El Programa Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres (PROIGUALDAD) 2020-2024 fue presentado por Inmujeres. Su objetivo es articular y vincular a las mujeres de todo el país con las dependencias y entidades del Gobierno de México y con los tres poderes y órdenes de gobierno para solucionar las demandas de las mujeres y que se garantice sus derechos, su bienestar y cierre las brechas de desigualdad.
Este programa tiene su base en reconocer que las desigualdades entre hombres y mujeres son producto de relaciones de poder marcadas histórica y culturalmente por la dominación masculina en todos los ámbitos de la vida social. Bajo este principio estructural, los distintos modelos de crecimiento económico y desarrollo nunca consideraron las problemáticas diferenciadas que afectan a niñas y mujeres, y reprodujeron condiciones de discriminación, indica Inmujeres.
Inmujeres reconoce que las condiciones de vida de las mujeres y niñas en México mantienen rezagos sustantivos en salud, educación, ingresos, seguridad, propiedad de la tierra y en general, al conjunto de derechos que implica el bienestar, lo cual hace insoslayable la integración de estos principios en las políticas públicas.
“Inmujeres reconoce que las condiciones de vida de las mujeres y niñas en México mantienen rezagos sustantivos en salud, educación, ingresos, seguridad, propiedad de la tierra y en general, al conjunto de derechos que implica el bienestar, lo cual hace insoslayable la integración de estos principios en las políticas públicas.”
Algunas tienen mayores restricciones derivadas de factores de exclusión, desventaja social o discriminación como edad, etnicidad, condición de discapacidad, lugar de residencia, pobreza, entre otros. Por lo que el Programa para la Igualdad incorpora, afirma el Instituto, los enfoques interseccional y multicultural.
PROIGUALDAD 2020-2024 se basa en seis objetivos que se traducen en 37 estrategias prioritarias y 267 acciones para promover y garantizar a las mujeres una vida libre de violencia, con un sistema que articule y brinde condiciones para cuidar y recibir cuidados, para tener tiempo propio, para desarrollarse en igualdad de oportunidades, plenamente en todos los aspectos de la vida. Garantizar, de esta manera, bienestar, igualdad y paz para todas y todos.
Objetivos
- Potenciar la autonomía económica de las mujeres para cerrar brechas históricas de desigualdad.
La ENOE (2018) muestra que la participación económica de las mujeres es de 43.7%, obteniendo en promedio ingresos inferiores a los hombres, el 53% cuenta con ingresos de hasta un salario mínimo, mientras que los hombres concentran el 70% con ingresos superiores a los cinco salarios mínimos. Se destaca que la mediana en el ingreso mensual real de las mujeres para 2018 fue de 3,557 pesos mientras que en el caso de los hombres fue de 4,446, una diferencia de 25% (Inegi, 2018).
Entre las acciones que se proponen está favorecer la inclusión de mujeres en la propiedad, uso y decisiones sobre la vivienda y bienes de producción, incluidos la tierra y recursos naturales, a fin de fortalecer su patrimonio. Y favorecer iniciativas emprendedoras y de autoempleo.
- Generar las condiciones para reconocer, reducir y redistribuir los trabajos domésticos y de cuidados de las personas entre las familias, el Estado, la comunidad y el sector privado.
La Encuesta Nacional sobre Uso de Tiempo (ENUT, 2014) muestra que mientras las mujeres dedican a las labores domésticas y de cuidados no remunerados 46.9 horas a la semana, en contraste, los hombres le dedican sólo 15.7 horas, es decir, la tercera parte. Lo que empeora cuando la mujer tiene una actividad remunerada.
Para ello, se buscará impulsar medidas que favorezcan la transformación de prácticas y normas socioculturales para promover la redistribución justa y equitativa de los trabajos de cuidados y del hogar. Asimismo, Impulsar el incremento de la participación del Estado y el sector privado en el cuidado de las personas para organizarlos de manera corresponsable y equitativa. Así como ampliar el acceso a servicios de cuidados para que sean adecuados, oportunos, de calidad y diseñados con perspectiva de género
- Mejorar las condiciones para que mujeres, niñas y adolescentes accedan al bienestar y la salud sin discriminación desde una perspectiva de derechos.
Con respecto a la salud sexual y reproductiva hay dos temas que requieren especial atención: la prevención del embarazo adolescente y la garantía de acceso a servicios públicos de aborto gratuito, legal y seguro. Para ello es necesario generar las condiciones necesarias para garantizar el ejercicio de los derechos sexuales y derechos reproductivos de las mujeres.
“Con respecto a la salud sexual y reproductiva hay dos temas que requieren especial atención: la prevención del embarazo adolescente y la garantía de acceso a servicios públicos de aborto gratuito, legal y seguro. Para ello es necesario generar las condiciones necesarias para garantizar el ejercicio de los derechos sexuales y derechos reproductivos de las mujeres.”
La acción será fortalecer el marco institucional de las instancias de bienestar y salud que brindan atención directa a la población a fin de garantizar que sus servicios sean accesibles, de calidad, con pertinencia cultural, respeto a la diversidad y a los derechos de las mujeres.
Además, Impulsar cambios culturales favorables a la autonomía, autocuidado y bienestar de las mujeres, adolescentes y niñas. Y fortalecer la accesibilidad, calidad y suficiencia de los servicios de salud a mujeres con mayores desventajas.
- Combatir los tipos y modalidades de violencia contra las mujeres, niñas y adolescentes, preservando su dignidad e integridad.
66.1% de las mujeres de 15 años y más han vivido al menos un incidente de violencia emocional, económica, física, sexual o discriminación a lo largo de su vida, en cualquier ámbito (ENDIREH, 2016).
En ese sentido, se debe impulsar la transformación de comportamientos y normas socioculturales para fomentar una cultura libre de violencia y discriminación contra las mujeres y las niñas, con perspectiva de género e interseccional, señala el Programa.
De igual manera, se deben mejorar los servicios y los mecanismos de protección que brinda el Estado a mujeres víctimas o en riesgo de violencia, además de reforzar las acciones del Estado en la atención, impartición de justicia y reparación de daños en los casos de violencia contra las mujeres y las niñas.
- Posicionar la participación igualitaria de las mujeres en la toma de decisiones en los ámbitos político, social, comunitario y privado.
En la medida en que las mujeres integren los espacios de decisión en paridad y además actúen desde una posición estratégica con efectiva vigencia de sus derechos humanos, se avanzará hacia la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres de manera más rápida, firme y sostenible.
En ese sentido, bucarán fortalecer el marco institucional y de política pública para favorecer la participación sustantiva e igualitaria de las mujeres y generar condiciones de participación política electoral, e impulsar el cambio cultural de la sociedad mexicana a favor del reconocimiento de las capacidades políticas y la autonomía de decisión de las mujeres.
- Construir entornos seguros y en paz para las mujeres, niñas y adolescentes.
Entre las acciones contempladas se incluye incorporar la perspectiva de género en el diseño, planeación y mejora de los espacios públicos para generar las condiciones que garanticen la seguridad, libertad, movilidad y disfrute de las mujeres y niñas en un medio ambiente sano.
Además de favorecer la atención integral, reparación del daño y acceso a la justicia a grupos específicos de mujeres que requieren medidas de protección especiales por alguna condición de riesgo, vulnerabilidad social o ambiental. Así como difundir conocimiento relacionado con las causas y los efectos de la violencia social para mejorar la seguridad ciudadana y ambiental con perspectiva de género.
