El pasado mes de abril Foro Jurídico entrevistó al Diputado Eduardo Santillán Pérez, quien venía desempeñándose como Presidente de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia en el primer Congreso de la Ciudad de México (CDMX), posición desde la que impulsó la elaboración de leyes muy importantes en materia de justicia para la capital del país, cumpliendo con el mandato de la Primera Constitución de la Ciudad de México.
El ahora diputado con licencia y candidato de Morena a la Alcaldía de Álvaro Obregón nos dio un amplio panorama sobre los avances legislativos más sobresalientes en el ámbito de la procuración y la impartición de justicia en la CDMX, comentando que algunas de las leyes aquí impulsadas han sido modelo para todo el país, asegurando que en la capital del país contamos con una Constitución de avanzada la más garantista de América Latina–, que surgió de un novedoso Congreso Constituyente Nacional. A continuación, transcribimos para nuestros lectores la parte sustancial de la entrevista.
Foro Jurídico (FJ): ¿Cuáles son las principales instituciones del sector Justicia que ha impulsado este primer Congreso de la CDMX?
Eduardo Santillán Pérez (ESP): La CDMX está estrenando una Constitución de avanzada, la más garantista de América Latina que establece una serie de derechos muy importantes, que crea instituciones valiosas que ha correspondido a la Primera Legislatura de la CDMX darle vigencia. En términos generales, la concepción de la justicia en la Constitución de la CDMX es cómo tener una justicia accesible, expedita y humana. Una justicia que supere la parte meramente procedimental y que valore de manera importante cada una de las causas que se presentan en las diversas materias y tribunales.
A partir de estas premisas, se estableció la creación de nuevas instituciones. En primera instancia, la Constitución estableció que en la CDMX debe de darse un proceso de transición de lo que era la Procuraduría General de Justicia de la CDMX para arribar a la primera Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y que no sea un tema solamente de modificación de la denominación. Por eso la Constitución estableció la creación de una figura que era una Comisión de Transición de la Fiscalía, integrada por un grupo de personas destacadas, no solamente en el ámbito jurídico, sino en diversas materias que permitieran diseñar la Fiscalía. Es decir, en primera instancia es un ejercicio de diseño de Fiscalía para después llevar a cabo el proceso de su implementación, que concluyera con el proceso de nombramiento de la persona titular de esta importante institución.
FJ: ¿El grupo de especialistas fue nombrado por ustedes en el Congreso?
ESP: Así es, se eligieron siete destacados juristas y no juristas que dieran un sentido humano a la Fiscalía, quienes hicieron el análisis de los diversos modelos de procuración de justicia y lograr un proceso fundamental: establecer una Fiscalía en un modelo de la investigación del delito, que implica sobre todo reforzar la aplicación de la ciencia y la tecnología en la investigación del delito, poniendo como centro la atención a las víctimas. Así, pasamos de una policía judicial a una de investigación y a instaurar la creación de la figura de las y los investigadores dentro de la Fiscalía, misma que ya ha dado una primera generación de investigadores, formando nuevos cuadros en la Fiscalía, que permite la presencia de especialistas en la investigación y en la aplicación de las nuevas ciencias y tecnologías para la investigación y persecución de los delitos.
“En las reformas al Código Penal se establecieron mecanismos que permitieran la participación de la policía cibernética para poder presentar medidas adecuadas de protección a la víctima; en el momento en que se presente una denuncia sobre este delito, la policía cibernética puede solicitar de manera inmediata el bloqueo o eliminación de la información que afecta a las víctimas.”
Se hizo un ejercicio muy importante en el diseño de la Fiscalía para segmentar, por un lado, el análisis de los delitos de alto impacto y de los delitos de bajo impacto, con el fin de determinar mecanismos adecuados de seguimiento a temas tan relevantes como el feminicidio, el homicidio doloso, el secuestro y los delitos sexuales, entre otros, que permitiera incluir en el proceso de investigación la utilización, importante y específica, de la teoría del caso de tal suerte que se pudieran tener hipótesis y el uso de la inteligencia en los procesos de investigación.
