Desde hace algunos días la incertidumbre con respecto al desabasto de combustible alcanzó a diversos Estados del interior de la República; hoy es un tema nacional y, para algunos, preocupación diaria, por ello nos dimos a la tarea de exponer el por qué sí o el por qué no de la estrategia de AMLO.
Las cifras.
El robo de hidrocarburos es un fenómeno complejo que involucra a autoridades, habitantes, empresarios y hasta a estructuras criminales organizadas, es por ello que requiere de acciones tanto de prevención como de reacción, de índole económica y social y, por supuesto, de justicia.
De acuerdo con cifras propias de PEMEX,[1] en 2011 se tenía registro de únicamente 1361 tomas clandestinas, para 2012 la cifra aumentó a 1635, en 2013 se registraron 2612, en 2014 una cantidad de 3635, en 2015 de 5252, en 2016 de 6873, en 2017 de 10,363 y en el 2018 de 12581 tomas clandestinas;[2] el aumento es de un 824% del 2011 al 2018 pero, si ponemos suficiente atención al crecimiento “regular” de las tomas nos percataremos que el salto exponencial fue en 2017, cuando el gobierno de Peña Nieto inició con los tremendos gasolinazos.
Aunado con lo anterior tenemos que de las tomas clandestinas reportadas por PEMEX (a octubre de 2018) el primer lugar lo ocupa el Estado de Puebla con un total de 1815 tomas, el segundo Hidalgo con 1726, seguidos por Guanajuato (1547), Veracruz (1338), Estado de México (1268), Jalisco (1263) y Tamaulipas (1084).
Como puede leerse no se trata de un problema menor sino de uno que sí debe atacarse y prevenirse; PEMEX ha sido saqueada durante años por una familia, por los servidores y por el mismo Gobierno; es de aplaudirse que el Gobierno Federal actúe contra la corrupción existente al interior y exterior de la paraestatal, sin embargo, como todo plan, la moneda tiene dos caras.
Las dos caras de la moneda.
Fue el 27 de diciembre cuando AMLO anunció que su gobierno tenía una nueva estrategia para frenar el robo de combustible, la cual consistía en cambiar la forma de distribución de la gasolina mediante el cierre de ductos y el resguardo militar de refinerías, además de un plan coordinado por 15 dependencias para detectar los puntos de fuga de combustible al interior de PEMEX.
¡Perfecto! Podríamos exclamar, y digo podríamos porque el plan o estrategia únicamente se pensó a corto plazo y dada la complejidad del problema se tendrán que instrumentar medidas de diversa naturaleza que aún no se han contemplado.
La estrategia obradorista es un paso sí, pero visto a corto plazo porque los ductos que han sido cerrados volverán a abrirse y los elementos que los resguardan serán retirados, parece un juego de paciencia que afecta a terceros, ahí reside la otra cara.
Todos los mexicanos deseamos que se combata la corrupción, que quienes comenten ilícitos sean juzgados por ello y que nuestro país avance dejando atrás la podredumbre en que se encuentra… El plan que se ha puesto en marcha carece de algunos aspectos (una política criminal de Estado, estrategias de procuración de justicia coordinada) y termina por afectar a aquellos que dependen del combustible en su día a día, ejemplo los taxistas, el transporte público, etc.
No debe desdeñarse el esfuerzo que está realizando el gobierno actual, simplemente se trata de ampliar y diversificar los aspectos que fueron contemplados en la estrategia para combatir el delito de manera integral, coordinada y eficiente, involucrado al sistema de justicia que requerirá de mano firme e imparcial al momento de juzgar.
[1] Las cifras correspondientes al periodo 2011-2016 en: www.pemex.com/etica-e-integridad/sustentable/informes/Documents/inf_sustentabilidad_2016_esp_verificacion.pdf, consultada el 10 de enero de 2019.
[2] Cifras correspondientes al periodo 2017-2018 en: www.pemex.com/acerca/informes_publicaciones/Paginas/tomas-clandestinas.aspx , consultada el 10 de enero de 2019.
