Ricardo Monreal, coordinador de la bancada de Morena en el Senado de la República, dio a conocer un proyecto de iniciativa para regular las redes sociales que pretende evitar la censura y defender el derecho de acceso a la información y a la libre expresión, aseguró el senador.
El senador consideró que las redes sociales “se han convertido no sólo en poderosos emporios económicos; sino también poderosos instrumentos de comunicación“, por lo que, “el Estado no puede mantenerse ajeno, omiso o indiferente frente a este poderío que, debe de ser regulado por órganos del Estado y también establecidos sus límites en la Constitución y en la ley de los países” sostuvo Monreal
Propone reformar la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión a efecto de establecer las bases y principios generales de la protección a la libertad de expresión en las redes sociales, así como dotar al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) de las atribuciones necesarias con el fin de que pueda garantizar el ejercicio de dicho derecho humano en el ámbito del ciberespacio, y establecer límites claros a los propietarios de las mismas respecto de la suspensión y eliminación de cuentas, aportando a la seguridad jurídica de usuarios y prestadores del servicio.
La iniciativa plantea la definición de redes sociales y distingue a las “redes sociales relevantes como aquellas que cuentan con un millón o más suscriptores o usuarios […] capaz de generar un impacto mayor en procesos de comunicación social y en la esfera jurídica de los ciudadanos”. Asimismo, se crea la figura de las “Autorizaciones para los servicios de redes sociales”.
La ley otorgará “una amplia deferencia técnica para el Instituto Federal de Telecomunicaciones, al establecer la posibilidad de que mediante Lineamientos de carácter general establezca los aspectos técnicos especializados que sirvan para garantizar y maximizar la protección a la libertad de expresión conforme lo establece la presente iniciativa, así como los aspectos procedimentales que requiera.”
Entre los requisitos que deberán incluir los términos y condiciones de servicio que deberán expedir los autorizados, entre los que deberán incluir un mecanismo expedito para recibir impugnaciones de los usuarios en contra de la suspensión de cuentas o perfiles, la eliminación de contenidos o la cancelación definitiva de cuentas o perfiles, así los requisitos de procedencia de éstos, ello en términos de lo dispuesto por los artículos 6º y 7º de la Constitución.
En el mismo sentido, los términos y condiciones que se sometan a autorización del Instituto, deberán prever que las limitaciones a la libre expresión sean consistentes con los artículos 6º y 7 constitucionales, los tratados internacionales suscritos en la materia, la legislación nacional, y la jurisprudencia emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación; que protejan los derechos de los menores de edad; que se elimine la difusión de mensajes de odio; que se evite la propagación de noticias falsas; que se protejan los datos personales conforme a la legislación de la materia, y las demás de orden e interés público que establezcan los lineamientos dictados por el Instituto.
No obstante, Monreal asegura que la iniciativa “no pretende ser autoritaria e incidir discrecionalmente en las decisiones internas de los propietarios de redes sociales”.
Aunque reconoce que algunas redes sociales cuentan con procedimientos internos para presentar quejas, recalca que es necesario que estén reguladas, “con el fin de que derivado de la determinación de los autorizados proceda un recurso administrativo o judicial […] con el fin de respetar también el derecho humano de acceso a la justicia de los usuarios.”
En ese sentido, la ley establecerá que “dicho procedimiento interno deberá ser expedito y resolverse en un plazo no mayor a 24 horas y en caso de que el autorizado no resuelva la reclamación en dicho plazo, el usuario podrá acudir al Instituto Federal de Telecomunicaciones a efecto de interponer la queja correspondiente”.
También, contemplará “que contra la resolución que emita el Instituto Federal de Telecomunicaciones procederá el juicio de amparo en términos de la legislación aplicable”.
Se prohibirá que las redes sociales utilicen algoritmos o tecnologías sistematizadas para cancelar cuentas de manera definitiva. Deberán contar con un área especializada en temas relacionados con libertad de expresión y derechos humanos.
En caso de ser aprobada la ley, señala, los propietarios de redes sociales tendrán un plazo de 15 días hábiles a partir de la entrada en vigor de los Lineamientos para solicitar autorización al IFT para continuar realizando su actividad y el Instituto tendrá 15 días hábiles para resolver lo conducente.
En su cuenta de Twitter, a través de un video informó que la presentará en tres semanas y pidió a los lectores enviar comentarios para enriquecerla.
Puedes consultar la iniciativa completa aquí