En conjunto con la Secretaría de Gobierno de la Ciudad y las diversas instancias tanto federales, como locales, se priorizó establecer mecanismos que nos permitieran hacer un adecuado seguimiento y que permita establecer no solamente en diversos delitos, como puede ser el robo a casa habitación, de manera casuística la investigación de uno de esos delitos, sino que permitiera con las áreas de inteligencia, poder desarticular bandas de delincuencia organizada que es la parte central. De nada sirve capturar a uno o dos narcomenudistas o a personas que hayan cometido robo a casa habitación si no se logran detectar los modus operandi y la organización de estos grupos delincuenciales. En el caso de la propia Fiscalía se estableció un instrumento muy importante de participación ciudadana, un Consejo Ciudadano de la propia Fiscalía (CCFGJCDMX), lo que implicó incluso un debate importante y mecanismos de procuración de justicia como lo requiere la participación de la sociedad civil. Asimismo, se consideró relevante que en este proceso de transición hubiera un mecanismo de participación ciudadana.
“El Registro de Agresores Sexuales permitirá que todas aquellas personas que han cometido un delito de violación o feminicidio estén en dicho registro, lo que representa un avance importante para las víctimas.”
Se ha llevado a cabo una serie de reformas importantes en el Congreso de la Ciudad, una de ellas es la protección a las mujeres de la Ciudad y el combate a la violencia hacia las mujeres. Estas reformas que han permitido la creación de la así llamada “Ley Ingrid”, que consiste en reformas al Código Penal y a la Ley para una Vida Libre de Violencia de las Mujeres, en la cual se tiene todo un sistema normativo para prevenir y sancionar la violencia digital que se ha convertido en una nueva modalidad de la comisión de delitos. En el Congreso de la Ciudad llevamos a cabo un proceso de análisis importante que nos permitió determinar cómo debe salvaguardarse el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos, esta práctica que ha surgido en los últimos años denominada sexting que consiste en compartir entre parejas imágenes íntimas. Esa es una de las nuevas modalidades del ejercicio de derechos sexuales, principalmente de los jóvenes. Pero se da una modalidad de delincuencia cuando se comparten de manera indebida esas imágenes, lo que daña sin lugar a duda el honor, el buen nombre y el derecho de una persona de ejercer libremente su sexualidad.
En las reformas al Código Penal se establecieron mecanismos que permitieran la participación de la policía cibernética para poder presentar medidas adecuadas de protección a la víctima; en el momento en que se presente una denuncia sobre este delito, la policía cibernética puede solicitar de manera inmediata, tanto a instancias nacionales como a internacionales, el bloqueo o que se pueda eliminar la información que afecta a las víctimas. Al mismo tiempo se ha establecido un ejercicio que nos ha permitido la creación del Registro de Agresores Sexuales o Banco de ADN, uno de los principales instrumentos que tendrá la Fiscalía en la investigación y persecución de los delitos porque tendrá cerca de medio millón de registros en primera instancia de personas servidoras públicas, de cuerpo de seguridad ciudadana y de personas que hayan sido condenadas por delitos de carácter sexual o por homicidio.
Esto va a permitir que, en primer lugar, la investigación tendrá un carácter científico muy importante, porque el banco de ADN permitirá contrastar muestras de ADN de una escena del crimen con las del banco; incluso permitirá identificar personas responsables por la comisión de determinados delitos. Otro beneficio del banco de ADN, que está prácticamente al 80% de su construcción en la Fiscalía, será que se podrán identificar a familiares de personas desaparecidas, en materia de desaparición forzada de personas es importante contar con bancos de ADN porque permite la identificación. Vamos a tener uno de los bancos de ADN más avanzados de América Latina con tecnología de punta.
