El Instituto Nacional Electoral interpuso una controversia en la que pide a la Suprema Corte de Justicia (SCJN) determinar si el recorte de 950 millones de pesos aprobado por la Cámara de Diputados fue legal o vulnera su autonomía.
“Lo que estamos pidiendo en nuestra controversia es que la Corte interprete normas constitucionales para que en futuros ejercicios presupuestarios se establezcan y se defiendan con claridad, cuáles son las reglas, cuáles son los procedimientos y cuáles son los límites que tiene la Cámara de Diputados para determinar eventuales ajustes a los presupuestos de los órganos constitucionales autónomos”, dijo.
LA controversia es parte de la estrategia del INE para recuperar al menos 619 millones de pesos y no poner en riesgo las elecciones de Aguascalientes, Baja California, Durango, Quintana Roo, Tamaulipas y Puebla.
Ante los indicios de la discordia con el Legislativo y Ejecutivo, Córdova enfatizó “nadie está peleando con nadie, estamos defendiendo y construyendo el orden constitucional democrático de derecho, a partir de naturales tensiones y diferencias que existen entre los órganos del Estado mexicano, pero no hay ninguna controversia política”.
Otras acciones del INE son negociar con las secretarias de Gobernación y Hacienda para conseguir la ampliación presupuestal.
