Desde su toma de posesión el Presidente AMLO en repetidas ocasiones ha dicho que la corrupción y la violencia son herencia de las pasadas administraciones y que su política es de amor y paz. Sin embargo, el crimen organizado se está burlando de esta estrategia. El operativo fallido que llevó a la captura de Ovidio Guzmán, hijo de Joaquín El Chapo Guzmán, y su inmediata liberación, calentó aún más los ánimos y provocó enfrentamientos entre fuerzas federales y delincuentes, poniendo en grave riesgo a la población de esa ciudad y demostrando el poderío, organización y capacidad de “fuego” del Cártel de Sinaloa. El Gabinete de Seguridad justificó que se liberó al detenido para salvaguardar a la población. “No buscamos enlutar hogares, sino resarcir el desgarrado tejido social”, dijo el secretario de Seguridad, Alfonso Durazo, secundando la acción del Presidente, argumentando que sigue apostando por un proceso de paz, con abrazos y sin balazos, asegurando que no hay ni falta, ni ausencia de Estado. A raíz de lo acontecido, el Senado citó a comparecer a Alfonso Durazo no solo para que respondiera sobre lo ocurrido en Culiacán, también por la violencia que no cesa en Guanajuato, Michoacán y Guerrero. El Titular del Ejecutivo descartó pedir la renuncia del Secretario, reiterando que su gobierno no respondería a la violencia con más violencia y que siempre priorizará no arriesgar a la población. No obstante, la oposición y los críticos han calificado el hecho como una rendición del Estado a los narcos. A pesar de que el gobierno asegura que Culiacán volvió a la normalidad, en el país las cifras de violencia aumentan y no parece haber el punto de inflexión ofrecido. Tiempo al tiempo piden las autoridades y la ciudadanía respeto a la ley y paz.
