Después de lo ocurrido en Culiacán, ¿los narcos gobiernan y dominan el país?
Frente a la política de no reprimir a los inconformes, es un buen negocio cerrar calles, carreteras, organizar marchas y secuestrar autobuses.
Cada día que transcurre aumenta el temor en las oficinas del gobierno federal porque los empleados de confianza y los sindicalizados dicen que cada quincena están “con el Jesús en la boca” porque no saben si conservarán su empleo. En el medio empresarial se preparan para enfrentarse al terrorismo fiscal, mediante una lluvia de amparos. Las manifestaciones callejeras, el bloqueo de las vías de circulación y la instalación de campamentos en la vía pública no serán objeto de represión municipal, estatal o federal, según el caso.
A ese triste panorama que vivimos en todo el hermoso país (lamentablemente, clasificado entre los 20 países más peligrosos del mundo) se suma la reiterada posición del presidente Andrés Manuel López Obrador de no proceder contra las bandas o cárteles de narcotraficantes. Al inicio de su sexenio, del que apenas van diez meses y medio, manifestó que no habría más guerra contra los narcotraficantes, después declaró que no procedería como sus antecesores y afirmó que los narcos “también son pueblo y son humanos”.
Después de lo ocurrido en Culiacán, Sinaloa, está muy definida la posición presidencial y surgen las siguientes interrogantes: ¿fue acertado evitar la masacre de víctimas inocentes? ¿El Mayo Zambada planeó toda la violencia al saber que su ahijado Ovidio Guzmán López estaba detenido? ¿Los narcos dominan y gobiernan en el país? ¿Qué más sorpresas de esta naturaleza viviremos de aquí a octubre de 2024?
Los graves problemas nacionales se encuentran sin solución, además no hay anuncio de programa alguno para buscar las soluciones. Se impone el autoritarismo presidencial al ordenar el inicio de las obras del aeropuerto “internacional” en terrenos de lo que fue una Base Estratégica de Seguridad Nacional, la militar de Santa Lucía, en el Estado de México. El tabasqueño no interrumpe su campaña política, no cesa en culpar de nuestros males a las anteriores administraciones y elude su responsabilidad en muchos otros.
A nadie extraña que cuando cambia la administración sexenal en los gobiernos federal y estatales o en la trianual de los municipios, los titulares y sus principales colaboradores llegan con la escoba y barren con buenos, malos y feos. Los primeros en salir son los de las plazas más altas, desde segundos de abordo hasta directores de área. En algunos casos los empleados de confianza también se van, máxime si el jefe “pescó” nuevo cargo.
Pero, el “pero” que nunca falta, lo que se está viviendo en este año en Nacional Financiera, en Economía, en Gobernación, en las instituciones descentralizadas, no tiene antecedente. Tengo los datos concretos de lo que ocurre en una oficina federal, donde se despidió al personal experimentado, con más de veinte años de antigüedad, con expediente limpio, para dar acceso a personas que han pasado los meses sin “dar golpe” porque ni idea tienen de lo que deben de hacer y carecen de capacitación.
Tal parece que la orden es abrir el campo para todos los simpatizantes del lopezobradorismo, sin importar las consecuencias. La más grave es dejar a un jefe de familia sin empleo y sin posibilidades de conseguir otro. Lo preocupante es que ahora México cuenta con una burocracia compuesta por inútiles, chambistas partidarios de “ya saben quién”, que sigue en campaña y no actúa como Presidente de la República Mexicana.
Adicionalmente, frente a la política de no reprimir a los inconformes, de respetarles sus derechos constitucionales, de garantizar los derechos humanos, estamos viendo que es buen negocio cerrar las calles, las avenidas, las carreteras, así como organizar marchas por las principales vías de comunicación en las ciudades capitales, secuestrar autobuses de pasajeros, incluyendo a los respectivos choferes, así como suspender las clases en las escuelas primarias que controla la chantajista e insaciable Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, cuyos líderes seccionales tienen picaporte en Palacio Nacional.
“La fórmula está dada: presionar al gobierno garantiza obtener lo que se exige, para evitar más violencia.”
Estudiantes de diferentes planteles en el Estado de México, en Puebla y en Guerrero, en el curso de los últimos días encontraron el camino para obtener del gobierno federal hasta lo que no piden, como cuando en 1929 a los universitarios les concedieron la autonomía sin haberla incluido en su pliego de demandas. Los normalistas de Tenería, Estado de México, retuvieron, secuestraron, unidades de transporte y plantearon sus peticiones.
Como se estila en este gobierno, el asunto no fue a la SEP sino a Gobernación, accediendo a otorgarles noventa y tantas plazas laborales, aumento en la beca mensual de un mil a tres mil pesos, así como entregarles pasto sintético para su campo de fútbol. Tan pronto circuló la noticia, los estudiantes de Puebla procedieron a llevar autobuses a su escuela y en Guerrero sucedió lo mismo. La fórmula está dada: presionar al gobierno garantiza obtener lo que se exige, para evitar más violencia.