El Registro de Agresores Sexuales permitirá que todas aquellas personas que han cometido un delito de violación o feminicidio estén en dicho registro, lo que representa un avance importante para las víctimas. En materia de protección a las mujeres establecimos una parte técnica determinante, antes no se diferenciaba un homicidio con agravantes y un feminicidio, los dos estaban prácticamente con una pena máxima de 50 años, por lo cual de nada servía tener una diferenciación de un feminicidio cuando hay una razón de género con un homicidio calificado. De esta manera se estableció la penalidad más alta de la Ciudad de México con 60 años de prisión para el feminicidio y se hace una diferenciación importante respecto del homicidio calificado. Un aspecto primordial en la protección a las mujeres es que en la Ciudad de México se considere la razón de género no solamente para el homicidio, sino también para las lesiones, es decir, si la mujer recibía lesiones, por razón de género no se consideraban más que el tratamiento ordinario de las lesiones, mientras que nosotros consideramos que es necesario en esta materia establecer este tipo de protección a las mujeres.
En resumen, ha sido una agenda de protección a las mujeres muy importante y al mismo tiempo se ha implementado el diseño de una Fiscalía con un mecanismo de participación ciudadana importante en un diseño que permite un mecanismo adecuado de coordinación entre las diversas instancias de seguridad de la CDMX, como la Secretaría de Seguridad Ciudadana y la Fiscalía, los resultados son que en poco más de un año se ha logrado disminuir en cerca del 50% la comisión de delitos de alto impacto en la CDMX, lo que significa que vamos por un buen camino.
FJ: ¿Qué nos podría comentar sobre el Tribunal Superior de Justicia de la CDMX?
ESP: Hace unos días nombramos a diez nuevos magistrados del Tribunal Superior de Justicia de la CDMX (TSJCDMX) y por primera ocasión en la historia de la Ciudad estos nombramientos se realizaron bajo un criterio de equidad de género, es decir, cinco magistradas y cinco magistrados. Podemos decir que por primera ocasión se respeta la carrera Judicial en el TSJCDMX. Todos los magistrados y magistradas tenían como antecedente, en el momento de su nombramiento, jueces y juezas. Otro aspecto relevante es el hecho de que nuestros magistrados y magistradas hayan pasado un examen de control de confianza, necesitamos blindar las instituciones de la delincuencia organizada, lo que implica revisar de manera profunda sus antecedentes, entorno familiar y evolución patrimonial.
“Hace unos días nombramos a diez nuevos magistrados del TSJCDMX y por primera ocasión en la historia de la Ciudad estos nombramientos se realizaron bajo un criterio de equidad de género, es decir, cinco magistradas y cinco magistrados.”
En el caso del Poder Judicial se instauró la Sala Constitucional de la Ciudad de México como un mecanismo de control constitucional de nuestra Constitución local. Es un Tribunal constitucional que en época de austeridad y en una política de eficientar los recursos públicos habilitamos a magistradas y magistrados como integrantes de la Sala Constitucional. Otro de los avances es la creación de los Juzgados de Tutela de Derechos humanos, lo que significa que la CDMX es la única entidad del país que cuenta con un sistema dual de defensa de los derechos humanos: un control jurisdiccional y uno no jurisdiccional. El no jurisdiccional es la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el mecanismo de la queja que da como resultado una recomendación de dicha Comisión. El jurisdiccional está representado por los Juzgados de Tutela de Derechos humanos y la acción de tutela de derechos humanos.
