sentido. Y para no variar, el diputado y coordinador de Morena, Mario Delgado Carrillo fue el primero en levantar la mano para solicitar ante el Congreso la consulta que de ser aprobada la SCJN tendría que avalarla, no hace falta como el presidente dijo que la Corte fije una fecha, porque se encuentra en el texto constitucional. Incluso algunos analistas han referido que no es necesaria una consulta para proceder legalmente contra los exmandatarios y que quizá lo que busca esta administración es la legitimación popular. Podríamos decir que el timing falló, pues ahora la ciudadanía atraviesa por una crisis económica y moral por la pandemia, por lo que su interés está fijado en la sobrevivencia, por ahora la duda es ¿realmente hace falta una consulta popular para enjuiciar a los ex presidentes, al menos a los que se les compruebe un delito?
