Tabla Resumen: Puntuaciones y Rankings
World Justice Project (WJP) presentó en días pasados la segunda edición de la medición más completa acerca de la situación de las 32 entidades federativas en materia de Estado de Derecho. El Índice de Estado de Derecho en México 2019-2020 fue presentado por Alejandro Ponce, Jefe de Investigación del WJP, y Layda Negrete, investigadora del WJP.
“México enfrenta grandes desafíos en materia institucional, especialmente a nivel estatal y municipal. Por consiguiente, es necesario avanzar alianzas y políticas públicas que fortalezcan las instituciones y garanticen el cumplimiento de la ley. Tal transformación requiere de la participación y compromiso de todos. El WJP busca contribuir a tal esfuerzo mediante la generación de información especializada, veraz y oportuna”, señaló Alejandro Ponce.
En su segunda edición, que clasifica a las 32 entidades del país, el Índice presenta puntajes para 42 indicadores de desempeño, agrupados en ocho factores, los cuales fueron calculados a partir de los resultados de una encuesta a 25,600 personas, de encuestas a más de 2,600 expertos en todo el país y de datos fiables de terceras fuentes. Los ocho factores representan manifestaciones clave del Estado de Derecho: (1) Límites al poder gubernamental, (2) Ausencia de corrupción, (3) Gobierno abierto, (4) Derechos fundamentales, (5) Orden y seguridad, (6) Cumplimiento regulatorio, (7) Justicia civil y (8) Justicia penal.
Al igual que en la edición anterior, ninguna entidad obtuvo un puntaje mayor a 0.50 en una escala de 0 a 1, donde 1 representa mayor adhesión al Estado de Derecho. Por segundo año consecutivo, Yucatán ocupa la primera posición en el informe, seguido de Aguascalientes y Zacatecas. En contraste, Guerrero, Puebla y Quintana Roo se encuentran en los últimos lugares de la clasificación. En la edición pasada, Guerrero también se ubicó al final del ranking.
“Los puntajes se calcularon con una metodología basada en una encuesta a 25,600 personas, encuestas a más de 2,600 expertos y datos de fuentes especializadas, como Inegi.”
Entre la edición de 2018 y la de 2019-2020, los puntajes del Índice de Estado de Derecho en México aumentaron en 15 estados (Aguascalientes, Baja California Sur, Chihuahua, Colima, Durango, Guanajuato, Guerrero, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas, Veracruz y Yucatán), descendieron en 11 (Baja California, Chiapas, Ciudad de México, Michoacán, Morelos, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Tabasco, Tlaxcala y Zacatecas) y permanecieron sin cambios en seis (Campeche, Coahuila, Estado de México, Hidalgo, Jalisco y Querétaro).
El resultado más preocupante del Índice de Estado de Derecho en México 2019-2020 es el retroceso en el factor 5, Orden y seguridad, en el cual 19 estados del país bajaron su puntaje, como consecuencia del aumento en la tasa de homicidios, del aumento en la prevalencia e incidencia delictivas y del deterioro de la percepción de seguridad de los mexicanos.
“Yucatán, Aguascalientes y Zacatecas encabezan la lista por segundo año consecutivo; Guerrero, Puebla y Quintana Roo, se encuentran al final de la clasificación.”
El Índice también revela algunos avances. La puntuación del factor 1, Límites al poder gubernamental, que mide si los contrapesos limitan el actuar de los gobiernos estatales, aumentó en 26 estados del país. Al igual que en la edición de 2018, el Índice de Estado de Derecho en México 2019-2020 confirma que los contrapesos más efectivos de los gobiernos estatales son la participación de la sociedad civil y la prensa.
Retos Principales en Materia de Estado de Derecho
El resultado más preocupante del Índice de Estado de Derecho en México 2019-2020 es el retroceso en el factor 5, Orden y seguridad, que bajó su puntaje en 19 estados del país (todos estadísticamente significativos),[1] como consecuencia del aumento en la tasa de homicidios (subfactor 5.1, que bajó en 13 estados), del aumento en la prevalencia e incidencia delictivas (subfactor 5.2, que bajó en 15 estados) y del deterioro de la percepción de seguridad de los mexicanos (subfactor 5.3, que bajó en 18 estados).
Los datos del Índice de Estado de Derecho en México 2019-2020 también evidencian retos persistentes en el factor 2, que mide ausencia de corrupción, definida como el uso del poder público para obtener un beneficio privado. En este rubro, los puntajes más bajos se registran en el subfactor 2.4, que mide las percepciones de corrupción en los congresos locales.
Otro aspecto que requiere especial atención es el factor 7, Justicia civil, que mide si las personas pueden acceder a mecanismos pacíficos y efectivos para resolver sus controversias a través del sistema de justicia civil. En la mayoría de los estados, los sub-factores que tienen los puntajes más bajos de esta dimensión son los relacionados con el acceso a la justicia y la eficiencia de los procesos al transitar el sistema de justicia civil.
La mayoría de los estados también enfrentan grandes desafíos en el factor 8, que evalúa la efectividad y la calidad del sistema de justicia penal, especialmente en el subfactor 8.1, que mide la efectividad de las investigaciones por parte de la policía y de los ministerios públicos. Este fue el subfactor peor evaluado de los ocho que conforman el Factor 8 en todos los estados del país. Esto se debe en gran medida a la cifra negra, que son los delitos que no se denuncian, los cuales fueron estimados por el Inegi en 93.2% en el país, según su Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (Envipe) 2019.
Fortaleza y Avances del Estado de Derecho en México
A pesar de lo anterior, el Índice también muestra algunos avances. La puntuación del Factor 1, Límites al poder gubernamental, que mide si los contrapesos limitan el actuar de los gobiernos estatales, aumentó en 26 estados del país (nueve de ellos estadísticamente significativos).
El incremento en los puntajes del Factor 1 fue ocasionado por cambios en las percepciones ciudadanas sobre la efectividad de los sistemas estatales para sancionar a funcionarios públicos que abusan de sus funciones (subfactor 1.4, que subió en 30 entidades) y por cambios en las percepciones acerca de la libertad y transparencia en los procesos electorales (subfactor 1.6, que subió en 24 entidades). Al igual que en la edición de 2018, el Índice de Estado de Derecho en México 2019-2020 confirma que los contrapesos más efectivos de los ejecutivos estatales son la sociedad civil y la prensa (subfactor 1.5).
[1] Yucatán, Coahuila, Chiapas, Hidalgo, Querétaro, Tlaxcala, San Luis Potosí, Sinaloa, Tamaulipas, Zacatecas, Puebla, Quintana Roo, Jalisco, Tabasco, Sonora, Guanajuato, Ciudad de México, Baja California y Morelos.