Iniciamos con dos juzgados y se deberán implementar Juzgados en cada una de las alcaldías de la CDMX. Lo que implica un mecanismo jurisdiccional en el cual un juez recibe una acción de tutela de derechos humanos del ciudadano sin formalismos, puede recibirse de manera verbal o escrita, el ciudadano o ciudadana puede recibir la asesoría del propio juzgador. Contamos con un recurso relevante que es la suplencia de la queja en la cual el juez de tutela de derechos humanos puede implementar medidas precautorias de la autoridad para evitar la violación de los derechos humanos y emite una resolución que protege los derechos humanos. En la CDMX, en materia de derechos humanos, no es necesario recurrir al amparo, sino tener un mecanismo de protección de derechos humanos a través de los Juzgados de tutela de Derechos Humanos.
Se creó un Consejo Judicial Ciudadano, lo que involucra un mecanismo de participación ciudadana para el proceso de nombramiento de las personas titulares de las Fiscalías en la CDMX, la General de Justicia, la Electoral y la de Anticorrupción. El Consejo Judicial Ciudadano está conformado por un grupo de destacados ciudadanos y ciudadanas que llevan a cabo, en primera instancia, el proceso de selección de una terna para cada uno de los nombramientos de los titulares de las Fiscalías. En el caso de la Fiscalía General, el Consejo Judicial Ciudadano presenta la terna a la Jefa de Gobierno para que la remita al Congreso de la Ciudad; en el caso de la Fiscalía Electoral y la de Anticorrupcción la terna se envía directamente al Congreso de la Ciudad de México.
“Se creó un Consejo Judicial Ciudadano, lo que involucra un mecanismo de participación ciudadana para el proceso de nombramiento de las personas titulares de las Fiscalías en la CDMX.”
Además, se despolitiza el proceso de nombramiento de magistradas y magistrados del TSJ, en el cual el Consejo de la Judicatura de la CDMX elige ternas las cuales pasan directamente al Congreso de la Ciudad de México para elegir a las magistradas y magistrados.
FJ: ¿Qué nos podría comentar sobre la justicia laboral en la CDMX?
ESP: En este caso llevamos a cabo una reforma constitucional en la CDMX para homologar la justicia laboral federal y local. La Constitución de la CDMX establece los dos apartados del artículo 123 de la Constitución federal, en la Constitución de la CDMX se tiene contemplada una justicia laboral burocrática y una justicia laboral genérica. La justicia laboral burocrática implica la redacción y publicación de una ley burocrática de la CDMX que incluye la construcción de un Tribunal Burocrático de la Ciudad que tiene como fin reproducir los principios laborales federales en el ámbito local que garanticen la libre asociación, la libre participación de las y los trabajadores. En julio de este año deberá llevarse a cabo este proceso de construcción de la justicia laboral burocrática.
En cuanto a la justicia laboral en términos generales, para darle cumplimiento a la Reforma Laboral Federal, se establecen a nivel local reformas que incluyen la creación de los órganos, tanto en el Ejecutivo como en el Judicial, en materia de conciliación y de justicia laboral. En primer lugar, se determina en la Constitución de la CDMX la existencia del órgano de conciliación laboral de la CDMX, misma que deberá ser un organismo público descentralizado del Ejecutivo, es decir, seguirá existiendo este proceso de conciliación en materia laboral y se considera obligatorio agotar la conciliación laboral antes de poder acceder a la justicia laboral. Igualmente se establece la creación de más de 50 juzgados laborales dependientes del Poder Judicial de la CDMX, así pasamos del arbitraje a la justicia laboral. La sustitución de las Juntas Locales de Conciliación y Arbitraje a los juzgados en materia laboral. En las Juntas Locales se reciben anualmente cerca de 20 mil demandas laborales, esa será la dimensión de la justicia laboral. Se pretende que el Centro de Conciliación sea de alta eficiencia que permita brindar una alternativa de solución rápida, pacífica y expedita acordada entre las partes, con una duración máxima de ocho meses. La conciliación es obligatoria en una sola oportunidad, si no se concreta, las partes pueden acceder a la justica laboral.
FJ: ¿Qué experiencia tenemos en justicia digital?
