Para fomentar la impartición de justicia alternativa y apresurar los procesos judiciales durante la pandemia, senadores de Morena presentarán una iniciativa para expedir la Ley General de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias.
La iniciativa busca brindar a las personas una opción para acercarse a la justicia, sin necesidad de acudir a tribunales jurisdiccionales y sin imponer las cargas propias de un proceso judicial.
Ricardo Monreal, coordinador de Morena, explicó que en México los mecanismos alternativos de solución de controversias fueron elevados a rango constitucional, mediante la modificación al artículo 17 de la Constitución, a fin de garantizar la posibilidad de impartir justicia alternativa imparcial, gratuita y expedita, más allá del modelo tradicional.
Dicha reforma constitucional también facultó al Congreso para expedir la ley secundaria correspondiente, precisó.
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Por ello, dijo, en cumplimiento de ese mandato es que se propone la expedición de la Ley General, a fin de regular las bases y principios del Sistema de Justicia Alternativa, que tendrá a su cargo la aplicación de los mecanismos alternativos de solución de controversias.
Por los efectos de salud pública que trajo la pandemia, Monreal precisa que la pertinencia de la justicia alternativa. La contingencia sanitaria afectó el ejercicio del derecho humano de acceso a la justicia, que tradicionalmente se lleva a cabo a través de los tribunales, señaló.
Por esa situación se rezagó la resolución de asuntos, sobre todo, en materia civil, familiar y mercantil, lo que dejo a cientos de personas en vilo frente a la urgente necesidad de solucionar sus diversos conflictos, puntualizó el senador.
El proyecto de Ley se conforma por cinco títulos y 70 artículos. Tienen como ejes fundamentales definir las bases, principios, procedimientos y reglas mínimas de operación de los mecanismos alternativos de solución de controversias y regular la actividad de las personas facilitadoras de estos procesos.
Asimismo, se pretende garantizar que todas las personas tengan la posibilidad de acceder a estos mecanismos, y que su utilización pueda darse tanto en el ámbito público como en el privado.
En el régimen transitorio se establece una serie de plazos para permitir que el Sistema de Justicia Alternativa comience a operar lo más pronto posible, tomando en cuenta la urgencia de resolver los conflictos que se generarán durante, y con posterioridad, a la pandemia provocada por el coronavirus, por el impacto negativo en la economía y en las relaciones sociales y familiares.
El proyecto de decreto lo suscriben Ricardo Monreal, Julio Menchaca Salazar y Rubén Rocha Moya, y respaldado por 45 integrantes de los Grupos Parlamentarios de Morena y dos del PES quienes afirman que la justicia alternativa, como método de solución pacífica de conflictos, es un elemento fundamental para el mantenimiento de una sociedad de paz, en beneficio del bien común.