Se podrán implementar todos los mecanismos de justicia digital en los que hemos realizado avances sustanciales. En la Constitución de la CDMX se estableció la modalidad de justicia digital como un mecanismo de acceso a la justicia. Una de las primeras leyes que modificamos en esta Legislatura fue la Ley de Cultura Cívica para sustituir las fotomultas por las fotocívicas. Nos adelantamos a la pandemia porque en materia de fotocívicas el procedimiento es en línea. Tenemos en dictamen una reforma a la Ley del Notariado de la CDMX para establecer los mecanismos digitales en materia notarial para poder realizar asambleas de empresa o de asociaciones o instaurar la modalidad del testamento digital. Otra reforma similar fue la que hicimos al Código Civil que nos permite hacer un mecanismo más eficiente en materia de adopciones que era un gran pendiente social. Ahora una adopción se puede hacer en menos de un año, algo fundamental para darle acceso a los menores al derecho a la familia.
Tenemos que avanzar en la regulación de la violencia familiar, es un tema pendiente porque es el delito que más se comete en la CDMX, en este caso se debe hacer una revisión exhaustiva del tipo penal de violencia familiar porque a veces es fácil darle la vuelta. Hay reformas pendientes en el ámbito de la protección hacia las mujeres, por ejemplo, en la violación entre cónyuges es absurdo que se permita aún el otorgamiento del perdón al agresor. En una violación se involucra el uso de la fuerza físico-moral y evidentemente no se debe incluir un proceso de perdón. Se debe avanzar en la protección a los animales, a los seres sintientes como lo considera la Constitución de la CDMX; hay una serie de nuevas modalidades en la comisión de delitos a través de medios cibernéticos donde se incluye la revisión de legislación local y federal, en este caso, junto con el sector bancario de la Ciudad identificamos lagunas jurídicas que tratamos de afrontar con la Comisión de Fraudes Bancarios.
FJ: ¿Cuáles son los principales ejes de su proyecto como candidato a Alcalde de Álvaro Obregón?
ESP: Soy un apasionado del Derecho en sus diversas facetas, disfruto enormemente la enseñanza del Derecho en la Facultad de Derecho de la UNAM. Me apasiona la creación del Derecho desde el Congreso y su aplicación desde la administración pública. En esta nueva etapa pretendo implementar en nuestra alcaldía toda una serie de mecanismos, una cultura de la paz, de la legalidad, un fortalecimiento del Estado de Derecho. Mi lema de campaña es: “La creación de un gobierno comunitario”. Considero que gobierno y comunidad no son conceptos alejados. Un gobierno forma parte de la comunidad y la comunidad puede hacer gobierno. La mejor manera de evitar la violencia hacia las mujeres y familiar, de mejorar la seguridad ciudadana y una procuración e impartición de justicia es mejorando el entorno de nuestras comunidades.
La justicia empieza cuando las personas pueden salir a la calle con una sensación de seguridad, cuando se fomenta una cultura de paz y legalidad. El Derecho es un instrumento fundamental para dar orden y paz social. La aplicación del Derecho, de las normas es necesario para generar una sana convivencia. Cuando nosotros logramos que se respete la ley, cuando las personas no se apropien de la vía pública y no se permite el funcionamiento de antros clandestinos, cuando desde el gobierno se hace un ejercicio de hacer efectiva la ley, se transforma la vida de los ciudadanos, nos da paz y tranquilidad. Daré un impulso importante a la creación de una cultura de paz, crearé Centros de Conciliación y tendremos un Centro de Justicia Alternativa en Álvaro Obregón para que los conflictos vecinales se resuelvan a través del diálogo, de la concertación y que se puedan establecer mecanismos de amigable composición.
En estas condiciones, con la experiencia y el conocimiento preciso que tengo de la problemática de Álvaro Obregón y sobre todo con muchos aliados institucionales y personas en crear una mejor sociedad, estoy seguro que haremos de Álvaro Obregón un mejor lugar para vivir en los próximos años.
